Una reforma cocinada a fuego lento

El Estatuto catalán fue aprobado el pasado viernes, tras 19 meses de negociación. Pero inició su navegación en noviembre de 1999, cuando CiU y PP pactaron investir por última vez presidente de la Generalitat a Jordi Pujol.

- El pacto del Caribe. Aquel jueves 11de noviembre de 1999, Jordi Pujol tenía las esperanzas puestas en el Caribe. Descolgó el teléfono y habló con su homólogo del Gobierno central, José María Aznar. Crecido por la mayoría absoluta, el líder del PP le advirtió desde Honduras de que si quería el apoyo de su partido para salir elegido por sexta vez en primera votación, Pujol debía de seguir los manuales del cortejo: "Si alguien quiere votos tiene que hacer arrumacos, decir unas cosas..." Y Convergència i Unió no se había caracterizado precisamente por su trato cortés al PP catalán. La relación era más bien de desprecio, pues los convergentes consideraban a los populares catalanes poco menos que una interferencia en sus comunicaciones con La Moncloa o la madrileña calle de Génova.

El Pacto del Tinell quiso ser un manual de supervivencia en la España de Aznar

La auditoría sobre los últimos años de Pujol frustró la primera reunión sobre financiación

El PP hizo presidente a Pujol a cambio de que CiU aparcara sus ímpetus nacionalistas

Mas, al conocer la noticia del acuerdo, llamó a Pujol incluso antes que a su esposa

El PP sabía que la relación que le pedía CiU era un simple matrimonio de intereses: los populares harían presidente a Pujol en primera vuelta el martes 16 de noviembre de 1999, a cambio de que CiU se comprometiera a aparcar por una legislatura sus ímpetus nacionalistas. Ambas partes verían cumplidos sus respectivos sueños: Pujol sería presidente, pero debía guardar en la caja fuerte las esencias nacionalistas. La severa cura de adelgazamiento impuesta a CiU comprendía no mentar la reforma del Estatuto catalán ni pedir el concierto económico. El pacto se firmó en los pasillos del Parlament, de pie y contra las columnas. CiU logró sumar a sus votos los del PP (68), contra los 55 de PSC e Iniciativa (ICV) y las 12 abstenciones de una Esquerra temerosa todavía de acometer la freudiana tarea de matar al padre.

- La fragua del tripartito. El panorama invitaba a buscar la confluencia de las izquierdas. El PP se erigía en muro de la derecha española y se aliaba con CiU en aspectos difícilmente defendibles desde el nacionalismo catalán. El líder de Esquerra, Josep Lluís Carod Rovira, le hizo durante la legislatura diversas ofertas de pacto a CiU, que Pujol rechazó en ocasiones con gran una dureza argumental. No sería hasta octubre del 2000 cuando el socialista Pasqual Maragall consiguió atraer a ERC a la creación de una mayoría de izquierdas, alternativa a la de derechas que encarnaban CiU y PP. Las izquierdas pedían una reforma del marco estatutario y trataban de liberalizar el monopolio del catalanismo, que CiU había administrado en beneficio propio durante una veintena de años. La federación nacionalista se oponía a la reforma. El 28 de enero de 2003, el mismo año de las elecciones autonómicas, CiU dio luz verde a la creación de una ponencia para abordar la reforma estatutaria. Ello le permitía dar pedigrí nacionalista a Artur Mas. En un salto de la nada al todo, el ya entronizado sucesor de Pujol propuso en abril de 2003 un concierto económico como el vasco o el navarro, asegurando que, si ganaba las elecciones, en seis meses habría un nuevo estatuto. Del tacticismo convergente, del wait and see, anglicismo tras el que Pujol escondía su pacto con el PP, se pasaba al gran nacionalismo.

