El ingeniero que apostó por la soja

Le llaman el Rey de la soja, no tanto porque sea uno de los mayores terratenientes de Argentina, sino porque es uno de los mayores impulsores de los llamados "pool de siembra", el alquiler de decenas de miles de hectáreas (él reconoce que controla unas 250.000, pero algunas fuentes duplican esa cifra), para sembrarlas con soja transgénica que después se venderá a China para el engorde de su ganado. Para unos, este ingeniero agrónomo, pelirrojo y de imagen informal, descendiente de inmigrantes de la antigua Besarabia rusa (hoy Moldavia y Ucrania), es un ejemplo del nuevo empresario agrícola argentino. Para muchos ecologistas, Gustavo Grobocopatel es el representante de conglomerados financiero-agrícolas que están convirtiendo Argentina en un monocultivo y favoreciendo la concentración de la propiedad de la tierra. Es verdad que el Gobierno reconoce que más del 50% de la superficie cultivable de Argentina está sembrada con soja transgénica: cerca de 20 millones de hectáreas convertidas en un auténtico e interminable océano verde que ha cambiado el campo argentino, tradicionalmente dedicado al pasto y al trigo. También lo es que esa transformación ha permitido que los agricultores dispongan de un chorro de dinero fresco, en dólares, y que el Estado recaude impuestos. "No es verdad que se empobrezca la tierra. Las semillas de soja transgénica se siembran sin arar, sobre los restos de la cosecha anterior", explicaba recientemente Grobocopatel, de 48 años, "Y si lo que se quiere es que haya más trigo, girasol u otros cultivos, lo que hace falta no es atacar a la soja, sino promover políticas que hagan interesante que esos otros cultivos se desarrollen también". Grobo, como se le conoce en todo el país, procede de los llamados judíos gauchos, unos cuantos miles de inmigrantes judíos de la Europa oriental, que se instalaron a finales del XIX en regiones fértiles de Argentina, financiados por el banquero y filántropo judeo-alemán Mauricio de Hirsch, para que crearan colonias agrícolas. Entre Ríos, Santa Fe (donde se fundó una Ciudad de Moisés) y la enorme provincia de Buenos Aires fueron los lugares elegidos para estas cooperativas, de las que fueron naciendo colegios, hospitales, teatros y centros culturales. El abuelo de Gustavo llegó en 1910 con sólo nueve años y se instaló en Carlos Casares, un pequeño pueblo de Buenos Aires que ahora tiene 20.000 habitantes. Allí fue donde unos de sus hijos crearon una empresa familiar, Los Grobo Agropecuaria, la misma que ahora Gustavo ha transformado en una empresa globalizada y peculiar: no tiene tierras (asegura que "sólo" es dueño de unas 12.500 hectáreas), no tiene herramientas ni maquinaria, no tiene casi empleados. "Lo único que tengo es capacidad de gerencia", asegura. El resto, lo arrienda y terciariza. Gustavo Grobocopatel cultiva una imagen informal y cercana. Prefiere que se le vea pegado a un ordenador y a una avioneta que en un despacho. De hecho, le encantan unas fotos que se publicaron recientemente, sentado junto a su mujer, también ingeniero agrónomo, en el suelo de un pequeño aeropuerto del interior, revisando y enviando correos electrónicos, a la espera de la avioneta que le transporte a cualquier otro lugar de Argentina, Paraguay, Uruguay o Brasil, en los que mantiene negocio. Bajo su dirección, Los Grobo han sido capaces, incluso, de vender consultoría agrícola a la Venezuela de Hugo Chávez. La guinda de esa imagen de informalidad es verle cantando como miembro del trío folclórico Cruz del Sur. "Ojo, cobramos por cantar , ¿eh?", se empeña en matizar. El Rey de la soja forma parte del 20% de productores de soja que controla el 80% de los cultivos. El resto (pequeños y medianos agricultores), los que representan mejor el campo argentino, solo producen una quinta parte de la soja. Todos ellos, sin embargo, protagonizaron el mayor conflicto con el que ha tenido que enfrentarse el gobierno de Cristina Fernández, un "cierre empresarial", con cortes de carreteras, que en 2008, casi dejó desabastecido a Buenos Aires capital. La batalla por la subida de los impuestos a la exportación de soja y girasol (del 35% a más del 40%) terminó en una sonora derrota del Gobierno.