Libia y la responsabilidad de proteger

Las noticias que llegan sobre la crisis de Libia son cada vez más preocupantes. Entre mil y dos mil muertos, según las fuentes, otros tantos desaparecidos, más de 3.000 heridos. Y cerca de 150.000 refugiados, repartidos entre Egipto y Túnez, o en la frontera, especialmente en la tunecina, donde el paso de Ras El Ajdir está colapsado. Un flujo que no cesa y que amenaza con provocar una gravísima crisis humanitaria.

El líder libio, Muamar el Gadafi, continúa atacando a su propio pueblo, especialmente con bombardeos aéreos, contra los que el movimiento popular no tiene ningún medio de defensa. Y parece dispuesto a ejercer toda la violencia necesaria para mantener el poder.

EEUU y la UE acogieron cálidamente al arrepentido Gadafi a partir del viaje del primer ministro británico Tony Blair a Trípoli en 2003, y desde entonces han colaborado con el régimen libio sin reservas, a cambio de la garantía de suministro de hidrocarburos -Libia es el tercer proveedor de energía de la UE tras Rusia y Noruega-, un cierto control de la emigración, y un supuesto freno del islamismo radical, además de una actitud no demasiado hostil hacia Israel. Tanto Washington como las principales capitales europeas han apoyado y apoyan a gobiernos corruptos y cleptocráticos, en el norte de África y en Oriente Medio, bajo la excusa de una política realista de estabilidad, cuyo resultado está a la vista. Pueblos sometidos a la indigencia, la falta de libertad y de perspectivas. El mejor cultivo de la inestabilidad. Y campo abonado para el radicalismo.

Ahora, Occidente se vuelve bruscamente contra Gadafi, por su actuación -previsible- contra su pueblo. La reacción la ha encabezado Washington, secundado como siempre por Londres, que se ha puesto sin condiciones al lado del movimiento popular, y está desplegando fuerzas navales, aéreas y terrestres (marines) en la zona, mientras negocia, con Naciones Unidas y con sus aliados, la posibilidad de una intervención militar limitada, como podría ser la creación de una zona de exclusión aérea, para forzar la salida de Gadafi.

Una intervención militar terrestre en fuerza está prácticamente excluida, al menos por ahora. Permitiría a Gadafi presentar su lucha por el poder como una defensa de la independencia ante una invasión extranjera, y sería rechazada por muchos países -incluidos algunos árabes- que pueden verse en el futuro en situaciones similares. Además, sería extraordinariamente difícil que China y Rusia aceptaran en el Consejo de Seguridad una resolución que la apoyara. No se puede excluir, no obstante, una acción limitada, por ejemplo para asegurar un punto de evacuación, u operaciones especiales en apoyo de los rebeldes.

La zona de exclusión aérea impediría los ataques aéreos de la aviación libia leal a Gadafi sobre la población, además de dar muchas más oportunidades de éxito al movimiento popular. Técnicamente no es complicado, dado el material del que dispone Gadafi, pero exige neutralizar previamente las defensas aéreas libias, lo que implica bombardeos. Y bajas. La legalidad internacional requiere una resolución del Consejo de Seguridad para cualquier acción militar ofensiva. De nuevo, Moscú y Pekín son los obstáculos para conseguirla, aunque su respaldo a esta acción no es imposible.

Además, al Consejo de Seguridad hay que ir con un proyecto concreto que pueda recibir luz verde. Es necesario ofrecer al secretario general de Naciones Unidas una organización regional, OTAN, o una coalición de circunstancias con un país líder -mejor si no es EEUU- que pueda ejecutar el mandato. Esta última opción quizá fuera preferible para evitar la imagen intervencionista de la alianza atlántica, pero cualquiera de las dos exige complicados acuerdos previos.

¿Qué pasará si el Consejo de Seguridad no autoriza la zona de exclusión aérea o ésta se retrasa demasiado? Aún cabe la posibilidad de que Gadafi consiga acabar con el movimiento popular a sangre y fuego, lo que produciría una situación explosiva, pues el rechazo de la comunidad internacional -en especial de Washington- al régimen actual es ahora irreversible y Libia volvería a ser un estado hostil, como en los años 90. Además, moriría mucha gente. Y el efecto sobre los autócratas árabes que aún quedan seria lamentable.

Pero aún hay un escenario peor, y es que ninguna de las dos partes se imponga, lo que produciría una división de facto del país, o una situación de guerra civil permanente, convirtiendo a Libia en un estado fallido, con la consiguiente inestabilidad, inseguridad en el suministro energético, sufrimiento de su población, probablemente emigración masiva. Una situación en la que los grupos radicales islámicos podrían encontrar una oportunidad de prosperar.

El mejor escenario es, sin duda, que el movimiento popular triunfe y dé paso a un régimen democrático y pacífico. Pero es evidente que necesita ayuda, más allá de un embargo económico o de armas al régimen actual, como ya ha decretado Naciones Unidas.

En marzo de 1999, la OTAN lanzó ataques aéreos sobre Serbia sin estar amparada por una resolución del CS, es decir, fuera de la legalidad internacional. Pero se trataba de Europa, y los tiempos han cambiado. Washington no quiere intervenir en Libia sin el respaldo de Naciones Unidas, y los estados europeos menos aún. En el caso de Kosovo, se alegó la finalidad de evitar una catástrofe humanitaria, revitalizando el concepto de responsabilidad de proteger, cuyos principios esenciales fueron aprobados seis años después por la Cumbre de Naciones Unidas.

La responsabilidad de proteger da un giro histórico al marco de legalidad internacional instituida en 1945 por la carta de Naciones Unidas, al aceptar que un régimen que atenta contra su propio pueblo pierde su soberanía y está sujeto a sanciones internacionales, incluidas las militares. El concepto no se ha desarrollado, porque las reticencias de muchos países son enormes, pero marca un futuro en el que la seguridad humana estará por encima de la seguridad de los estados. Si hay un país en el que este principio pueda y deba aplicarse en estos momentos, es Libia.

Naturalmente, cualquier intervención militar debe hacerse en el marco de Naciones Unidas y dentro de la legalidad internacional. Si el CS no es capaz de llegar a una resolución que impida la matanza, será un buen momento para reconsiderar -una vez más- si el sistema instituido hace 66 años sigue siendo válido para la seguridad del mundo de hoy. Y en todo caso, lo es para reflexionar sobre las consecuencias de apoyar a regímenes corruptos y dictatoriales por intereses cortoplacistas, que ellos -como demuestra la historia- ni siquiera son capaces de garantizar por mucho tiempo, o si realmente creemos que la democracia es un sistema que conduce a la estabilidad, la paz y el progreso. Para todos.

Enrique Ayala es general de Brigada en la reserva