- Concentración antiaznarista. El domingo 14 de diciembre de 2003, Maragall, Carod y el líder de Iniciativa (ICV), Joan Saura, salían sonrientes del barcelonés Salón del Tinell, donde acababan de firmar un pacto de Gobierno con un punto estrella: la reforma del Estatuto catalán. Frente a un PP enrocado, la izquierda catalana en el poder estaba dispuesta a impulsar un estatuto, propuesta a la que también se sumaría una Convergència en la oposición. La promesa, el 13 de noviembre de 2003, del candidato socialista José Luis Rodríguez Zapatero - "respetaré el Estatuto que apruebe el Parlamento de Cataluña"- actuaba de acicate para un Ejecutivo de izquierdas que se preparaba para lo peor: vivir con un Gobierno de derechas en Madrid. El 21 de diciembre de 2003, con motivo de la toma de posesión del presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, Zapatero saludó desde el balcón del Palau de la Generalitat. La metáfora de la alianza de la España plurinacional con la Cataluña federal estaba servida en aquella concentración de representantes de partidos anatemizados por el aznarismo. De hecho, el Pacto del Tinell quería ser un manual de supervivencia en una España gobernada por José María Aznar, desde la Cataluña que había organizado las manifestaciones más numerosas de España contra la guerra de Irak.

Haciendo gala de su hecho diferencial, los populares catalanes, liderados por Josep Piqué, pedían tiempo para no dar una negativa categórica a la ponencia del Estatuto recién constituida. Piqué no quería aparecer en plena campaña en una foto junto a los satanizados republicanos de Carod, pero tampoco quedarse en el ostracismo político. "Dadme tiempo y después de las elecciones trataré de sumarme a la ponencia", pedía Piqué en sus entrevistas con Joan Saura, consejero de Relaciones Institucionales, cuando tras el 12 de febrero de 2004 se pusieron en marcha los trabajos en sede parlamentaria.

- Nación, laicismo y toros. Así, no tuvo nada de extraño que cuando el PP perdió el Gobierno sus militantes catalanes se sumaran a los trabajos de la ponencia. La foto de grupo en Miravet, con un castillo templario de fondo, el 12 de noviembre de 2004, era una muestra de la voluntad de resolver escollos por parte de los presidentes de los grupos parlamentarios. El clima de trabajo en el Parlament era bueno y distendido. Tanto que permitía sestear. Uno de los ponentes contabilizó en 25 minutos la siesta más larga de un orondo compañero de la oposición. "Es difícil soportar un debate sobre derechos históricos tras un buen almuerzo", sentenciaba irónicamente el ponente contabilizador del sesteo. Como en las buenas reuniones, no faltaban alusiones a los toros. Muchas de ellas las hizo uno de los letrados del Parlament, Joan Vintró, empedernido seguidor de las grandes ferias. Ésa fue la primera parte, la cara amable del Estatuto, cuando la ponencia analizaba los informes remitidos en clave constitucional por el Instituto de Estudios Autonómicos (IEA), organismo dependiente de la Generalitat que preside el ex magistrado del Constitucional Carles Viver Pi-Sunyer.

Agua café y Coca-cola han ocupado el podio de las bebidas más solicitadas por los diputados estatutarios. El café era la bebida preferida de convergente Francesc Homs, la socialista Lídia Santos, el republicano Joan Ridao o el popular Francesc Vendrell. La coca-cola contaba entre sus asiduos con la democristiana Núria de Gispert, el ecosocialista Joan Boada y, en su variedad light, con el socialista Miquel Iceta. La nota disidente la ponían los zumos de naranja del diputado de Iniciativa Jaume Bosch.

