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Colombia ofrece excarcelar a presos de las FARC a cambio de rehenes

El grave estado de salud de Ingrid Betancourt impulsa el órdago del Gobierno

El Gobierno colombiano no quiere correr el riesgo de que la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, secuestrada hace seis años por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), muera en cautiverio. En un intento por evitar que esto ocurra -hay insistentes versiones sobre el deterioro acelerado de su salud- formuló una propuesta a esta guerrilla nacida hace 44 años: liberar de inmediato a la ex candidata a cambio de la excarcelación de guerrilleros en prisión.

La medida incluye a los condenados por crímenes de lesa humanidad

Es la mayor concesión que el Gobierno ha ofrecido hasta el momento a las FARC: está dispuesto a suspender condicionalmente la pena, incluso, a presos que han cometido delitos de lesa humanidad. El alto comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, fue el encargado de dar a conocer esta oferta, el jueves por la noche, después de una reunión de urgencia en la casa de Gobierno. "Sabemos que la condición de [Betancour] ha llegado casi a su último momento", ha declarado un cura del departamento del Guaviare, zona selvática donde se encuentra la rehén. Ingrid padece hepatitis B, leishmaniasis (enfermedad tropical provocada por la picadura de mosquitos) y una fuerte depresión.

Tanto la liberación de los 40 rehenes "canjeables" (políticos y miembros de las fuerzas de seguridad) como de los civiles secuestrados por extorsión (que superan los 600), pondrá a las FARC al alcance del decreto que autoriza las excarcelaciones.

Pero, como lo dejó claro Restrepo, la prioridad es Betancourt. "La oferta muestra una clara voluntad del Gobierno. Mi esperanza es grandísima", dijo Astrid Betancourt, hermana de la secuestrada y hasta ahora dura crítica de la actitud del presidente Álvaro Uribe frente a este tema.

Francia, España y Perú respaldaron la propuesta. El Gobierno francés (Ingrid es también ciudadana francesa) calificó de positiva la oferta y llamó a las FARC a aprovechar "sin tardanza esta oportunidad". Sin embargo, la oficina en Colombia de la ONU exhortó al Gobierno a no otorgar beneficios a los autores de crímenes de guerra ni a los responsables de violaciones graves de derechos humanos.

Queda por ver si las FARC estarán dispuestas a ceder en su exigencia de que el Gobierno desmilitarice los municipios de Pradera y Florida (con más de 100.000 habitantes) como requisito para el intercambio. La gravedad de Ingrid es la que puede llevar a las FARC a aceptar una salida digna para ellos.

[La guerrilla, considerada como organización terrorista por la Unión Europea y EE UU, se encuentra acorralada militarmente, con serios problemas logísticos y una sangría de desmovilizados. Precisamente, unos 500 guerilleros presos se han declarado en rebeldía frente a la jefatura de las FARC, han pedido no ser incluidos en la lista de excarcelables y han exigido la liberación de los secuestrados, informaba ayer el diario El Tiempo. Los presos no desean volver a filas y quieren acogerse a programas de reinserción].

Por otro lado, una comisión del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) llegará a Colombia la próxima semana para analizar los 30 kilos de uranio incautados el miércoles, cerca de Bogotá, a un proveedor de las FARC. Una primera inspección indica que se trataría de material empobrecido, no apto para armas atómicas, que se usa en industria militar para blindajes y municiones anticarro.

El hallazgo se relaciona con la información contenida en los ordenadores portátiles de Raúl Reyes, número dos de las FARC, muerto en el ataque que el Ejército colombiano lanzó el pasado 1 de marzo contra su campamento en Ecuador. En uno de los correos, Reyes alude a la compra de 50 kilos de uranio.

El presidente colombiano, Álvaro Uribe, ayer en un acto público cerca de Botogá.
El presidente colombiano, Álvaro Uribe, ayer en un acto público cerca de Botogá.REUTERS

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