La reforma de la ley electoral se atasca en el Congreso

El Congreso se reabre esta semana con la crisis económica en el centro de su actividad y con un cajón de acuerdos imposibles entre el PSOE y el PP, que permanecen encallados desde hace más de un año y que tienen que ver con asuntos constitucionales que requieren consenso de los dos grandes partidos.

Así, un año después la Cámara tendrá que prorrogar los trabajos de la subcomisión que estudia la reforma de la ley electoral, sin que se hayan alcanzado aún acuerdos; la ponencia sobre el Estatuto de Castilla-La Mancha no tiene ni fecha prevista para reunirse y el desacuerdo para la renovación del Tribunal Constitucional está a punto de cumplir dos años.

La subcomisión de la ley electoral se creó hace casi un año, ha celebrado decenas de reuniones, con comparecencias de expertos, pero los dos grandes partidos apenas han conseguido avanzar en acuerdos concretos. Hasta el punto de que el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, observa con desánimo el desinterés de los dos grupos mayoritarios y asegura que o se avanza ahora o será imposible hacerlo según se acerquen los sucesivos procesos electorales.

PSOE y PP discrepan sobre los debates, las encuestas y los medios públicos

Tampoco observa entusiasmo en los partidos nacionalistas por abordar la proporcionalidad de la actual ley electoral.

La subcomisión acordó en su arranque diferenciar entre la reforma del procedimiento electoral y la del sistema electoral. En esta última, que es la que incluye los asuntos más polémicos, ni siquiera se ha entrado aún después de casi un año de trabajos, según admite el portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional, Jesús Quijano. En la primera parte, que procede de las recomendaciones de la Junta Electoral Central, se han producido mínimos avances. Se han orillado por falta de acuerdo entre el PSOE y el PP la regulación de los debates electorales, los límites para la publicación de las encuestas y los repartos de los espacios gratuitos y la información en los medios públicos.

Sobre los debates, el PP discrepa de la propuesta del PSOE de incluir una regulación precisa en la ley electoral, para evitar que los partidos eludan su celebración. Y sobre la publicación de las encuestas, los dos coinciden en cambiar la actual regulación que la limita a la semana antes de la jornada electoral, pero el PP veta la posibilidad de eliminar cualquier límite.

Sólo han avanzado en acuerdos mínimos como ampliar plazos de la actual ley que resultan difíciles de cumplir o para blindar el censo. Sin embargo, un año después no se ha abordado el informe del Consejo de Estado que, por ejemplo, sugería la posibilidad de ampliar el número de diputados para mejorar la proporcionalidad en el Congreso.

Quedan también otros asuntos surgidos después de abrirse la subcomisión como, por ejemplo, la baja de maternidad de las diputadas, sobre la que ya hubo acuerdo en la Comisión de Igualdad.