La recusación de Pérez Tremps desata una guerra política por el control del Constitucional

La recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps para dirimir los recursos de inconstitucionalidad presentados por el PP, el Defensor del Pueblo y cinco comunidades autónomas contra el nuevo Estatuto catalán ha activado las alarmas en el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

La preocupación se ha extendido entre los ministros, que temen que la recusación de Pérez Tremps acabe con una revisión en profundidad del Estatuto aprobado por el Parlamento catalán y el Congreso de los Diputados, y refrendado en las urnas. La inquietud es máxima y las soluciones al contratiempo son escasas.

"El cambio de voto de Vicente Conde es una de las mayores decepciones de mi vida", relata uno de los magistrados

El magistrado recusado se plantea la posibilidad de dimitir tras analizar su situación "personal e institucional"

La deliberación en el tribunal se llenó de tensión y degeneró incluso en descalificaciones personales

El Gobierno entiende que el PP ha dado un golpe de mano con esta recusación para tomar el control del Constitucional a través de los seis magistrados que los populares eligieron en su día para ese organismo. Tres de esos seis magistrados votaron hace un año contra otra recusación de Pérez Tremps, en el recurso que presentó el PP contra la admisión a trámite en el Congreso de la reforma estatutaria. Pero ahora han cambiado de posición, ante una supuesta "nueva información" sobre el caso, y han tomado de hecho el control sobre las decisiones que adopte el Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña al tener una mayoría suficiente (seis frente a cinco).

Aunque sin hacer una mención directa a la decisión del Tribunal, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, calificó ayer de "derecha extrema" al PP por su insistencia en "pervertir" el funcionamiento del Estado de Derecho. El ministro de Justicia, Fernando López Aguilar, subrayó que "nunca hasta ahora se había admitido la recusación de un magistrado constitucional" y defendió que Pérez Tremps era "perfectamente apto y honorable" para integrar el tribunal.

Fuentes de los magistrados del sector progresista reconocieron que la deliberación fue "muy dura" y la votación "a cara de perro", incluso con rencillas y descalificaciones en el terreno personal. Esas fuentes manifestaron que el jueves "ya se sabía el resultado" y que la votación del lunes pasado fue un mero formalismo, que los perdedores cubrieron "con un sentimiento de pena y de rabia, porque no se puede utilizar las instituciones como se ha hecho", llegando incluso a "zarandearlas y herirlas para descabalgar a un magistrado". En particular, el cambio de voto del magistrado Vicente Conde fue, según un magistrado consultado, "uno de los desengaños más grandes que he tenido".

Pérez Tremps manifestó en la cadena SER que "por lo menos" se va a plantear si presenta su dimisión tras valorar su situación "personal e institucional". En realidad, tras ser expulsado del pleno sobre el Estatuto de Cataluña por seis de sus compañeros, su posición no puede ser más desairada. Pérez Tremps reconoció que no se siente muy a gusto y no entiende "cómo algo puede ser para unas personas unas cosas y seis meses después, la contraria". El magistrado previsiblemente se tomará un tiempo para meditar su dimisión, a la vista de su situación en un tribunal en el que la mitad de sus miembros le acusan de "parcialidad".

Pero la expulsión de Pérez Tremps puede no ser el último episodio de la guerra por el control del Constitucional ante la evidencia de que el PP intentará por todos los medios mantener la actual mayoría de 6-5.

El statu quo podría recomponerse en el caso de que Pérez Tremps presentase su dimisión, dado que al ser uno de los dos magistrados que nombra el Gobierno, éste podría sustituirlo inmediatamente por otro, mediante un simple real decreto. Aunque el PP ya se ha adelantado a señalar que la sustitución de Pérez Tremps sería "algo inaceptable y fraudulento", el Gobierno podría alegar el estricto cumplimiento de las previsiones de sustitución.

Sin embargo, las fuentes consultadas temen una segunda línea de ataque que el PP podría dirigir contra la la presidenta del Constitucional si para mediados de junio aún no hay sentencia sobre el Estatuto. Antes del episodio de Pérez Tremps había un "pacto de caballeros" para que hubiera sentencia sobre el Estatuto antes del verano, pero, tras lo sucedido en el seno de la institución, lo más probable es que la situación degenere en una "batalla campal" por el control del tribunal.

El mandato de María Emilia Casas como presidenta concluye a mediados de junio, aunque el término de su mandato de nueve años como magistrada finaliza a finales de diciembre. Aunque lo lógico, en términos de cortesía entre los magistrados constitucionales, sería prorrogar su presidencia los seis meses que le faltan hasta el final de su estancia en el tribunal, una vez que los magistrados del sector conservador "se han quitado la careta" los que han quedado en minoría temen que se intente sustituir a la presidenta por el magistrado más antiguo o el de mayor edad, cargo que recaería en uno del sector conservador. El artículo 9 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional establece que el Pleno "elige de entre sus miembros por votación secreta a su presidente". En primera votación se requiere mayoría absoluta; si ésta no se obtiene, en segunda votación resulta elegido el que obtenga mayor número de votos.

En caso de empate, se efectúa una última votación y si éste se repite, "será propuesto el de mayor antigüedad en el cargo" y en caso de tener la misma antigüedad, "el de mayor edad". Los de mayor antigüedad en el cargo son el vicepresidente Guillermo Jiménez y uno de los magistrados que ha cambiado de voto, Vicente Conde Martín de Hijas. Ambos cuentan con la misma antigüedad que la presidenta, pero son diez años mayores de edad que ella y Vicente Conde es el más antiguo. Si cambia el presidente, cambiaría de manos el "voto de calidad" en caso de empate sobre el Estatuto.