El fiscal dice al PP que no puede abrir una "causa general" contra Bono

El PP tiene desde hace días un escrito de la Fiscalía General del Estado que responde a sus reiteradas peticiones para que se investigue si el presidente del Congreso, José Bono, incrementó su patrimonio de manera irregular. La fiscalía contesta a Mariano Rajoy que las "insinuaciones de terceros" (refiriéndose a los medios de comunicación) sobre el aumento de su patrimonio son "insuficientes para someter a una persona a una investigación penal".

El PP ha remitido a la fiscalía hasta en cinco ocasiones recortes de periódicos que vinculaban el patrimonio de Bono al supuesto trato de favor que le han dado algunos empresarios que operan en Castilla-La Mancha -como el constructor Francisco Hernando, El Pocero, y Rafael Santamaría, propietario de la promotora Reyal- y que, según esas informaciones, podrían haberse beneficiado de su amistad con el ex presidente de esa comunidad. También ha sugerido que Bono podría haber incurrido en el delito de cohecho pasivo impropio, el mismo que se imputa al presidente valenciano Francisco Camps.

- Ausencia de hechos delictivos. El fiscal responde que "en los diferentes escritos reseñados y en la documentación aportada junto a ellos no se menciona ningún hecho que se tache de presuntamente delictivo". "Solo en la medida en que pueda vincularse ese incremento con un hecho delictivo podrá abrirse una investigación, pero para investigar el delito del que procede el incremento [patrimonial de Bono], y no este último".

- Cohecho impropio. "No es aplicable la doctrina del cohecho impropio pasivo porque [en el caso de Camps] se trataba de una investigación abierta a raíz de la existencia de muy fundados indicios de unos concretos delitos atribuidos a personas igualmente concretas [Francisco Correa y el resto de dirigentes de la trama empresarial corrupta], habiéndose descubierto en el curso de esa investigación un presunto vínculo [regalos de trajes a cinco altos cargos del PP por 30.000 euros] de contenido económico entre aquellos imputados y el presidente" Camps. "En ningún caso, por tanto, se produjo una investigación patrimonial generalizada del cargo público afectado [Francisco Camps], ni (...) en ningún caso se dirigió la imputación contra él en virtud de insinuaciones acerca del origen de sus bienes".

- Relaciones entre Bono y Santamaría. "Ni siquiera el hecho de que en el presente caso tales insinuaciones se concreten en diversas relaciones económicas entre Bono y Rafael Santamaría permite acudir, sin más, al mencionado tipo penal, puesto que frente a la afirmación de ambos implicados -recogida en los propios medios de comunicación que se aportan como prueba- de que su relación es personal y de amistad, no se hace constar indicio alguno que (...) permita vincular específicamente ese tráfico económico al ejercicio de algún cargo público" por Bono. Sobre la vaguedad de las informaciones, el fiscal pone un ejemplo: "Se aporta una publicación que afirma que Santamaría regaló a Bono un caballo, pero al día siguiente, el mismo diario, que también se aporta, dice que ese caballo fue pagado por el propio Bono; o se trata de relacionar a éste con una recalificación urbanística, sin especificar ni remotamente cuál hubiera podido ser su intervención en ella".

- No a una causa general. La fiscalía aclara al PP que no puede abrir una causa general contra Bono "con una indagación prospectiva de orden patrimonial (para la que el Ministerio Público carece de competencia alguna), por el mero hecho de que los medios puedan reflejar datos relativos al patrimonio de una persona y valorar que el mismo no se corresponde con sus posibilidades económicas". "Es evidente que requerir a un Gobierno de una comunidad autónoma nada menos que la documentación de todos los contratos realizados durante diez años, período en cuya mayor parte además el señor Bono no tenía cargo oficial alguno en dicha comunidad, con el mero objetivo de buscar en dichos contratos alguna irregularidad vinculada a su patrimonio que permita imputarle un delito, constituiría un caso paradigmático de inquisición general", concluye el Ministerio Público.