¿Sociedad civil o sociedad servil?

En junio del año pasado, en el programa de televisión Esta Semana, presenté una investigación periodística demostrando el primer gran caso de corrupción en el Gobierno de Daniel Ortega: una millonaria extorsión extrajudicial fraguada desde la Secretaría del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), donde también opera la Casa Presidencial.

La respuesta oficial fue virulenta: la Fiscalía enterró el caso en la impunidad; el empresario que denunció la extorsión fue condenado por injurias y calumnias, un diputado que respaldó la denuncia fue despojado arbitrariamente de su escaño legislativo y, en mi condición de periodista-mensajero, fui sometido durante meses a una campaña de difamación en la televisión y la radio oficial, atribuyéndome delitos como "asociación para delinquir, narcotraficante, agresor de campesinos y mafioso roba-tierras". Ahora me investigan por "lavado de dinero", un delito penal que se castiga con cinco a siete años de cárcel.

El Gobierno de Managua busca cerrar los espacios políticos de la sociedad

El ataque lanzado por el Gobierno de Ortega contra las organizaciones civiles nicaragüenses forma parte de un proyecto de poder totalitario que busca cerrar definitivamente los espacios políticos de la sociedad. La agresión e intimidación contra medios de comunicación independientes, y la persecución y atropello contra organizaciones autónomas de la sociedad civil, como el caso del Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO) que presido, el Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) y muchas otras, son señales inequívocas de la marcha de este proyecto antidemocrático, que ya canceló la personería jurídica a dos partidos políticos.

El objetivo de estas agresiones es arrebatar los derechos ciudadanos a los nicaragüenses y convertirlos en súbditos o siervos, pasando de una sociedad libre y pluralista a una sociedad subordinada y homogénea, convertida en un instrumento dócil del poder. Para este fin, se quiere convertir los derechos políticos en delitos. De la misma manera, se pretende cambiar las reglas del juego de la cooperación internacional a fin de que ésta abandone el apoyo a los programas de gobernabilidad, democracia, derechos, transparencia y equidad de género, y se dedique únicamente a financiar prácticas asistenciales. En síntesis, lo que está en juego es una sociedad civil o una sociedad servil.

Para justificar la persecución contra CINCO y mi persona, Ortega ha dicho que me resisto a "la ley" porque tengo un apellido "oligarca" y me considero "intocable". El apellido de mi padre, Pedro Joaquín Chamorro, mártir de las libertades públicas, lo llevo a mucha honra; con ese apellido "oligarca" luché contra la dictadura somocista y milité en el Frente Sandinista defendiendo la revolución en los años ochenta. Entonces, Ortega jamás criticó mi apellido, hasta que en 1994 fui expulsado de la dirección del diario Barricada por demandar un sandinismo democrático. Desde entonces ejerzo el periodismo independiente, y critico las arbitrariedades de Ortega como lo he hecho frente a los últimos tres Gobiernos. Y ante la sentencia de culpabilidad que ya tienen redactada, prefiero la cárcel antes que aceptar convertirme en otro rehén de la política de chantaje que tiene sometida a Nicaragua.