- El embrollo del 3%. El buen clima permitió que en enero pasado nadie se rasgara las vestiduras en la ponencia cuando desde la izquierda -como cita erudita proveniente de los republicanos radicales de Alejandro Lerroux- alguien recordó: "La iglesia que más alumbra es la que arde". Se estaba debatiendo el carácter laico de la enseñanza pública y la cita sentó peor en los bancos de la derecha. Para entonces algo se estaba rompiendo: el tripartito presentó, coincidiendo con la festividad de los Santos Inocentes del 2004, una auditoria de gestión sobre los últimos años del pujolismo, la cual ni siquiera entraba a analizar la licitación de la obra pública en Cataluña. Pero para CiU fue excesivo. Artur Mas se negó, al día siguiente, a asistir a la primera cumbre entre Convergència y el tripartito para hablar de financiación. De remate, en la sesión de control celebrada en el Parlament el jueves 24 de febrero de este año, tras el hundimiento del túnel en el barcelonés barrio del Carmel, Pasqual Maragall, mirando a Artur Mas, dijo: "Ustedes tienen un problema que se llama 3%", en alusión a supuestas comisiones. La respuesta de Mas fue contundente: "Ahora mismo acaba de mandar esta legislatura a hacer puñetas".

- Alarmas en el PSOE. El Estatuto se ralentizó pero siguió su marcha. Y a medida que llegaban los textos a Madrid crecía la preocupación en medios gubernamentales. "El PSOE y el Gobierno central se pasaron varios meses sin mirar la documentación que les enviábamos y luego cuando la leyeron se asustaron", subraya un destacado miembro del Gobierno catalán. Las declaraciones críticas del ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, y de destacados dirigentes del PSOE se multiplicaron. CiU aprovechó la ocasión para criticar el texto de Estatuto, pues el PSC, a su juicio, iba a acabar subordinándose al PSOE. El lunes 23 de mayo, en el Ministerio de Administraciones Públicas se reunían el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño, y José Miguel Vidal, miembro del gabinete de Presidencia del Gobierno, con una delegación del PSC encabezada por Lídia Santos. De ahí surgió la idea de aligerar el blindaje de competencias. El 9 de junio pasado, los socialistas catalanes ponían sobre la mesa su propuesta de compactación de competencias, ante el rechazo de sus compañeros de Gobierno de Esquerra e Iniciativa per Catalunya. Y es que a medida que avanzaba el Estatuto, el clima se enrarecía y crecían las presiones. Dos días después, el 11 de junio, se celebró la segunda cumbre de líderes, el llamado Miravet II. No hubo fotos, ni comunicado final conjunto, a pesar de los reiterados intentos que hizo Pasqual Maragall. Para entonces la plana mayor del PP había hecho fortuna con su idea de que el Gobierno de Zapatero era rehén del tripartito. Eran vísperas de elecciones en Galicia.

- Libre albedrío. Pero la discrepancia no solo apareció entre tripartito y oposición. Los propios socios del Gobierno dieron un ejemplo de diversidad. El 8 de julio pasado se llegó a la primera votación del texto. Ante las dudas de Esquerra, Pasqual Maragall, el primer secretario del PSC, José Montilla, y el vice-primer secretario, Miquel Iceta, se entrevistaron con la plana mayor republicana. El domingo 3 de julio, en una casa vecina a la de la familia Maragall, cenaron las direcciones de ambos partidos. Quizás como un hecho premonitorio de la que se avecinaba, a Joan Puigcercós, secretario general de ERC, le sentó mal alguno de los platos. Aunque los republicanos votaron con el tripartito el 8 de julio, el 29 de ese mes, en segunda votación, ERC trastocó alianzas y se alineó con CiU. Era la respuesta republicana a los intentos del PSC, aseguraban desde ERC, de poner sordina al Estatuto. Convergència había conseguido que los republicanos se sumaran a sus tesis, mientras se remitía el texto aprobado al Consejo Consultivo.

