Disturbios en Bolivia por un decreto que castiga a los chóferes que conduzcan ebrios

El sector transportistas boliviano se ha alzado con furia contra el Gobierno del presidente Evo Morales por un decreto aprobado en febrero que castiga con una suspensión definitiva del permiso de conducir a los chóferes de autobuses públicos que conduzcan en estado de ebriedad. Un policía resultó herido y 26 manifestantes fueron detenidos en los enfrentamientos ocurridos ayer en la primera jornada de huelga convocada en protesta por la medida. Los paros continuarán este jueves con la misma intensidad, según el dirigente máximo de la Confederación de Chóferes, Franklin Durán, que también está en huelga de hambre desde el lunes por el mismo motivo.

En los incidentes, un policía recibió una pedrada en la cabeza y cerca de una treintena de chóferes fueron detenidos por agredir a agentes y causar destrozos en coches policiales y privados.

Según los sindicatos, el primer día de huelga tuvo un seguimiento del 90% y logró paralizar parcialmente varias ciudades del país y totalmente los viajes por carretera. Por el contrario, el ministro de Gobierno [Interior], Sacha Llorenti, dijo que el paro fue "muy débil" y estimó que este jueves se debilitaría más. Los medios de comunicación locales informan de que la protesta fue casi general en La Paz, El Alto, Cochabamba, Tarija, Potosí, Oruro y Sucre, donde además piquetes de huelguistas bloquearon calles, carreteras y llegaron a azotar con cinturones a algunos colegas que no secundaron la convocatoria. Además, en muchos puntos del país se suspendieron las clases escolares por la imposibilidad de trasladar a los niños a los colegios.

Morales no cede

En lugar de ceder a las protestas, el presidente boliviano criticó duramente a los organizadores de la huelga y anunció que los castigos a quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol se extenderán a los particulares. Esta medida, que ampliará el decreto causante del paro, será elevada a rango de ley en la Asamblea Legislativa boliviana.

Morales criticó la actitud de los sindicalistas del sector porque, a su juicio, pierden legitimidad ante la sociedad por no sumarse a la defensa de la vida de los pasajeros frente a los conductores que conducen borrachos en el transporte público. "Con su ebriedad se matan ellos y matan a otra gente. ¿Qué clase de organización [sindical] tenemos que defiende políticas o programas para matar y para matarse?", subrayó el mandatario.

El decreto fue firmado en febrero pasado tras una ola de accidentes de tráfico que causó 90 muertos en un mes. En Bolivia mueren más de mil personas cada año por accidentes de tráfico, muchos de ellos provocados por conductores de autobuses en estado de embriaguez.