La Iglesia rechaza informar sobre el aborto en las escuelas de Colombia

La Iglesia católica puso el grito en el cielo y rechazó de plano la sentencia de la Corte Constitucional que obliga al Gobierno colombiano a impartir en las escuelas información sobre el derecho que tienen las mujeres de abortar en tres casos concretos: violación, malformación del feto y riesgo de muerte materna. La misma Corte lo estableció así en mayo de 2006.

"Los educadores católicos no vamos a enseñar eso", dijo monseñor Juan Vicente Córdoba, secretario de la Conferencia Episcopal. "Vamos a enseñar el respeto a la vida". Y fue tajante: "No nos puede obligar a ello".

La orden obliga a hacer ajustes en la educación sexual, y serán los ministerios de Educación y Protección Social los que determinen a partir de qué grado se impartirá la información. En un país tan católico, el Estado, dicen algunos entendidos, está entre la espada y la pared. Así lo planteó en una entrevista el ministro de Protección Social.

Para Mónica Roa, directora de programas de la organización Women's Link Worldwic y abanderada de esta causa, la polémica desatada es lógica. "No vamos a cambiar la realidad de un país, la mentalidad de un día para otro", dijo a EL PAÍS. Y puntualizó que "el cambio cultural es más duro que la lucha legal". Roa tiene claro que su pelea no es con la Iglesia. "En un Estado laico la Iglesia tiene derecho a opinar. Seguirá siendo guía sobre el comportamiento moral de sus feligreses y cada quien decide si lo acoge o no", asegura la abogada a la vez que apunta que el debate se debe dar en materia de políticas públicas claras sobre este tema.

Roa ve en la sentencia de la Corte una herramienta valiosa para propiciar el cambio cultural. La obligación de impartir esta información en las aulas supone sólo un 10% de las órdenes y presiones contempladas en la sentencia. Entre otras, estipula que las jóvenes a partir de 14 años pueden abortar sin tener el consentimiento previo de los padres. La información que recibirán los alumnos deja claro que no se puede apelar a la objeción de conciencia institucional para esquivar la obligación de practicar un aborto. Los jueces tampoco pueden negar las tutelas con el argumento de que el aborto va en contra de sus creencias.

"La sentencia es una guía de cómo se debe prestar el servicio", resume Roa. "Después de este fallo ya no hay más excusas para acudir a prácticas ilegales o a argumentos de desconocimiento de la norma". La batalla para conseguir que se cumpla con lo establecido en 2006 ha sido dura. Hospitales y médicos se niegan a interrumpir embarazos. Los centros sanitarios no han informado, como es su obligación, del número de abortos solicitados y practicados.

Un caso emblemático del desacato al derecho de las mujeres en este tema es el de una niña de 13 años violada por un vecino. Un total de siete hospitales se negaron a practicarle el aborto y un juez le negó una tutela. La menor tuvo el bebé y lo dio en adopción.

La niña, infectada de una enfermedad venérea, intentó suicidarse, y ahora ella y su madre sufren amenazas porque denunciaron al violador, que fue condenado. El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el fallo, que obliga a medidas cautelares, es el primero que se da en un tema de aborto.

El Gobierno debe diseñar una estrategia de formación escolar sobre derechos sexuales y reproductivos de la mujer.

Para Mónica Roa debe ser una información completa que le permita a las adolescentes evitar embarazos no deseados, conocer sus derechos, y que, además, les oriente sobre anticoncepción para no abortar. Deber ser, enfatiza, una educación responsable. No se trata de hacer apología del aborto, sino que ante un caso de los planteados en la despenalización de esta práctica, las jóvenes sepan qué hacer y tomen la decisión correcta.