Omar al Bashir se burla de La Haya

Omar al Bashir, presidente de Sudán, ha visitado ya cinco países -Egipto, Eritrea, Libia, Qatar y Arabia Saudí- desde que la Corte Penal Internacional (CPI) emitiera el 4 de marzo una orden de arresto en su contra por crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en Darfur. Sus viajes son un desafío a la justicia internacional, obligada a esperar a que alguien se decida a detenerle. También suponen un revés para la CPI, debilitada en su papel de único tribunal permanente facultado para juzgar a los culpables de los peores delitos descritos por la justicia internacional.

El problema, sin embargo, no es tanto que el líder sudanés siga hoy en su puesto en Jartum. Lo que perturba, sobre todo a las víctimas de Darfur (300.000 muertos y unos tres millones de desplazados y refugiados), es que las dudas para proceder a su detención responden más al pragmatismo que a la lógica humanitaria.

"Hemos demostrado que nadie es impune. Y sabemos esperar", se defiende la Corte

"Al Bashir no será llevado ante la Corte mientras siga en el poder. Ya pasó con el ex presidente serbio, Slobodan Milosevic, el líder serbobosnio Radovan Karadzic y el liberiano Charles Taylor. Detenerle ahora provocaría un desastre mayor del que se quiere evitar y entorpecería a su vez las conversaciones de paz". Son palabras de Willem van Genugten, catedrático de la Universidad de Tilburg y uno de los mayores expertos holandeses en Derecho Internacional. Van Genugten recuerda que ni la orden de arresto ni los delitos cometidos por Al Bashir, prescriben. Es decir, que todo es cuestión de tiempo.

"La justicia internacional no funciona como las nacionales. Si un país dicta una orden de captura contra un gran delincuente, lo lógico es que la policía le detenga y contenga los posibles disturbios que ello pudiera causar. En el caso de Bashir, la violencia desencadenada podría ser incontenible. Es frustrante a corto plazo, pero a la larga todo el proceso es un paso de gigante. La orden de detención penderá siempre sobre su cabeza", añade.

Reed Brody, consejero jurídico y portavoz de la ONG Human Rights Watch, destaca que Al Bashir "sólo viajará a países que no sean miembros de la CPI y no estén obligados a enviarle a La Haya. Fíjese en Eritrea, que es la Corea del Norte africana. El talón de Aquiles de la Corte es su falta de policía para detener a los acusados", afirma. Brody apunta otras vías para "reforzar la credibilidad de la CPI". "Si ordenara, por ejemplo, una investigación sobre los ataques de Israel contra los palestinos de Gaza y, llegado el caso, pidiera el arresto de los israelíes que hubieran cometido crímenes, tal vez muchos países reticentes a detener a Al Bashir pensaran de otro modo", asegura.

La CPI enfoca su labor de otro modo. "Tenemos un mandato legal, no político. Contamos con la colaboración de los Estados y hemos demostrado que nadie es impune. Y sobre todo, sabemos esperar", advierte su portavoz, Laurence Blairon.