Condenados a perpetuidad dos represores de la dictadura argentina

Lo que para muchas víctimas de la dictadura argentina parecía hasta hace poco una quimera ayer se convirtió en realidad. Con exclamaciones de júbilo y gritos de "¡asesinos!, ¡asesinos!", el público presente en la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal de Tucumán, al norte de Argentina, interrumpió la lectura de la sentencia contra el que fuera hombre fuerte de esa provincia durante años, Antonio Bussi, cuando el juez le declaró culpable de genocidio y le condenó a cadena perpetua. La misma pena le fue aplicada a su compañero en el banquillo de los acusados, Luciano Benjamín Menéndez, ambos juzgados por la desaparición en 1976 del político peronista Guillermo Vargas.

Bussi es una figura clave de la dictadura argentina y la prueba viviente de que la represión militar contra los opositores comenzó antes del golpe contra María Estela Martínez, viuda de Juan Domingo Perón, en 1976. Bussi fue el encargado de encabezar en 1975 el Operativo Independencia, destinado a combatir a las guerrillas rurales que se habían formado en Tucumán. Con los militares ya en el poder, Bussi fue gobernador de la provincia donde se produjeron numerosas desapariciones, incluidas las de ciudadanos españoles.

La condena provocó incidentes en el exterior del edificio entre partidarios y detractores del ex militar, quien en su alegato final lloró pero no por estar arrepentido sino por considerarse víctima de una injusticia. En silla de ruedas y con una mascarilla y oxígeno, Bussi aseguró que había luchado contra "bandas de delincuentes subversivos terroristas, que mantenían fuerte presencia en el monte y en ciudades", y que había encabezado un combate contra "el comunismo internacional". Lanzó duras críticas a la fiscalía, a la que acusó de "vedettismo", y exigió que se retiraran de la sala las fotos de los desaparecidos que portaban sus deudos. La actitud del acusado enervó los ánimos y a pesar de las advertencias, los familiares de los desaparecidos profirieron gritos en su contra.

El condenado no ingresará en prisión por razón de edad, pero su condena se añade al rosario de juicios emblemáticos celebrados desde que en junio de 2005 fueran anuladas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Sin embargo, una característica de este proceso es que muestra la fractura que existe en la sociedad tucumana.

Porque, retirado con el grado de general y amparado por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, Bussi resultó elegido en 1995 gobernador y en 1999, diputado nacional. El Congreso lo inhabilitó al considerar su participación en crímenes contra la humanidad. Y hace cinco años ganó la alcaldía de San Miguel de Tucumán, la capital provincial, pero ya estaba en marcha el proceso por la desaparición de Vargas por la que finalmente ha sido condenado.