El ex presidente argentino Fernando de la Rúa será juzgado por malversación

El ex presidente argentino Fernando de la Rúa ((1999-2001) será sometido a un juicio oral y público por la presunta contratación irregular de un jardinero cuando era alcalde de la ciudad de Buenos Aires a través del disuelto Concejo Deliberante. Es lo que se desprende de la resolución del juez de instrucción Alberto Baños, que ha elevado al Tribunal Oral de lo Criminal número 16 el expediente del proceso contra el ex presidente por presunta "malversación de caudales públicos". De la Rúa puede enfrentarse a penas que llegan a los 10 años de prisión, según la legislación argentina.

Al ex jefe de Estado, que renunció al poder en plena crisis política y económica de Argentina, se le acusa de usar como jardinero de su chalé de fin de semana a un empleado del Concejo Deliberante (poder legislativo) de la ciudad de Buenos Aires. La denuncia contra De la Rúa fue interpuesta ante los tribunales en 1996, cuando el ex líder de la Unión Cívica Radical era alcalde de Buenos Aires. Según la fiscal Mónica Cuñarro, De la Rúa pidió al entonces jefe del grupo radical en el Concejo Deliberante, Humberto Bonanata, que "nombrara a diversas personas que cumplirían tareas de mantenimiento en su quinta de fin de semana en Villa Rosa 45 kilómetros al norte de Buenos Aires] o trabajarían como asistentes personales en su domicilio de Barrio Norte".

De esta forma, el Concejo designó como empleados al jardinero José Benito Pazó y al periodista Damián Sánchez Rival, que presuntamente iba todas las mañanas al domicilio del entonces alcalde para organizar su agenda con los medios. Bonanata, Pazó y Sánchez Rival también están procesados.

De la Rúa puede llegar a tener que pasar 10 años en prisión por el delito que se le imputa, aunque el juicio comenzará a principios de 2008.

El ex presidente no es el único acusado. Otras 30 personas serán juzgadas en el llamado caso de los ñoquis del Concejo Deliberante. En Argentina se apodan ñoquis a los funcionarios que sólo aparecen en las oficinas públicas para cobrar el sueldo a fin de mes, justo cuando es costumbre local comer ese tipo de pasta. El caso de los ñoquis involucra a radicales, peronistas y liberales. El Concejo Deliberante, que perdió toda credibilidad, fue reemplazado en 1997 por la nueva legislatura. El fraude contra la ciudad de Buenos Aires alcanzó los seis millones de dólares, según la fiscalía.

Otras cinco causas también acechan a De la Rúa, que denuncia una "persecución judicial" en su contra desde que en 2003 accedió a la presidencia el peronista Néstor Kirchner. Ni siquiera el ex jefe de Estado Carlos Menem (1989-1999), peronista rival de Kirchner, está tan implicado en múltiples investigaciones de corrupción sobre su Gobierno, pese a que estuvo bajo arresto domiciliario preventivo en el Gobierno de De la Rúa por presunto contrabando de armas.

El ex presidente radical está procesado por fraude al Estado en el megacanje de la deuda argentina en 2001. Además, está siendo investigado por presuntos sobornos a senadores para aprobar una reforma laboral; por un pago supuestamente ilegal al grupo de la familia Macri, ex concesionario del Correo Argentino; por la negociación presuntamente irregular de la concesión de una autopista cuando era alcalde, y por la represión violenta de varias manifestaciones en los últimos días de su Gobierno que causó muertos y heridos.

En cuanto al caso de los ñoquis, la fiscalía relata un modo particular de operar de concejales de diversos partidos: "Relevaban a indigentes, les ofrecían planes de alfabetización o de vacunación, o darles empleo, y obtenían copias de sus DNI. Con éstos se conformaban falsos legajos de personal en el Concejo y luego se acordaba que el secretario del concejal fuera a cobrar por todos, repartiendo los dineros obtenidos ilegalmente".

"El sistema por el que se desguazó al erario mediante múltiples maniobras delictivas por parte de funcionarios públicos fue llevado a cabo por referentes políticos que aparentaban electoralmente responder a diversas líneas, pero que para apropiarse de los fondos de los contribuyentes tenían una única identidad ideológica", asegura la fiscal.