- Citas en Barcelona. Mientras aguardaba el dictamen del Consejo Consultivo, Maragall trató de buscar un acercamiento personal con su rival, Artur Mas. La reunión que ambos mantuvieron el 27 de julio marcó una inflexión. Las llamadas telefónicas entre ambos se multiplicaron. Se habló incluso de que este sería el Estatuto del móvil. Se vieron en el domicilio barcelonés de Maragall. Cada uno creyó haber seducido al otro, pero en realidad nadie estaba enamorado. Maragall, desde su casa de Rupià, telefoneaba a Zapatero, y también a Mas. El secretario de Relaciones con las Cortes, Francisco Caamaño, -considerado como una de las voces autorizadas del Gobierno central por su proximidad a Zapatero- viajó a Barcelona para aclarar conceptos y argumentar la inconstitucionalidad de los derechos históricos ante dos alumnos de excepción: Maragall y Mas. El acercamiento parecía inevitable. Pero persistía la diferencia en la financiación. El 5 de septiembre el Consejo Consultivo hizo público su dictamen: el Estatuto contenía 19 artículos inconstitucionales y otros 35 susceptibles de serlo.

- En Madrid, con Zapatero. El lunes 19 de septiembre, mientras Josep Lluís Carod ordenaba a la dirección de Esquerra dar garantías de fidelidad al PSC, el líder de CiU emprendía su viaje a Madrid. Ello obedecía al esfuerzo de concertación del presidente para visualizar su compromiso constructivo con los catalanes, según fuentes socialistas. Lo que sucedió en la entrevista entre Mas y Zapatero varía según las fuentes. Desde el PSOE se ha asegurado que el presidente dejó claro que el concierto económico que pedían los convergentes era inasumible. CiU en cambio vio en la reunión de La Moncloa una oportunidad de llevarlo adelante, pues la rebaja -aseguran que les dijeron- ya se produciría en Madrid, durante la tramitación en el Congreso. Esa era la mejor escenografía imaginada por CiU: el Madrid jacobino frente a la Cataluña girondina. Y ya en términos de Revolución Francesa, algunas fuentes aseguraban que Mas se interesó acerca de un eventual guillotinamiento de Maragall, es decir que no volviera a ser candidato, como condición para el pacto estatutario. CiU negaba esa versión y aseguraba que ésa sería una maniobra indigna.

Ante las noticias que llegaban, los socialistas catalanes se movilizaron. El 22 de septiembre hubo una densa conversación entre el primer secretario del PSC, José Montilla, y Moncloa. "El PSC nunca avalará un texto inconstitucional", zanjó Montilla. Ese día el presidente del Gobierno volvería a recibir a Mas, esta vez en compañía de Maragall. El presidente de la Generalitat se desplazó en coche hasta Madrid, al igual que el líder de oposición. Maragall llegó en torno a las cinco de la tarde y estuvo con Zapatero hasta las siete, hora en que llegó Mas. El clima se enrareció entre CiU y PSC. De las tres reuniones sobre financiación previstas para esa semana, CiU sólo acudió a una de ellas en el céntrico y discreto Hotel Taber de Barcelona. CiU estaba enrocada y el PSC herido, pues se sentía puenteado. La situación se enconó aún más en un fin de semana de infarto. El viernes 23, el consejero de Economía, Antoni Castells, entregó su propuesta de financiación a Mas en presencia de Maragall. Al cabo de dos días, el domingo, CiU, desechaba "el papelucho" socialista. Los convergentes confiaban aún en que flaquease la fidelidad de Esquerra al Gobierno tripartito. Fue un fin de semana duro para un Maragall que dudaba de todo. El clima era de pesimismo. La recreación escenográfica alcanzó su apogeo el jueves en el Parlamento catalán: el tripartito rechazó la oferta de CiU y le hizo otra. Cuatro horas después de suspenderse el pleno, el consejero Castells y el portavoz convergente, Felip Puig, alcanzaron el acuerdo basándose en la propuesta del tripartito, a la que se sumaron elementos defendidos por CiU. El acuerdo sobre el Estatuto encontró un escollo inesperado en el laicismo en la enseñanza. Al final, abrazos y fotografías. Mas, al conocer la noticia del acuerdo, llamó a Jordi Pujol, incluso antes que a su propia esposa. Maragall llamó a Zapatero. El viernes pasado, por 120 votos a favor y 15 en contra, los del PP, el Estatuto fue aprobado.