México emprende la reforma energética

El Senado de México tiene previsto aprobar hoy una asignatura pendiente desde hace dos décadas. Los sucesivos gobiernos desde Carlos Salinas de Gortari han intentado sin conseguirlo reformar el monopolio estatal del petróleo, que además de ser una fuente indispensable de recursos -más del 40% del presupuesto del país procede de Petróleos Mexicanos (Pemex)- constituye un motivo de orgullo nacional, el último bastión del nacionalismo revolucionario. De ahí que no haya sido fácil poner de acuerdo a todos los partidos en una reforma que, aunque más suave de lo que pretendía el presidente, Felipe Calderón, libera a la empresa del férreo corsé del Estado, aunque sin llegar a quitárselo.

Más del 40% del presupuesto nacional sale de las cuentas de Pemex

Pemex podrá desde ahora gestionar sus recursos financieros sin el aval previo del Ministerio de Hacienda, pero la reforma mantiene la puerta cerrada a cualquier tipo de inversión privada, nacional o extranjera. Este último punto -que aleja cualquier fantasma de privatización- ha sido vital para que tanto el PRI como el PRD suscriban la iniciativa del Gobierno del PAN.

Pero, a la vez, resucita otro fantasma. El de que, en vez de una reforma energética, la que necesitaría Pemex para explotar nuevos yacimientos en aguas profundas y modernizar su planta petroquímica, se trate sólo de una reforma política, cocinada por senadores y diputados en vez de por ingenieros y economistas.

Curiosamente, los primeros que han salido a defender en televisiones y periódicos el calado de las medidas adoptadas son los representantes de la oposición. El jefe de los senadores del PRD, Carlos Navarrete, dice: "No se trata de una minireforma, es la reforma posible que se pudo construir en el Senado. Y hoy la reforma posible es la mejor para Pemex". Y el senador Manlio Fabio Beltrones, hombre fuerte del PRI, fue aún más positivo: "No es una minireforma. Es una gran reforma. Tenemos reforma para los próximos 30 años".

La explicación puede estar en que los partidos políticos mexicanos -que no se encuentran en su mejor momento de imagen ante la opinión pública- han intentado por todos los medios que sus diatribas externas e internas no perjudiquen el acuerdo, tal vez porque saben que si en algo están de acuerdo los mexicanos de uno u otro color político es que "con el petróleo no se juega".

Desde su creación a principios del siglo XX, la industria petrolera había estado en manos de empresas británicas y estadounidenses. La nacionalización llegó en 1939, de manos del presidente Lázaro Cárdenas. Desde ese momento, el petróleo se convierte en el símbolo más evidente del nacionalismo revolucionario y en la solución casi mágica de los problemas de los gobiernos sucesivos del PRI. El oro negro sirve para enfrentar crisis económicas, conflictos sociales y, sobre todo, se transforma en una herramienta política muy poderosa para mantener un sistema político basado en el paternalismo.

El mayor ejemplo lo constituye el sindicato de los trabajadores de Pemex, una organización vertical que se convierte en uno de los más ricos y poderosos del mundo. Tal era su poder que hubo una época que, en vez de recibir aportaciones de los trabajadores asociados, les subvencionaba hasta vacaciones. Aunque ese poder fue decayendo, como decayendo fueron unas reservas petrolíferas que ya no dan para más de 10 años, la prueba de que quien tuvo retuvo es que la actual reforma no se atreve a recortar el poder fáctico que todavía ejerce. "El Gobierno no se ha metido con el sindicato", explica el senador Navarrete, del PRD, "porque no quiere golpear el avispero, y el PRI porque son parte de su estructura".

La reforma busca una mayor autonomía presupuestaria de Pemex, permitiéndole utilizar hasta 1.300 millones de dólares (mil millones de euros) en los próximos cinco años, y además otorga a la compañía la potestad de gestionar su deuda. Además, y por primera vez, la reforma establece los mecanismos necesarios para que el funcionamiento de la compañía sea transparente. A pesar de su trascendencia, la reforma petrolera sólo ha saltado a las primeras planas de los periódicos cuando ya estaba cocinada. La situación de violencia que vive el país y la crisis económica mundial han desviado la atención, lo que a la vez ha permitido que la discusión entre los partidos haya transitado por el camino de las coincidencias.

Sólo hay un escollo final que superar para el acuerdo. Y se llama Andrés Manuel López Obrador. El último candidato del PRD, vencido por Felipe Calderón en un cerradísimo recuento que incluyó sospechas de fraude, mantiene diferencias con su partido. En las últimas horas, mientras la postura oficial del PRD era la de celebrar el acuerdo, López Obrador se guardaba la posibilidad de movilizar a sus fieles -los que le siguen considerando el "presidente legítimo" de México- para frenar una reforma que, él sí, considera privatizadora.