El campo argentino sella una frágil paz con el Gobierno

La crisis y las elecciones legislativas de octubre, que se anuncian muy reñidas, han evitado, al menos por el momento, un nuevo choque entre el Gobierno argentino y el campo. Las poderosas asociaciones agropecuarias anunciaron en la noche del martes un acuerdo, conseguido tras siete meses de diálogo de sordos, en el que ha jugado un papel directo la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que se presentó inesperadamente en la mesa de negociación para dar un empujón personal y reclamar protagonismo. El Gobierno no acepta reducir los impuestos a las exportaciones de grano, como solicitan los agricultores, pero pondrá en marcha mejoras sustanciales para la producción de carne, leche y trigo, que recibirán ayudas directas.

El acuerdo fue acogido con desconfianza por algunas agrupaciones y dirigentes agrícolas, como el famoso Alfredo De Angeli, que lo considera insuficiente, y no cierra completamente el conflicto, pero, al menos, supone un importante acercamiento y aligera un poco el cargado ambiente político que rodea a los Kirchner desde hace unos meses.

Las actividades agropecuarias (el campo, como se le denomina genéricamente) y las industrias asociadas (harina, carne, leche), generan en Argentina el 10% del producto interior bruto (PIB). ¿Por qué entonces, los políticos se echan a temblar cuando el campo se enfada? Porque ese 10% del PIB supone, en dinero, casi el 50% de las exportaciones del país y, por lo tanto, son la principal fuente de divisas del Gobierno, con las que se paga la deuda y se importan bienes imprescindibles. Y porque, además, emplea a nada menos que a un tercio de la población activa, más de cuatro millones de trabajadores.

Para darse una idea de la importancia del campo en Argentina, basta con saber que cuando se juega un derby clásico entre equipos de fútbol, el producto que se anuncia en televisión inmediatamente después de un gol no es un coche o una bebida, sino un fertilizante o un tipo de semilla. No es extraño que la presidenta -y su marido, el ex presidente Néstor Kirchner- no se hayan arriesgado esta vez a una nueva guerra, como la que mantuvieron en julio del año pasado y finalmente perdieron en el Congreso.

Las circunstancias eran en esta ocasión muy diferentes: por parte del Gobierno, la guerra anterior le hizo perder a la presidenta casi un 50% de popularidad, un derrumbe que no puede permitirse a pocos meses de unas elecciones legislativas, previstas en octubre. Por parte de los agricultores, la nueva batalla llegaba al mismo tiempo que los efectos de la crisis internacional, que comienza a golpear fuerte a otros sectores de la economía argentina, más necesitados de solidaridad que dispuestos a ofrecerla.

En general, las cuatro grandes asociaciones agropecuarias que han participado en el acuerdo han optado por un tono más suave: se declararon satisfechas, pero sólo como "un primer paso".