"Se montó una 'gestapillo'. ¡Ojalá se sepa quién lo hizo!"

"En este mundo puede haber ocasiones en las que determinadas personas quieren o pretenden tener instrumentos o información sobre determinadas personas. Pero no lo sé, hay que preguntar a las personas que hicieron esos seguimientos para saber los motivos". Cobo respondía así a la salida del juzgado a la pregunta de un periodista sobre si alguien había querido utilizar los partes de espionaje como un arma contra él. "Yo dije que se montó una gestapillo y ojalá en este procedimiento se sepa quién lo hizo", añadió.

Lo que ignoraba Cobo es que entre el tumulto de periodistas que atendían sus palabras a salida del juzgado se encontraba un miembro del Gabinete de Prensa dela consejería de Interior de la Comunidad de Madrid, que dirige Francisco Granados, responsable político de los ocho agentes investigados por espionaje, cuatro de ellos ya imputados.

Una portavoz de la consejería de Interior explicó, sin querer confirmar o negar la presencia de una empleada de su gabinete, que ese hecho estaría justificado porque a la comparencia judicial de Cobo acudió alguien vinculado a la Comunidad: "Nuestro abogado", dijo. Aludía al letrado privado que defiende a los cuatro imputados del Gobierno de Aguirre: tres ex guardias civiles asesores de Granados y el ex director general de Seguridad, Sergio Gamón. La enviada especial de Granados adujo, según diversos testimonios, que acudía en virtud de que debía cubrir la presencia del abogado de los imputados.

"Igual que lo de Cobo"

Al hablar de "nuestro abogado", la portavoz de Interior parecía apuntar a que la Comunidad sufraga con dinero público la defensa de los presuntos autores del espionaje. "Es igual que lo que ocurre con Cobo, que acude con el abogado del Ayuntamiento". La diferencia entre un caso y otro es que Cobo es víctima y denunciante del espionaje y recurrió al letrado institucional porque fue vigilado mientras ejercía su cargo, mientras que los subordinados de Granados, de confirmarse los hechos, son los presuntos culpables de una actividad ilegal desarrollada con fondos públicos, tipificada como malversación.

La misma portavoz de Interior alegó más tarde que no sabía quién pagaba al abogado. El letrado que se encarga de la defensa de los imputados, el ex fiscal Enrique Molina, afirmó que él no tenía ningún contrato firmado ni con los imputados ni con la Comunidad: "Yo, en principio, facturaré a mis defendidos y que ellos deriven la factura a quien quieran".