La ONU critica a Italia por expulsar a Libia a inmigrantes 'sin papeles'

Laura Boldrini, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en Italia, afirmó ayer que el Gobierno italiano está poniendo en riesgo el derecho de asilo de los inmigrantes con las expulsiones de sin papeles en alta mar aplicadas tras firmar el tratado bilateral con Libia. Las críticas de la ONU siguen a las denuncias de varias ONG contra el uso de la fuerza por parte de la marina militar durante una operación de devolución de inmigrantes africanos realizada el 1 de julio.

"Hasta el 6 de mayo pasado", dijo Boldrini a la agencia Econews, "Italia siempre había cumplido un papel fundamental al salvar vidas humanas, llevando a tierra a los inmigrantes, identificándolos y dándoles la posibilidad de pedir asilo, y expulsando a quienes no tenían derecho a permanecer. Pero desde que empezó la nueva práctica de devoluciones está poniendo en serio peligro el derecho de asilo".

El Gobierno de Roma califica las acusaciones de "repugnantes"

ACNUR entiende que "es difícil controlar las fronteras y al mismo tiempo garantizar el derecho de asilo", pero la portavoz añade: "Europa es el corazón de la Convención de Ginebra y no puede perder ese combate".

Según Gabriele de Grande, un periodista free-lance que ha visitado los centros de detención libios -financiados en parte por Italia y la Unión Europea-, ya lo está perdiendo. Los pasajeros de la barcaza rechazada en aguas de la isla de Lampedusa el 1 de julio "son en su mayoría eritreos que tenían derecho a pedir asilo en Europa, muchos de ellos desertores del Ejército que ahora arriesgan la repatriación o una detención por tiempo indefinido".

Se trata de 65 hombres, que están en el campo de detención de Zuwarah, y de nueve mujeres, ingresadas en el centro femenino de Zawiyah. Christopher Hein, director del Comité Italiano para los Refugiados, informó por su parte de que uno de los eritreos retenidos en Zuwarah "presenta heridas en la cabeza provocadas por una porra eléctrica".

En virtud del acuerdo firmado por Silvio Berlusconi y Muammar el Gaddafi el pasado 14 de mayo, Italia ha devuelto ya más de mil inmigrantes a Libia. En otro campamento, el de Misratah, 210 kilómetros al este de Trípoli, hay más de 600 inmigrantes detenidos, informa De Grande, entre ellos 58 mujeres, niños y bebés: "Llevan más de dos años allí, duermen en cuartos sin ventanas de cuatro por cinco metros cuadrados, y hay hasta 20 personas por celda".

El Gobierno italiano niega las acusaciones. El ministro de Defensa, Ignazio la Russa, ha dicho que se trata de "imputaciones repugnantes", y ha achacado la violencia al hecho de que algunos inmigrantes "intentaron usar la fuerza contra los militares".

Mientras, el presidente de la República Italiana, Giorgio Napolitano, promulgó ayer la Ley de Seguridad, aprobada por el Parlamento el 2 de julio, y envió sendas cartas al Gabinete en las que expresa su "perplejidad y preocupación" ante el texto.

Según Napolitano, las disposiciones de seguridad pública se han ampliado "de modo relevante" durante el trámite parlamentario, y ahora contienen "numerosas normas heterogéneas" y "carentes de organicidad y sistematicidad".

Además, escribe el jefe del Estado, hay normas de "dudosa coherencia con los principios generales del ordenamiento jurídico y con el sistema penal vigente". Napolitano llama también la atención sobre los problemas que comportará "la aplicación de la ley".

El líder de Italia de los Valores, Antonio di Pietro, criticó la iniciativa del presidente de la República porque, a su juicio, debería haber devuelto la ley al Parlamento "en vez de expresar lamentos que sólo son gritos al viento". El Partido Democrático pidió al Ejecutivo que lleve el polémico texto otra vez a las cámaras.

La nueva Ley de Seguridad introduce el delito de inmigración clandestina (penado con multas de 5.000 a 10.000 euros); da vía libre a las patrullas ciudadanas de ex agentes sin armas; prolonga a 180 días la estadía de sin papeles en los centros italianos, y restringe los derechos sociales y civiles (matrimonio, escolaridad, sanidad y ciudadanía) a los inmigrantes irregulares.