Altos cargos marroquíes revelan la cara oculta de la represión

Chari el Hou, de 64 años, militante socialista, narró hace más de tres años ante las cámaras de la televisión marroquí cómo fue torturado en 1973 y vio morir a golpes a siete de sus 14 camaradas detenidos en la misma redada. Sus palabras estremecieron a Marruecos.

Fue una de las 200 víctimas de los llamados años de plomo, que coinciden con el reinado de Hassan II (1963-1999), elegidas por el organismo Instancia Equidad y Reconciliación para brindar su testimonio -sin dar los nombres de sus verdugos- y promover la concordia. La organización fue creada en 2004 por Mohamed VI, heredero de Hassan II, para resarcir a las víctimas y sus familias.

"Tres o cuatro oficiales cometieron crímenes de guerra", dijo un ex ministro

Junto a las comparecencias públicas de los ex presos de conciencia, la Instancia organizó otras, a puerta cerrada, de responsables políticos, según se ha sabido ahora. Alí Anouzla, director del diario Al Jarida Al Oula, obtuvo una decena de estos testimonios secretos y empezó a publicarlos.

Hay "tres o cuatro oficiales del Ejército que han cometido lo que se podría llamar crímenes de guerra contra prisioneros, pero fuera del ámbito de la guerra", declaró ante la Instancia Khali Khenna Ould Errachid, un saharaui que ha sido varias veces ministro de Hassan II.

"Muchos civiles fueron lanzados al vacío desde helicópteros o enterrados vivos" porque eran sospechosos de simpatizar con las tesis independentistas, prosiguió Ould Errachid, que hoy en día es miembro de la delegación marroquí que negocia con el Frente Polisario. Las palabras de Ould Errachid dan credibilidad a la querella formulada en la Audiencia Nacional española por cuatro saharauis contra 13 jefes de la gendarmería y de la policía marroquí por tortura y genocidio. Les responsabilizan de la desaparición de 542 personas en el Sáhara Occidental. El juez Baltasar Garzón se consideró competente, el pasado octubre, para investigarlo.

El difunto Hassan II ostenta "una responsabilidad moral en las violaciones de los derechos humanos", aseguró, por su parte, Abdelhadi Boutaleb, ex consejero real.

Ahora le iba tocar el turno a Bachir Dkhil, tránsfuga del Polisario y convertido en alto cargo del Ministerio del Interior, pero un tribunal de Rabat prohibió ayer al rotativo seguir publicando testimonios so pena de ser multado.

El periódico fue denunciado por Ahmed Herzenni, presidente del Consejo Consultivo de Derechos Humanos, un órgano designado por el rey que heredó los archivos de la Instancia, disuelta a finales de 2005 al acabar su labor.

Herzenni tachó, en un comunicado, de "bajeza moral" la iniciativa de Anouzla, el director del periódico. Los testimonios, recalcó, "deben constituir un material fecundo para investigadores serios" y no ser aprovechados por "periodistas que jadean detrás de las exclusivas".

"La sentencia contradice el espíritu de la Instancia", se lamentó Anouzla en conversación con este periódico. "Impide a los ciudadanos ser informados sobre los años de plomo pese a que ése fue el propósito de la Instancia y el motivo de su creación".