Colombia lanza un plan para proteger la devolución de tierras

El martes de la semana pasada, un sicario disparó a quemarropa contra Gloria Constanza Gaona, juez de Saravena, población del conflictivo departamento colombiano de Arauca al nororiente de Bogotá. Es una zona petrolera fuertemente militarizada y campo de acción de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), además de grupos herederos de los paramilitares.

La juez llevaba complicados casos penales. El más grave, el asesinato de tres niños -entre ellos una de 12 años que previamente fue violada-, por el que está acusado un subteniente del Ejército. Gaona, de 39 años, había denunciado que abogadas de la Defensoría Militar Integral habían tejido patrañas para dilatar el proceso.

El representante de la ONU pide más protección para las personas vulnerables

El miércoles, David Góez, de 70 años, fue asesinado en una zona comercial de Medellín, segunda ciudad del país. Representaba a 120 familias que reclaman 20.000 hectáreas en la zona de Urabá, en el Caribe, donde los paramilitares implantaron con éxito su modelo de control político, económico y militar.

Marzo ha sido un mes negro para los derechos humanos en Colombia: con Góez son tres los líderes comunitarios que trabajaban por la restitución de tierras asesinados este mes. En la lista figura también una líder del programa gubernamental Familias en Acción, acribillada frente a su esposo y sus hijos. Además, hay que sumar la muerte, este sábado, de Yhiel, rapero de la conflictiva Comuna XIII de Medellín. Es el quinto joven artista que muere tiroteado en este populoso barrio: predicaban reemplazar las balas por la música. A estos asesinatos se añaden las amenazas de muerte contra periodistas y defensores de derechos humanos firmadas por las Águilas Negras, uno de los nuevos grupos paramilitares a los que el Gobierno llama Bacrim: bandas criminales al servicio del narcotráfico.

Varias ONG pidieron el lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, reunida en la sede en Washington de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se realice una visita a Colombia para verificar la situación. Denunciaron, entre otros asuntos, un retroceso en la transferencia de casos de la justicia militar a la ordinaria, lo que lleva a que los crímenes cometidos por la fuerza pública queden en la impunidad.

¿Quién se esconde tras estos crímenes y amenazas? Iván Cepeda, congresista del Polo Democrático y defensor de víctimas de la violencia, tiene una tesis: tras las falsas desmovilizaciones de los grupos paramilitares -ha salido a la luz que muchos desmovilizados no pertenecían a la organización- no existía el simple interés de inflar las estadísticas. "Era un plan para dejar en la sombra estructuras que defendieran lo obtenido por la vía de la masacre y el desplazamiento".

Para Cepeda, las Bacrim son estructuras paras diseñadas para controlar territorios e impedir la restitución de tierras, política bandera del presidente Juan Manuel Santos. Ya se ha denunciado que algunas de ellas cuentan con la complicidad de miembros de la fuerza pública. Se calcula que en todo el país los paras despojaron a los campesinos de más de cinco millones de hectáreas. Desde 2002, 42 personas que luchaban por la devolución de lo suyo han sido asesinadas. Desde que Santos llegó al poder ya son siete las víctimas.

El lunes, el Gobierno anunció un esquema de seguridad para proteger a estas personas. Horas antes, Christian Salazar, representante en Colombia de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, había pedido una "revisión profunda" de las políticas para proteger a las personas vulnerables. ¿Funcionará el plan de protección? Cepeda no es optimista: "Mientras el diagnóstico sea errado es difícil que [esta] sea la solución". El congresista cree que una estrategia acertada debe partir de una correcta definición de lo que son las Bacrim.

En una reunión especial celebrada el lunes, el vicepresidente y los ministros de Defensa, del Interior y de Agricultura dijeron casi a coro que la política de restitución de tierras no tiene vuelta atrás. "Aquí no se van a atravesar los criminales", afirmaron. "El Gobierno debe pasar de las palabras y buenas intenciones a los hechos", afirma Cepeda, que reconoce el cambio de tono del Ejecutivo actual frente al anterior: no sataniza a las ONG ni a los defensores de derechos humanos.

Detener la matanza contra los desplazados es la única manera de sacar adelante la restitución de tierras, iniciativa vital para la paz en Colombia. Al igual que es vital contar con unas fuerzas militares sin tacha para recomponer el camino marcado por la violencia.