La detención del prefecto de Pando pone en peligro el diálogo en Bolivia

La detención del prefecto (gobernador) de Pando, Leopoldo Fernández, por efectivos militares ayer en Cobija ha puesto en grave riesgo la firma de un acuerdo entre el Gobierno boliviano y Mario Cossío, en representación del opositor Consejo Nacional Democrático (Conalde), que permita pacificar Bolivia. "El diálogo no ha muerto pero agoniza", dijo Cossío al llegar ayer desde La Paz a la ciudad de Santa Cruz para reunirse con el presidente del Conalde, Rubén Costas.

Sin embargo, en La Paz, el vicepresidente, Álvaro García Linera, informó de que el Gobierno, representado por dos viceministros, ha suscrito ya el documento de bases para comenzar el diálogo hoy en Cochabamba, e invitó a suscribirlo a los prefectos de Tarija, Santa Cruz y Beni. A todos les instó a responder a las demandas de sus departamentos, "que pueden solucionarse en los próximos días".

Fernández fue detenido ayer, después de que la fiscalía le responsabilizara de la muerte de entre 15 y 30 personas durante los recientes enfrentamientos con los seguidores del presidente, Evo Morales. Fernández está acusado de "genocidio", por lo que el fiscal pide que sea condenado a 30 años de cárcel como responsable e instigador de los choques armados.

Tras su detención, Fernández fue trasladado desde La Paz a otro lugar no conocido, ya que una enardecida turba le esperaba en el aeropuerto de La Paz para hacer "justicia por sus propias manos", según el dirigente alteño Roberto de la Cruz.

El Comando de Emergencia en Pando ordenó una operación militar de 300 efectivos para tomar el control de la plaza de armas de Cobija y ocupar el edificio de la prefectura, donde se encontraba Fernández, que no opuso resistencia a su captura.

"Esta detención es en el marco del estado de sitio, es legal y constitucional y nadie puede oponerse, más cuando se trata de respetar la vida", afirmó el presidente Morales durante la conferencia de prensa convocada en la Casa de Gobierno para informar del respaldo conseguido en la reunión de Unasur en Santiago de Chile.

"Fue una detención en términos cordiales", dijo por su parte el ministro de Defensa, Walker San Miguel.

El fiscal general, Mario Uribe, ha abierto un proceso penal contra Fernández y otros funcionarios regionales a los que acusa de genocidio en la forma de masacre sangrienta. Al mismo tiempo, envió a Cobija un equipo de 30 personas ?forenses y expertos en balística y laboratorio? para efectuar una investigación detallada y hallar evidencias contra los inculpados.

El ministro del Interior, Alfredo Rada, presentó a los medios un informe preliminar en el que se mencionan 15 muertos ?ya identificados?, 37 heridos y 106 ciudadanos desaparecidos en la región de Porvenir, en el amazónico departamento de Pando. Confirmó también la detención y confinamiento de una decena de personas vinculadas a la incautación militar de armamento en Cobija.

En su informe, subraya como faltas graves de Fernández el hecho de que no ordenase un auto de buen gobierno para controlar la violencia y que hubiera abandonado a su suerte a los campesinos heridos y perseguidos que se adentraron en el monte para salvar la vida, ya que "lo grave fue que estos sicarios mantuvieron el control de la zona por unas 20 horas".

Una columna de campesinos y colonos se dirigía, la madrugada del pasado jueves, a la localidad de Filadelfia para participar en una reunión de su sindicato cuando fue interceptada por hombres armados que dispararon y abatieron a varios de ellos mientras cruzaban un puente sobre el río Tahuamanu y a otros que intentaban salir del agua, según el testimonio de supervivientes.