El fiscal vuelve a pedir al Supremo que archive la causa contra Garzón

El fiscal del Tribunal Supremo reiteró ayer por tercera vez que el juez Baltasar Garzón no incurrió en delito de prevaricación con su investigación de las fosas del franquismo, insistió en que resulta "absolutamente innecesario" continuar la instrucción y reclamó el sobreseimiento y archivo de la causa. El alegato de la fiscalía es el último aval que puede evitar que el instructor del Supremo, Luciano Varela, acabe con la carrera de Garzón sentándole en el banquillo.

El fiscal apoya la petición de archivo formulada el mes pasado por el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, por más que no comparte las afirmaciones de éste de que la instrucción de Varela ha sido "inquisitiva" e "injustificadamente retardada".

El escrito del fiscal enumera las cuatro resoluciones de Garzón que los querellantes del pseudosindicato Manos Limpias, Libertad e Identidad y la Falange consideran supuestamente "prevaricantes". De entrada, el fiscal ve "absolutamente sorprendente" que puedan ser vehículos de una prevaricación judicial dos resoluciones "diametralmente opuestas": el auto por el que Garzón se declara competente para investigar los crímenes del franquismo, y su contrario, es decir, aquel en el que decide inhibirse al entender que la competencia corresponde a los juzgados de las localidades donde se encuentran las fosas de fusilados de la Guerra Civil. Según el fiscal, es "difícilmente comprensible" que si prevaricó al declararse competente, lo haga también al inhibirse.

Para la Fiscalía del Supremo, la decisión de Garzón de declararse competente difícilmente puede considerarse jurídicamente "indefendible" o "irracional" y por tanto "prevaricante", ya que esa misma posición fue la que defendieron cuatro magistrados en un pleno de la Sala Penal de la Audiencia Nacional. Además, cuando Garzón se inhibió en favor de diversos juzgados dispersos por toda la geografía nacional, "curiosamente algunos jueces (los de Granda y el Escorial) devolvieron la causa al entender que la competencia correspondía al juez de la Audiencia Nacional".

El fiscal tampoco considera "prevaricante" la petición de los certificados de defunción de Franco y otros personajes "históricamente relevantes". "Se olvidan los querellantes", dice, que en el proceso penal no hay hechos "notorios" o "no controvertidos", es decir, que todo hay que probarlo. Además, eran múltiples los presuntos implicados en los crímenes del franquismo y el fallecimiento de los menos conocidos podía ser "presumible", pero en modo alguno "notorio". El certificado de fallecimiento, incluso de Franco, es la aportación de un dato formal al procedimiento.

El fiscal concluye: "¿Podría haber prevaricado el juez que tramitó la declaración de herederos de Franco y pudo y debió solicitar de sus presuntos herederos que acreditaran el fallecimiento?".