La crisis de los rumanos divide a Italia

La crisis de los rumanos empieza a convertirse en una crisis política. El proyecto de expulsión patrocinado por Romano Prodi divide a su propio Gobierno, fortalece los argumentos de la derecha, suscita reparos entre los constitucionalistas y adquiere, con los días, matices racistas. En el punto de mira están los rom, los gitanos procedentes de Rumania, acusados de protagonizar la mayoría de los delitos en las ciudades italianas. El primer ministro rumano, Calin Tariceanu, viaja hoy a Roma para buscar soluciones al problema.

Romano Prodi y su ministro del Interior, Giuliano Amato, se reunieron ayer para hablar de la crisis y para intentar calmar los ánimos. Amato anunció después que, en ningún caso, el decreto implicaría expulsiones masivas. "Las autoridades rumanas ya se han comprometido a retener a las personas que expulsemos", señaló. También condenó la "fantasía enferma" de quienes, como los dirigentes de la derecha, reclamaban la expulsión de cientos de miles de rumanos, y condenó el "tono xenófobo" y los "ribetes racistas" de los líderes de la oposición.

Prodi se vio obligado a pergeñar con urgencia un decreto para ampliar a los ciudadanos comunitarios los supuestos que, hasta ahora, permitían expulsar a los extracomunitarios, y para conceder plenos poderes a la policía. Walter Veltroni, alcalde de Roma y, como secretario general del nuevo Partido Democrático, líder oficioso del centro-izquierda, reclamó a Prodi medidas inmediatas contra los inmigrantes que se aglomeraban en asentamientos de chabolas. Estas zonas, pobladas mayoritariamente por gitanos de Rumania, son vistos como una amenaza. Veltroni hizo declaraciones duras: "El 75% de las detenciones afectan a los rumanos", dijo. "No son inmigrantes que vienen a buscarse la vida, tienen como característica la criminalidad".

La derecha ha asumido un debate que le beneficia y tanto Silvio Berlusconi como Gianfranco Fini azuzan con argumentos populistas y exigen expulsiones masivas. No votarán a favor del decreto en el Parlamento, dicen, si no incluye la posibilidad de expulsar a los extranjeros sin empleo y un mecanismo de expulsión inmediato, es decir, el traslado policial hasta el país de origen en 24 horas. En su actual redacción, el decreto prevé la expulsión de ciudadanos comunitarios "por motivos imperativos de seguridad pública" o por "incompatibilidad con la ordinaria convivencia", lo que concede un amplio poder discrecional a los prefectos de policía, ya que no se requiere que los ciudadanos hayan cometido delitos.

Rechazo comunista

El flanco izquierdo del Gobierno, encabezado por Refundación Comunista, rechaza frontalmente el decreto y exige cambios muy distintos de los planteados por la oposición conservadora. Los comunistas quieren que las expulsiones se limiten a quienes cometan delitos graves o actos de terrorismo y que cada procedimiento de expulsión sea convalidado por la justicia ordinaria. Tal como están las cosas, Prodi y su decreto se encuentran en minoría.

El conflictivo decreto se enfrentará hoy a la primera prueba parlamentaria, en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Varios constitucionalistas han señalado que los supuestos de expulsión, demasiado genéricos, podrían violar el artículo 13 de la Constitución italiana, referente a las libertades personales. Si la Comisión da el visto bueno al decreto, el mayor peligro para Prodi llegará cuando, en los próximos días, la oposición presente sus enmiendas.