Una mayoría del Constitucional apoya vetar 15 artículos del Estatuto

Las últimas deliberaciones en el Tribunal Constitucional (TC) sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Partido Popular contra el Estatuto de Cataluña han permitido vislumbrar un principio de acuerdo en el bloque progresista, compuesto por cinco de los diez magistrados que forman el pleno que debe deliberar sobre este asunto. El Partido Popular recurrió en total 126 artículos del texto. El principio de acuerdo alcanzado en el seno del bloque progresista implicaría el retoque de 35 artículos, es decir, prácticamente un tercio de los cuestionados.

Con el voto de calidad de la presidenta del tribunal, María Emilia Casas, que forma parte del bloque progresista, sería suficiente para sacar adelante la sentencia, más de tres años después de presentado el recurso. El acuerdo de principios al que se ha llegado se inclina por considerar inconstitucionales 15 artículos del Estatuto autonómico y por reinterpretar otros 20 con el objeto de explicar al Gobierno catalán la fórmula de aplicación para que no resulten inconstitucionales. El bloque progresista aspira a conseguir ahora el respaldo de al menos uno de los cinco magistrados del bloque conservador para poder de esta forma sacar adelante el texto acordado sin necesidad de que la presidenta se vea obligada a hacer uso de su voto de calidad.

Fuentes del Tribunal Constitucional consultadas por este periódico aseguran que todo está abierto y que en ningún caso habrá decisión antes de 15 días.

Si este principio de acuerdo sigue adelante, la sentencia del Tribunal Constitucional corregirá algunos de los aspectos más polémicos del Estatuto autonómico. En el preámbulo (que según la jurisprudencia constitucional carece de valor normativo o jurídico), el Estatuto hace referencia a Cataluña para definirla como "nación".

El Estatuto que salga del Constitucional podría admitir el principio de bilateralidad del artículo 3, pondría múltiples pegas a todo lo relacionado con los derechos históricos del artículo 5 y, sobre todo, a los símbolos nacionales del artículo 8, en cuanto podrían interpretarse como un derecho a la nacionalidad de los catalanes.

El artículo 6, que establece la obligatoriedad de conocer el catalán por todos los ciudadanos de Cataluña, también será reinterpretado. El Estatuto mantendría una parte sustancial de las nuevas competencias, pese a que ese apartado también ha sido recurrido por el PP. También fue impugnado por el PP el capítulo de financiación y el que se refiere al Poder Judicial en Cataluña. El Estatuto define el Consejo de Justicia catalán como "órgano de gobierno" de los jueces y "órgano desconcentrado" del Consejo General del Poder Judicial.

El Gobierno tripartito de la Generalitat (PSE, ERC e ICV), se ha pronunciado en diversas ocasiones en contra de cualquier modificación del texto, con el argumento de que el Estatuto fue aprobado por el Parlamento autonómico, por el Congreso de los Diputados y por los ciudadanos de Cataluña en consulta pública.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró en una entrevista emitida hace una semana por la televisión autonómica catalana que "la mayor parte de preceptos del Estatuto son constitucionales". No quiso especificar qué artículos podrían vulnerar la Ley Fundamental, aunque sí dejó claro que prefiere definir a Cataluña como una "nacionalidad" o una "comunidad autónoma", en lugar de emplear el término "nación" que aparece en el preámbulo de la carta autonómica.