Colombia, la hora del balance

El año 2008 fue el annus horribilis de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Algunos de sus mandos fueron eliminados, y su máximo líder, Tirofijo, murió de enfermedad. La incautación de varios ordenadores destapó los entresijos de la narcoguerrilla. Los 15 rehenes más valiosos fueron rescatados por el Ejército. Las deserciones se multiplican. Álvaro Uribe, convertido en el presidente más popular de Latinoamérica, podría intentar una segunda reelección en 2010. ¿Ha llegado el momento de que el Gobierno inicie un acercamiento político al grupo armado?

La izquierda y algunos académicos así lo creen. Escaldado por anteriores experiencias, Uribe rechaza la negociación, si bien en círculos presidenciales recuerdan que la puerta del diálogo nunca ha estado cerrada.

Las FARC han lanzado señales de humo. El domingo volvieron a ofrecer el canje de rehenes por guerrilleros presos, pero esta vez sin exigir un territorio desmilitarizado, condición inaceptable para las autoridades. Pero al mismo tiempo, la guerrilla ha intensificado las emboscadas y los atentados en poblaciones. El Gobierno, aseguró Uribe este fin de semana, mantendrá "la firmeza en la derrota de los terroristas".

El presidente sabe que la opinión pública le respalda, como muestra ese 56% de colombianos que se declaran dispuestos a votarle una tercera vez. El gran éxito de su gestión ha sido, precisamente, su Política de Seguridad Democrática, que ha acorralado a las FARC y ha devuelto al Estado el control de un territorio sin ley, que se disputaban salvajemente guerrillas y grupos paramilitares. Pero su rechazo a la negociación se debe también a una desconfianza absoluta hacia las FARC, y no sólo por el hecho de que la guerrilla, desde los años ochenta, haya aprovechado las treguas para reforzarse militarmente. Según un reciente informe del think tank International Crisis Group (ICG), la inteligencia colombiana cree que las FARC quieren utilizar las elecciones de 2010 para "reposicionarse" en la escena política y generar un clima de inestabilidad activando sus infiltrados en movimientos sociales y redes universitarias.

"Uribe tiene un discurso triunfalista porque busca la segunda reelección", sostiene Carlos Lozano, director del semanario comunista Voz y miembro del colectivo Colombianos y Colombianas por la Paz. Sujeto a investigación por presuntos vínculos con las FARC, Lozano participó mediante un vídeo en un seminario organizado en Madrid por Justicia por Colombia y la Universidad Carlos III la semana pasada. "Mientras Uribe sea presidente, será difícil encontrar una salida pacífica al conflicto. El uribismo es lo peor que ha podido ocurrir en Colombia en los últimos años. Es la ultraderecha armada".

Fuerza militar 'versus' diálogo

"Las noticias son pésimas, en efecto", responde irónico Alfredo Rangel, director de la Fundación Seguridad y Democracia, que echa mano de las estadísticas. "Los homicidios han bajado a la mitad, hasta alcanzar la tasa más baja de los últimos 20 años. El secuestro se ha reducido en un 85% respecto a hace seis años. Los grupos paramilitares se han desmovilizado. Y las FARC han pasado de 18.000 a 9.000 miembros, han perdido el 60% de su capacidad de violencia, y el 40% de sus frentes están inactivos".

A juicio de Rangel, "no hay contradicción entre aplicar la fuerza militar y abrir la puerta al diálogo político. Es un falso dilema". Ahí coincide con los expertos del ICG, que si bien consideran importante que se sostenga "la presión militar", recomiendan al mismo tiempo que el Gobierno establezca canales de comunicación con la actual dirigencia guerrillera y que consolide la presencia del Estado en todo el territorio, para mejorar la aplicación de la ley y la protección de los derechos humanos.

El problema, señala Carlos Gaviria, presidente del opositor Polo Democrático (izquierda), es que el Gobierno colombiano no reconoce que haya un "conflicto armado interno", lo que dificulta no sólo la aplicación del derecho internacional humanitario, sino la salida negociada. "No lo reconoce en teoría, pero sí en los hechos", matiza Rangel. "El Gobierno español no reconoce a ETA como fuerza beligerante, y no por ello es menos democrático".

El Ejecutivo colombiano, señala Rangel, no cierra la puerta al diálogo: tiene un alto comisionado para la paz, ha recurrido a la mediación de otros países, como España, Francia y Suiza, y ha impulsado la Ley de Justicia y Paz, "un marco jurídico para la transición hacia una etapa de posconflicto". No cierra las puertas, pero pone sus condiciones. De momento, negocia con los guerrilleros que abandonan las armas y se reinsertan en la vida civil.