Obama restablece los tribunales militares de Guantánamo

Aunque de forma limitada y en mejores condiciones legales, Barack Obama anunció ayer el restablecimiento de las comisiones militares en Guantánamo, un sistema de justicia extraordinario denunciado por las organizaciones de derechos humanos y criticados por Obama durante la campaña electoral. Esta polémica decisión ha sido justificada como la única solución para cerrar la prisión en la base de Cuba y procesar a los presos más peligrosos.

Estas comisiones -unos tribunales inventados por la Administración de Bush y aprobados por el Congreso en 2006- sólo juzgarán, según portavoces oficiales, a unos 20 presos considerados de alta peligrosidad, cinco de ellos acusados de haber organizado los atentados del 11-S, incluido el supuesto cerebro de la operación, Khalid Sheikh Mohammed.

El resto de los detenidos serán trasladados a otros países, entre ellos España, puestos en libertad o juzgados por tribunales ordinarios estadounidenses. El Gobierno no ha querido presentar a los detenidos más significados ante la justicia ordinaria por miedo a que los casos les fuesen rechazados por el hecho de que las únicas pruebas aportadas fueran obtenidas por medio de torturas o gracias al trabajo de agentes secretos que no pueden comparecer en una vista pública.

El restablecimiento de las comisiones militares ha sido aplaudido por la oposición republicana y criticado por los grupos cívicos. "Ésta es una buena oportunidad de volver a endurecer nuestra política sobre los detenidos", declaró ayer el senador republicano Lindsey Graham, uno de los principales responsables de su partido en asuntos de seguridad nacional. "Es decepcionante que Obama reviva un experimento fallido en lugar de ponerle fin", manifestó, por el contrario, un portavoz de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

Obama pretende atemperar las críticas con una serie de medidas que tratan de mejorar el sistema. Entre éstas, según un comunicado del presidente -ayer no quiso comparecer en público para explicar su decisión-, están el rechazo de las pruebas obtenidas mediante malos tratos (incluido el ahogamiento fingido), la autorización de que el preso elija a su abogado militar, la protección a los presos que se nieguen a declarar y la restricción del número de testimonios indirectos que pueden presentarse contra los acusados. Esta última es una condición muy importante puesto que la mayor parte de las pruebas aportadas contra los únicos tres procesados hasta la fecha eran versiones de segunda mano.

Para garantizar que estas medidas están en vigor, se mantiene durante cuatro meses más el aplazamiento de los juicios en esas comisiones. La suspensión actual, impuesta el primer día de la nueva Administración, vence el 20. La extensión de la suspensión se hace necesaria, además, porque la ley en vigor exige comunicar al Congreso con dos meses de antelación cualquier modificación de las reglas autorizadas. Así se reducen algunas de las carencias legales que ese sistema representaba, pero no se elimina la contradicción con las posiciones que Obama había mantenido hasta ahora.

Obama votó en contra de la creación de las comisiones cuando Bush presentó la propuesta ante el Senado en 2006 y expresó su deseo de que la ley fuese revocada por el Tribunal Supremo. También es cierto que, previamente, el entonces senador había trabajado con otros colegas republicanos para tratar de sacar adelante una versión más moderada que la que finalmente fue aprobada.

Durante la campaña electoral, Obama denunció en varias ocasiones los procesos de Guantánamo como "un sistema defectuoso de comisiones militares que no ha conseguido condenar a ningún sospechoso de terrorismo desde el 11-S y que está acosado por desafíos legales".

El restablecimiento de las comisiones militares no resuelve todos los problemas relacionados con Guantánamo. Uno de ellos es qué hacer con los presos condenados o pendientes de juicio. Obama intenta cumplir con su promesa de que la prisión esté cerrada en enero de 2010. Hasta entonces, los procesos judiciales se llevarán a cabo en las instalaciones que fueron construidas allí para ese fin. Pero, si se extienden después de esa fecha, no pueden ser trasladados a territorio de EE UU sin reconocerles todos los derechos legales que eso comporta. Es decir, que los militares contarán con tres meses para impartir justicia por esa vía. Una vez condenados, habrá que encontrar una prisión donde ingresarlos porque nadie está dispuesto a aceptarlos.

Al mismo tiempo, no se descarta que este nuevo sistema de comisiones militares pueda ser utilizado contra otros posibles presos que pueda hacer EE UU en la todavía vigente lucha contra el terrorismo. Esto podría convertir las comisiones en un sistema casi permanente de justicia ante la que llevar casos complicados para comparecer ante la justicia ordinaria. El senador Graham ha revelado que estudia con otros miembros del Congreso y con la Casa Blanca distintas fórmulas viables en ese sentido.