La 'narconómina' de Monterrey

Corromper a un policía en México cuesta, por lo menos, unos 400 euros al mes. El narcotráfico repartía sobornos entre los mandos policiales que oscilaban entre 400 y 1.000 euros mensuales. Los detalles de los pagos se difundieron tras un operativo realizado por el Ejército mexicano en Monterrey (a unos 700 kilómetros al norte de la capital del país), donde se decomisaron el equivalente a unos 3,6 millones de euros, repartidos entre dólares y pesos mexicanos. Los militares también se incautaron de una cantidad de sobres con los que se repartiría el dinero entre la policía.

La cantidad de dinero incautada no es la mayor que se ha decomisado en los últimos meses. En 2008 fueron confiscados unos 26 millones de dólares en efectivo al narcotraficante Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes del cartel de Sinaloa. Lo notorio es la narconómina que la operación dejó expuesta. Los sobres confiscados estaban etiquetados con los nombres de los funcionarios que recibirían el dinero de los narcotraficantes.

En el operativo, las autoridades arrestaron a Carlos Mario Martínez Hanss, Gabriel Arturo López Puga, Jorge Luis López Priego y Óscar León Pérez. Los detenidos custodiaban el dinero, que se cree pertenecía a la banda de Los Zetas, el brazo armado del cartel del Golfo.

El dinero confiscado es mucho como para estar destinado a una sola nómina de corrupción, señalaron a EL PAÍS los especialistas consultados, que pidieron el anonimato. "Es cosa del ayer eso de que corrompían a los jefes policiacos con pagos mensuales de 70.000 pesos mexicanos unos 3.500 euros]", señaló uno de los entrevistados. Según explicaron, se paga a los policías un sueldo periódico o bien "por evento".

El mecanismo funciona así: un miembro de la policía se encarga de reclutar, instruir y pagar a los demás; al principio se les paga más, y conforme pasa el tiempo y avanzan los "encargos", reciben menos dinero; como "ya están dentro" del círculo de corrupción, ya no pueden negarse a cumplir las órdenes de los narcotraficantes.

Entre sus "obligaciones", los policías corruptos abren pista, es decir, facilitan el trasiego de embarques de estupefacientes o despejan el camino para que nadie se interponga cuando los criminales van a secuestrar o a matar a una persona.

Desde la llegada a la presidencia de Felipe Calderón en diciembre de 2006, las detenciones de equipos enteros de policías se han vuelto rutinarias. En junio pasado, el Ejército mexicano detuvo a 98 policías en Pachuca (a 100 kilómetros al noreste de la Ciudad de México); el 14 de este mes detuvieron a otros 23. En ambos casos se trataba de policías municipales y estatales. ¿La acusación? Pertenecer a la nómina de Los Zetas. Uno de los detenidos era el segundo al mando de la policía estatal.

Aquí nadie se sorprende con la confesión del pasado viernes de un jefe máximo del Gobierno para la seguridad, Jorge Tello Peón, ex coordinador nacional de inteligencia y hoy secretario del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ante la meta que el Gobierno se ha impuesto de evaluar el comportamiento de los 400.000 policías del país en cuatro años, Tello reconoció que las autoridades no tienen "los recursos para hacer eso. No hay quien lo mida. No hay capacidad física para hacer esa evaluación". El rastro de la corrupción es difícil de seguir en el laberinto policial en México, donde existen más de 1.600 cuerpos policiales repartidos entre municipales, estatales y federales, listos para ser abordados por los criminales con la oferta de plata o plomo.