Prodi topa con la Iglesia

"Hay que obedecer las reglas del Estado, aunque sean dictadas por perezosos; así lo decía San Pablo". Con estas palabras, el primer ministro italiano, Romano Prodi, volvió ayer a invocar la moral católica para combatir la evasión fiscal, en una carta publicada por el diario Il Corriere Della Sera. El miércoles, Prodi, católico practicante, había pedido a los sacerdotes que recordaran este tema en los sermones del domingo, ya que si robar es pecado, también lo es robar al Estado.

"¿Por qué, cuando voy a misa, este tema [la evasión de impuestos], que tiene una fuerte carga ética, nunca es mencionado en las homilías?", se preguntó el jefe de Gobierno en una entrevista publicada por el semanario católico Familia Cristiana. Estas declaraciones, singulares en un Estado laico como es Italia, fueron duramente criticadas por la oposición política y parte de su coalición de Gobierno. Sin embargo, fueron aplaudidas por miembros del clero.

"Hay que obedecer las reglas del Estado; así lo decía San Pablo", asegura el político

Italia lucha con la mayor deuda de Europa en términos absolutos. El Gobierno calcula que el coste de la evasión fiscal es del 7% del Producto Interior Bruto (PIB), es decir, 100.000 millones de euros al año. Esta cifra es casi el doble de la evasión fiscal en Francia, Alemania y Reino Unido, y casi cuatro veces más que en Austria, Países Bajos e Irlanda.

"Un tercio de los italianos no paga impuestos", denunció Prodi, quien añadió que "cambiar esta forma de pensar depende de todos". El argumento no es nuevo: si nadie paga impuestos, no se puede bajar la presión fiscal, algo que piden todos los políticos. Sin embargo, su decisión de recurrir a la Iglesia llegó de forma totalmente inesperada para todo el mundo.

En la coalición de centro izquierda del primer ministro italiano, elegida en abril de 2006, conviven posiciones muy distintas en materia de relaciones entre Estado e Iglesia. En varias ocasiones las divergencias entre laicos y católicos paralizaron el trabajo del Ejecutivo: entre las cuestiones más discutidas figura la de las parejas de hecho. Las primeras dos propuestas de ley elaboradas por el Gobierno acerca de este tema fueron contestadas por la Iglesia, que acusó al primer ministro de dar más importancia a las parejas homosexuales que a las familias tradicionales. Actualmente en Italia no hay reconocimiento legal para las parejas que no estén casadas.

La llamada de Prodi a la Iglesia no gustó ni a la oposición ni a parte del Gobierno. El diputado Luca Volonté, de la Unión de los Demócratas Cristianos (que forma parte de la coalición del primer ministro) dijo: "Así se viola la laicidad que siempre hemos invocado". Alessandra Mussolini (nieta del dictador Benito Mussolini, y sobrina de Sofía Loren), del partido neofascista Movimiento Social Italiano, dijo que "Prodi no puede sugerir a la Iglesia lo que tiene que decir, y se equivoca al recurrir a ella en cuestiones que nada tienen que ver con temas espirituales".

Representantes de la Iglesia se mostraron de acuerdo con Prodi en cuanto a la naturaleza moral del tema. "Prodi tiene razón", dijo Antonio Mazzi, sacerdote y escritor muy popular en Italia. "Nosotros, los curas, deberíamos prestar más atención a los problemas reales del país". El cardenal Ersilio Tonini explicó que "pagar impuestos es una de las enseñanzas de la Iglesia", pero que "reprochárselo" como si no hubiese hecho su deber era demasiado. El debate mediático suscitado por las declaraciones de Prodi también volvió poner sobre la mesa otra cuestión que divide al país: las exenciones fiscales de las que goza la Iglesia católica en Italia. El último caso es de octubre de 2005, durante el Gobierno de Silvio Berlusconi. En esta ocasión fue aprobada una ley que exonera a la Iglesia de pagar el impuesto sobre bienes inmuebles (ICI) para los edificios destinados a actividades relacionadas con el culto, es decir, escuelas privadas, hoteles para peregrinos, clínicas de la Iglesia, etc. El Gobierno de Romano Prodi decidió no modificar este punto.

En Italia, el 22% del total de los inmuebles es propiedad del Vaticano. En la ciudad de Roma, la Iglesia posee el 40% de los edificios. Se calcula que el coste de esta exención para el Estado es de 4.500 millones de euros.