El 'caso Rosenberg' abre nuevas líneas de investigación

Los guatemaltecos asisten estupefactos al giro dado en el asesinato de Rodrigo Rosenberg, un prestigioso abogado cuya muerte, en mayo de 2009, desató una de las peores crisis políticas en el país centroamericano. Antes de caer tiroteado, Rosenberg había grabado un vídeo en el que culpaba de su asesinato al presidente, Álvaro Colom, y a su entorno más cercano. Pues bien, la investigación ha concluido que la víctima planificó su propia muerte para vengarse del círculo presidencial, que, según él, tramó el asesinato, un mes antes, de dos amigos muy cercanos -el empresario Khalil Musa y su hija Marjorie- para tapar un escándalo de corrupción.

Si ésta hubiera sido la conclusión de la policía guatemalteca, el escándalo habría sido mayúsculo. Pero quien ha dirigido la investigación es la comisión internacional auspiciada por la ONU para combatir la impunidad en Guatemala (CICIG), que encabeza el fiscal español Carlos Castresana. Y la solidez del trabajo, fundamentado en abundantes peritajes, no deja lugar a dudas.

Políticos, prensa y analistas han alabado el informe de Castresana

Así lo han reconocido representantes políticos, analistas y organizaciones sociales, que han alabado sin ambages el trabajo de la comisión. Pero, como señalaba ayer el editorial del diario Prensa Libre, "el reto ahora es lograr que la población perciba como verdadera esta historia". El escepticismo, palpable en los foros de Internet y en los comentarios del público en los medios de comunicación, es inevitable en un país habituado a la manipulación sistemática de los grandes casos judiciales y a la impunidad. El propio Castresana recordaba el martes que el 96,5% de las muertes violentas registradas en Guatemala en 2009 quedaron sin resolver.

El desencadenante que llevó a Rosenberg a zambullirse en esa trama desesperada es el asesinato, en abril de 2009, de dos clientes y amigos: el empresario textil Musa y su hija Marjorie, con la que mantenía una relación. El abogado estaba convencido de que ambos fueron víctimas de una trama de corrupción en Banrural, un banco de capital mixto que canaliza cuantiosos recursos del Estado. En el vídeo que dejó grabado, Rosenberg asegura que el banco financiaba "proyectos fantasma" de la esposa del presidente Colom, Sandra Torres (que controla los programas de ayudas sociales del Gobierno) y lavaba dinero de un constructor cercano al presidente.

Convencido de que el crimen de los Musa quedaría en la impunidad, y sumido en una depresión, Rosenberg decidió una suerte de inmolación que preparó en 20 días. Para ello hizo creer a sus allegados que estaba siendo víctima de un extorsionador que le amenazaba de muerte, y pidió a dos amigos íntimos (los empresarios Francisco y Estuardo Valdés) que le ayudaran a librarse de él. A través de sus guardaespaldas, los Valdés le ponen en contacto con un grupo de sicarios. Al mismo tiempo, Rosenberg compra dos teléfonos móviles de tarjeta. Con uno se envía falsas amenazas. El otro lo envía a los sicarios, y ahí les hace llegar las instrucciones para matar al supuesto extorsionador: es decir, él mismo. Así es como el domingo 10 de mayo, sale a montar en bicicleta y espera sentado, oyendo música con sus audífonos, la llegada de sus propios asesinos, que le descerrajan cinco tiros.

Los autores materiales están detenidos. Y los hermanos Valdés, que no estaban al corriente de las intenciones de su amigo y que se encuentran prófugos, enfrentan la acusación de contribuir al asesinato de "alguien". "Posiblemente accedieron a ayudar a Rosenberg de manera altruista, y si eso es una circunstancia atenuante, deberá decidirlo el tribunal", dijo Castresana.

El presidente Colom se ha felicitado por el desenlace de estos "ocho meses de infamia". El caso Rosenberg, sin embargo, no está cerrado. Las voces se alzan ahora para pedir el esclarecimiento del asesinato de los Musa y las denuncias de corrupción que hizo el abogado. Castresana anunció que están manos a la obra y pidió paciencia.

Entre las líneas de investigación adelantadas por el jefe de la CICIG figuran una serie de licitaciones y el caso de Banrural (donde se han detectado irregularidades tanto en fondos destinados al sector cafetalero como a programas sociales del Gobierno).

El Ejecutivo tampoco sale bien parado. Castresana explicó el martes que el entonces ministro de Gobernación (Interior), Salvador Gándara, intentó desviar la investigación para implicar en el asesinato de Rosenberg al opositor Partido Patriota y a su dirigente, Otto Pérez Molina. Para ello no dudó en usar recursos del Estado, como un helicóptero presidencial para llevar a los investigadores hasta un supuesto testigo que resulto ser falso.