Argentina condena a siete criminales de la dictadura

Un tribunal federal de Buenos Aires condenó ayer a siete responsables del centro clandestino de detención El Vesubio, que funcionó en las afueras de la capital de Argentina en la última dictadura de este país (1976-1983). Los jueces condenaron a penas de prisión perpetua a dos exmilitares y a entre 18 y 22 años de reclusión a otros cinco excarceleros por 175 crímenes de lesa humanidad, incluidos secuestros ilegales, torturas y homicidios.

Entre las víctimas figuraba un matrimonio español, cuya mujer estaba embarazada de ocho meses y perdió el bebé por las torturas a las que fue sometida. También allí fue recluida y asesinada una joven alemana, razón por la cual su país se personó como querellante en el juicio. Se trató del primer estado europeo que se presenta como demandante en los procesos contra el terrorismo de la dictadura argentina.

El Vesubio era un complejo recreativo del Servicio Penitenciario Federal y comenzó a usarse como centro de detención ilegal en los últimos seis meses del Gobierno de Isabel Perón, cuando comenzó la represión ilegal bajo en tiempos democráticos y antes del golpe de Estado que encabezó el general Jorge Videla. A su vez, esta finca situada en el municipio de La Matanza, cerca de la autopista que une Buenos Aires con el aeropuerto internacional de Ezeiza, fue desactivado a finales de 1978, antes de la primera misión que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para recoger denuncias contra el régimen.

En El Vesubio estuvieron detenidos los españoles Luis Miguel Díaz Salazar, de 24 años y oriundo de Ayamonte (Huelva), y Esther Gersberg, de 23 y nacida en Montevideo. La familia de Díaz Salazar se había mudado en 1971 a Lomas del Mirador, un suburbio de Buenos Aires, cuando él tenía 17 años. Buscaban una vida mejor que la que tenían en España. Él se empleó como obrero en una fábrica y estudiaba en la universidad para ser aparejador. Se casó con Gersberg, compañera de trabajo, y juntos militaban en Vanguardia Comunista, grupo de raíz maoísta que admitía el uso de las armas para su defensa, aunque no para la toma del poder. Ambos fueron secuestrados en su casa, cuando estaban pintándola para recibir al bebé que Esher llevaba en su vientre. El niño terminó naciendo muerto después de los golpes que recibió Gersberg en El Vesubio.

Allí también acabó en 1977 la socióloga alemana Elisabeth Käsemann, de 30 años. Esta hija del reconocido pastor evangélico Ernst Käsemann se estableció en Latinoamérica en 1968. En Buenos Aires se comprometió pronto con las causas sociales y se enroló en el grupo trotskista Poder Obrero. Elisabeth terminó abrazando la lucha armada, pero curiosamente se negaba a matar. Fue secuestrada por los militares y no se supo nada de ella durante ocho semanas hasta que el régimen la dio por muerta en un supuesto enfrentamiento. Pero la autopsia demostró que murió por tiros a corta distancia en la espalda.

Querella de Alemania por los desaparecidos

El Estado alemán, que en 2001 había pedido la extradición del jefe de El Vesubio, el comandante Pedro Durán Sáenz, por el secuestro y asesinato de Elisabeth, decidió en 2007 personarse como querellante en el proceso judicial que comenzó ese año en Argentina. De este modo, la República Federal de Alemania se convirtió en el segundo país que se presenta como demandante en los juicios contra la dictadura en Argentina. El primero había sido la República de Chile, por el asesinato del general Carlos Prats y de su esposa, Sofía Cuthbert, en Buenos Aires en 1974, a manos de las fuerzas de inteligencia del dictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990).

En El Vesubio también permanecieron cautivos algunos artistas argentinos desaparecidos como el escritor Haroldo Conti, el historietista Héctor Oesterheld (creador del cómic El Eternauta) y el cineasta Raymundo Gleyzer. En total, unas 2.500 personas padecieron en ese centro y la mayoría sigue desaparecida. Durán Sáenz murió a principios de junio, cuando esperaba en libertad el final del juicio.

Los siete condenados fueron el ex general de brigada Héctor Gamen y el ex coronel Hugo Pascarelli, ambos a cadena perpetua; y los ex agentes penitenciarios Diego Chemes (21 años y medio de prisión), José Maidana (22 años y medio), Roberto Zeolitti (18 años), Ricardo Martínez y Ramón Erlán (ambos, a 20 años y seis meses). Unos 200 responsables de terrorismo de Estado han sido condenados desde que se reanudaron los juicios en 2006, tras las amnistías de 1986, 1987 y 1990, pero aún está en marcha un centenar de procesos.