Chile reconoce a más de 40.000 víctimas de la dictadura de Pinochet

La comisión pública que recibió e investigó nuevas denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado en la dictadura del general Augusto Pinochet entregó un informe de 60 páginas al presidente Sebastián Piñera que incorporó otras 9.800 víctimas y 30 casos de personas desaparecidas o ejecutadas, las cuales se agregan a las que ya habían sido calificadas con anterioridad. La Moneda dio escasa visibilidad al tema, mientras que las organizaciones de las víctimas criticaron el alto número de denuncias que fueron rechazadas por la comisión, más de 22.000.

"Esperamos que este informe de la comisión contribuya a la paz y la reconciliación", sostuvo el ministro de Justicia, Teodoro Ribera. Desde el reinicio de la democracia en 1990, el Estado chileno ha tenido cuatro comisiones diferentes para reconocer a las víctimas y otorgarles una reparación. En total, sumando los casos de detenidos desaparecidos, ejecutados, torturados y presos políticos reconocidos por estas comisiones -sin considerar los exiliados ni las familias de todos los afectados-, el número de víctimas de la dictadura de Pinochet supera las 40.000 personas, de ellas 3.065 están muertas o desaparecidas entre septiembre de 1973 y marzo de 1990.

Los supervivientes cobrarán una pensión mensual de 180 euros

La Comisión Valech, bautizada así por el nombre del obispo Sergio Valech que la presidió hasta su fallecimiento, integrada por abogados y especialistas en temas de derechos humanos, de diferentes tendencias, recibió un total de 32.000 solicitudes, de las que certificó 9.800 tras examinarlas caso por caso. El trabajo tomó 18 meses. La comisión operó desde finales del Gobierno de la presidenta socialista Michelle Bachelet (2006-2010) y siguió trabajando durante la Administración de derecha de Piñera, e incluso debió pedir una ampliación del periodo para alcanzar a examinar cada caso. Las víctimas reconocidas recibirán una pensión mensual de 180 euros de reparación y beneficios de salud y educación, con un costo anual para el Estado cercano a 142 millones de euros.

La presidenta de la Comisión Valech, María Luisa Sepúlveda, atribuye el alto número de denuncias que recibieron a la mayor conciencia que tienen hoy los chilenos de haber sido víctimas en la dictadura. "Hay personas que se sienten víctimas, y que lo fueron, pero que estaban fuera del mandato que recibimos", afirmó Sepúlveda a este diario. "Por ejemplo, personas que se sienten víctimas por lo que pasó a sus padres e implicó para sus vidas. No es que no sean víctimas, es que no estaban dentro del mandato que tenía la comisión", agregó.

Para reconocer a una persona como víctima, la comisión requería que la persona presentara la denuncia de violación a sus derechos humanos, lo probara, y que en el atropello hubiesen participado agentes estatales. Si la persona había fallecido o estaba imposibilitada de acudir a la comisión, sus familiares debían documentarlo. Se podían presentar denuncias por los casos de detenidos y/o torturados por motivos políticos por agentes estatales o a su servicio, víctimas de desaparición forzosa o ejecutados por razones políticas, o quienes fueron secuestrados o víctimas de intentos de asesinatos por causas políticas.

Cada denunciante fue entrevistado y algunos en dos y hasta tres oportunidades. En la verificación se cruzaron las denuncias con el enorme acopio de información que se ha ido acumulando en el tiempo sobre la represión del Estado: listas de detenidos del Ejército y gendarmería, expedientes de la justicia militar y civil, las bases de datos de los organismos de derechos humanos, los informes sobre los recintos de detención, recortes de prensa y el archivo nacional.

"Más del 90% de los casos fueron resueltos por consenso y en unos pocos hubo votación", explica Sepúlveda. Las aprobaciones estaban bien fundamentadas. Entre los rechazos se encuentran, por ejemplo, casos en los que una persona fue víctima de graves abusos por parte de un vecino que era miembro de las fuerzas armadas. "Hubo abuso de poder, pero no se puede probar la motivación política". También quedaron sin reconocimiento casos de personas que hacían el servicio militar y fueron víctimas de malos tratos, de otros que fueron detenidos en manifestaciones públicas y no pasaron a tribunales, y de algunos que salieron al exterior y se les prohibió regresar, quedando en el exilio. Casos como estos quedaban excluidos del mandato de la comisión.

Para la vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Mireya García, la proporción de casos rechazados es "aberrante", según la agencia Efe. "Puede haber casos que no cumplen los requisitos, pero que sean casi el 70% del total es absurdo, ilógico", añadió.