El nudo gordiano de Guantánamo

El futuro de Guantánamo, una de las losas morales más graves que pesa sobre el mandato del presidente George W. Bush, está lleno de incertidumbres. Barack Obama prometió que lo cerraría durante la campaña y ha reiterado este compromiso después de ser elegido. Pero no es tan fácil. El centro de detenidos de la base militar estadounidense en Cuba, que lleva siete años funcionando, que alberga aún a unos 250 presos sospechosos de terrorismo ?con mayor, menor o nulo fundamento? y sobre el cual se ha desarrollado un complicado sistema propio de justicia excepcional, plantea a estas alturas un sinfín de problemas.

¿Dónde y bajo qué leyes serán procesados los que están a la espera de juicio? ¿Se anulará el sistema de comisiones militares creado por Bush? ¿Qué derechos tendrán? ¿A qué cárcel se llevará a los que sean condenados? Y, sobre todo, ¿A qué país serán trasladados aquéllos que sean liberados por falta de pruebas o porque ya han cumplido su pena, como ocurrirá en enero con el chófer de Osama Bin Laden? ¿Podrán quedarse en EE UU si sus países no los reciben o si no hay garantías de que estarán seguros en sus respectivos Estados? El presidente electo tendrá que resolver una difícil y enmarañada situación jurídica antes de echar el cerrojo definitivo a la prisión. Aún no ha hablado de detalles concretos. Es uno de los temas más espinosos en los que está trabajando el equipo de transición.

EE UU no admite a los presos dentro de sus fronteras, pero no sabe adónde enviarlos

Mientras tanto, los jueces siguen actuando ante los casos individuales que se les presentan. El poder judicial ha sido el único contrapeso durante estos años a la política antiterrorista del Ejecutivo en Guantánamo, y ha puesto límites que empiezan a concretarse en resoluciones. Los presos comenzaron este verano a exigir ante tribunales federales ordinarios su derecho de hábeas corpus ?la capacidad para exigir información sobre los cargos que se les imputan y pedir la liberación? después de que el Tribunal Supremo reconociera el pasado junio que, frente a las pretensiones del Gobierno, los detenidos sí tenían derechos constitucionales.

Hay más de 200 peticiones pendientes de resolver, de presos que cuestionan judicialmente su consideración como ?combatientes enemigos ilegales?, una expresión poco precisa jurídicamente que ha permitido al Gobierno encerrar sin cargos concretos, por razones de seguridad nacional, a centenares de personas durante estos años. El juez federal Richard J. Leon ?un conservador nombrado por George W. Bush? resolvió el jueves por primera vez uno de estos casos y concedió el hábeas corpus, por falta de pruebas, a cinco argelinos detenidos en Guantánamo desde enero de 2002.

No sólo eso. El Gobierno podría apelar la decisión, lo que supondría un par de años más de espera para los detenidos antes de ser liberados. Así que el juez Leon ha pedido al Departamento de Justicia que no recurra. ?Siete años esperando que nuestro sistema jurídico dé una respuesta a su situación legal son suficientes?, han sido las palabras del magistrado. El término utilizado fue enough, que puede traducirse como ?suficiente? pero también como el mucho más rotundo ?basta?.

Leon se ocupaba del caso de seis argelinos capturados en Bosnia a los que se acusaba de tener la intención de viajar a Afganistán para combatir al Ejército norteamericano. Sólo en uno de los casos el juez ha considerado que había pruebas en su contra. Para los otros cinco ha pedido la liberación. Aunque sin resolver uno de los grandes problemas. Liberación ¿a dónde? Uno de los abogados ha declarado a The New York Times que esperaba que los enviaran a Bosnia, donde fueron capturados.

El problema del destino aparece una y otra vez. El Gobierno no quiere admitirlos dentro de sus fronteras pero no siempre sabe dónde enviarlos. El mes pasado otro juez federal ordenó que fueran liberados dentro de EE UU 17 presos uigures ?un grupo de musulmanes de China?. En este caso, el propio Ejecutivo admite que no son ?combatientes enemigos ilegales?, pero dice que son demasiado peligrosos como para dejarlos en el país. Dice que en China podrían ser torturados, así que prefiere dejarlos en el limbo por el momento. Justicia está apelando esta resolución a pesar de que el juez ha dicho que estas detenciones han desafiado, ?hasta el infinito?, los límites de la Constitución.

El fiscal general, Michael Mukasey, alertaba ayer en The Wall Street Journal sobre los potenciales peligros para la seguridad nacional de liberar a los centenares de presos de la base dentro del país y pedía una legislación de urgencia, con el consenso del equipo del presidente Bush y el del electo Obama. Tanto los críticos como los defensores, todos reconocen que en Guantánamo hay un lío monumental que va a ser difícil, aunque necesario, enfrentar de inmediato.