La condena del general Bignone cierra otra página de la infamia argentina

El general Reynaldo Benito Bignone fue el último presidente de la dictadura militar argentina, pero antes de que sus conmilitones le cedieran ese incierto honor, hizo méritos más que sobrados para pasar a la historia de la infamia: fue el responsable de uno de los más crueles chupaderos del Ejército argentino, el centro clandestino de detención de Campo de Mayo, actuación que le valió el pasado martes una condena a 25 años de prisión, que deberá cumplir en una cárcel común.

Bignone es una de las 68 personas, en su mayoría militares y policías, que han sido condenados en Argentina por secuestros y torturas cometidos durante la dictadura militar (1976-1983) y en virtud de las leyes que derogaron la detestada norma de la Obediencia Debida.

Los cientos de personas que atestaban el Tribunal Oral Federal de San Martín para escuchar la sentencia lanzaron vítores y exhibieron fotos de familiares desaparecidos. Agradecieron el hecho de que los tres jueces revocaran la prisión domiciliaria de Bignone y ordenaran su inmediato traslado a una cárcel. Algunas pancartas mostraban a jóvenes casi adolescentes, cuyos cuerpos nunca aparecieron o fueron encontrados, arrojados al Río de la Plata y torturados. El juicio trataba de 59 casos, pero se estima que por Campo de Mayo pasaron hasta 5.000 detenidos clandestinos.

El general, elegantemente vestido con chaqueta de tweed, pantalón claro y un gran sello de oro en la mano izquierda, esperó la lectura de la sentencia en una salita separada, junto con otros cinco militares condenados, tomando unos mates, y muy tranquilo.

Tiene 82 años y sigue siendo arrogante y soberbio. En su alegato final dejó claro que no se arrepiente: incluso aceptó que "podría haber unos 8.000 desaparecidos" (en lugar de los 30.000 acreditados por organizaciones de derechos humanos), algo perfectamente justificado, según él, en una "guerra" como la que protagonizaron. Para el impávido general, eran enemigos "ni demasiado jóvenes ni demasiado idealistas".

A su lado, el general Fernando Verplaetsen, ex jefe de inteligencia de Campo de Mayo, condenado en otro caso por haber mandado torturar al hijo de un militante comunista, un infortunado muchacho de 13 años llamado Floreal Avellaneda, cuyo cuerpo apareció en una playa uruguaya. Cuando abandonaron su salita, camino de la prisión en la que, de momento, cumplirán su condena, los dos militares fueron cubiertos con escudos de la policía, protegidos de los posibles escupitajos que lanzaban familiares de sus víctimas.

Los más altos jefes militares, como el general Videla o el almirante Massera, fueron juzgados y condenados inmediatamente después de la llegada del radical Raúl Alfonsín a la presidencia de Argentina, en 1983. Fue entonces cuando se impulsó la principal investigación sobre lo ocurrido, el llamado Informe Nunca Mas, de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Sin embargo, la posterior Ley de Obediencia Debida o de Punto de Final, de 1987, dejó fuera de la cárcel a centenares de torturadores y asesinos. En 2003 se anuló la ley y se reabrieron los procesos.

Según datos del Centro de Estudios Legales y Sociales, cerca de 1.500 personas (miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, pero también civiles, entre ellos jueces) han sido investigadas por delitos de lesa humanidad. De ellas, 650 han sido ya procesadas y están a la espera de juicio (421 permanecen detenidas de manera preventiva y 228 están en libertad). Unos 230 imputados fallecieron mientras eran investigados y 40 son prófugos, buscados por la policía argentina e Interpol.

Entre los juicios pendientes más conocidos está la llamada causa ESMA, la terrible Escuela de Mecánica de la Armada, con 19 imputados; el del Primer Cuerpo del Ejército, que corresponde a crímenes cometidos en 60 centros de detención clandestina, y la relacionada con el llamado Plan Cóndor, que coordinó acciones represivas de las fuerzas armadas de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, entre otras. Personalidades relacionadas con la defensa de los derechos humanos han protestado por la lentitud con que se desarrollan los procesos, pero los jueces alegan que no disponen de medios para llevarlos a cabo con más rapidez.