¿Presidente o candidato?

"Se está creando una vulnerabilidad institucional bastante peligrosa", dice rotundo el jefe del Registro Nacional colombiano, Carlos Ariel Sánchez, al resumir las consecuencias del limbo en el que vive este país, que no sabe aún, a sólo cuatro meses de las elecciones, si el presidente, Álvaro Uribe, podrá ser candidato o no y si debe comportarse como tal.

Según la ley de garantías -creada en 2005 despúes del cambio constitucional que permitió la primera reelección-, el presidente o vicepresidente que aspiren a la reelección deben declarar públicamente su interés por competir en los comicios seis meses antes de la contienda. Además, exige al candidato presidente una serie de restricciones para equilibrar sus ventajas y privilegios frente a los demás aspirantes. Cuatro meses antes no puede, por ejemplo, inaugurar obras públicas, entregar personalmente recursos o bienes estatales, realizar contratos de Estado o hablar en público de sus competidores...

Uribe no ha podido anunciar su intención de estar entre los candidatos para las presidenciales del 30 de mayo, y no está obligado a portarse como tal, pues legalmente no lo es. La Corte Constitucional no ha dado el visto bueno al referéndum reeleccionista, que permitiría a los colombianos votar por un nuevo cambio de la Carta Magna que abriría el camino a un tercer mandato consecutivo.

Hace una semana, el procurador general de la nación, Alejando Ordóñez, pidió a la Corte Constitucional que declarara legal el referéndum, y a Uribe, que se acogiera a la ley de garantías, "para proteger el interés general". Uribe, tras hacer todo tipo de consultas legales, decidió este miércoles respetar una de las restricciones para un candidato-presidente: desde el próximo sábado no se retransmitirán por la cadena de televisión estatal los consejos comunales que semanalmente realiza en distintos puntos del país.

La decisión es inocua. Lleva implícito el mensaje de que Uribe sí quiere repetir, pero nada aporta a la equidad. En esos consejos, una especie de audiencias públicas, cargadas de promesas y dádivas, se pueden seguir comprometiendo los recursos oficiales. "Hablar de garantías es un chiste cruel", fue el comentario irónico del precandidato Luis Eduardo Garzón.

"Nadie tiene duda que el presidente es candidato y que legalmente no puede serlo", opina Rafael Pardo, aspirante por el Partido Liberal. Gustavo Petro, candidato del Polo Democrático, coalición de izquierda, afirmó que "la única garantía real para unas elecciones transparentes es que el Gobierno cumpla la Constitución, que es lo que se ha quebrantado".

Plazos al límite

En este momento, todo se maneja en el plano de las suposiciones y el Gobierno se la juega a que la Corte Constitucional y el Registro Nacional acorten los tiempos, la primera para aprobar y el segundo para organizar el referéndum sobre la reelección.

Dan casi por hecho que la primera dará su aprobación a finales de febrero. Pero el registrador nacional afirma en declaraciones a EL PAÍS que necesita tres meses para tener listo el censo electoral y hacerlo público y para cumplir el requisito de dar un mes a las campañas a favor del sí y el no a la reelección. Sánchez argumenta ceñido a la ley y no está dispuesto a violarla. "Hay mucha incertidumbre y esto beneficia a unos y perjudica a otros", afirma.