El Tribunal Supremo israelí consagra la segregación

La historia de la carretera 443, que une Jerusalén con una autopista que enlaza la ciudad santa con Tel Aviv, es un compendio de las prácticas arbitrarias ejercidas por las administraciones israelíes. La vía transcurre por territorio ocupado; ejemplifica los manejos del Ejército israelí y su poder para imponerse por encima del estamento civil, y muestra que los gobiernos y los tribunales dan su beneplácito posterior a los atropellos contra los palestinos. Hace diez días, el Tribunal Supremo emitió un fallo, dado a conocer hoy por el diario Haaretz, que consagra, por primera vez, una práctica segregacionista. Tras un largo proceso judicial, los demandantes palestinos han perdido la batalla y tendrán vetado circular por la carretera 443 que atraviesa Cisjordania. La Asociación para los Derechos Civiles en Israel arremetió contra este precedente judicial discriminatorio y que viola la legislación internacional.

Fue la primera de algunas vías que han sido bautizadas como carreteras del Apartheid. Todo comenzó a principios de la década de los ochenta, cuando se inició la construcción de la citada vía para que también los palestinos, a los que se impedía transitar por la autopista número 1, pudieran utilizarla. Se expropiaron predios de propiedad privada de palestinos y en los avatares judiciales que se suscitaron el Estado prometió que la carretera -jalonada de muros, vallas metálicas y torretas de cemento militares- permanecería abierta a todos los conductores, árabes e israelíes.

Pero tras el estallido de la segunda Intifada, en septiembre de 2000, y los ataques a vehículos israelíes, el Ejército cerró el paso a los coches palestinos. Sin encomendarse al Ejecutivo. El entonces viceministro de Defensa, el laborista Efraim Sneh, admitió que la decisión no fue consultada con el Gobierno. Y más tarde, la Administración Civil -el organismo dirigido por militares que gestiona los territorios ocupados- ofreció 80 permisos para conductores palestinos que residen en pueblos donde viven 30.000 personas.

Como ocurre en infinidad de ocasiones en Cisjordania, los uniformados dictan las normas. En las pequeñas carreteras que desembocan en la autopista 443 se observan hoy día bloques de cemento que taponan la salida a los lugareños. Sólo en algunos puntos, un puñado de taxis tienen permitido el acceso. Pero la gran mayoría de la población ha visto cómo se le ha cortado el camino a la ciudad de Ramala, capital administrativa de Cisjordania, y al resto de este territorio. Sucede lo mismo en cientos de kilómetros en la Cisjordania ocupada, reservados exclusivamente para el tránsito de los colonos.

EL Supremo ha dictaminado ahora que el Estado deberá explicar con detalle, en el plazo de seis meses, el estado de la construcción de una nueva carretera para empleo exclusivo de palestinos, lo que indica que la autopista 443 seguirá siendo utilizada únicamente por ciudadanos israelíes. La nueva vía acarreará nuevas expropiaciones y un coste de millones de euros.

Los abogados de la Asociación para los Derechos Civiles en Israel, que representa a seis pueblos a los que afecta la prohibición, aseguran que la decisión judicial viola las leyes internacionales y que los jueces han eludido pronunciarse sobre las cuestiones planteadas por los demandantes. Y, para colmo, los letrados afirman que los soldados han comenzado recientemente a acosar a los seis pueblos que entablaron la demanda con patrullas en las que utilizan bombas de luz y balas de caucho. Es la represalia contra quienes se atrevieron a acudir a la justicia.