Los espías son de la Consejería de Interior

Los seguimientos en Madrid a cargos políticos del PP contrarios a la línea marcada por Esperanza Aguirre -el vicealcalde de la ciudad, Manuel Cobo, y el ex consejero de Justicia Alfredo Prada- se hicieron desde la Consejería de Interior del Gobierno de la Comunidad de Madrid por personal de la Dirección General de Seguridad. Los indicios recaen sobre un equipo de la máxima confianza del máximo jefe de esa área, Sergio Gamón, director general de Seguridad. Ese equipo estaba compuesto por asesores, trabajadores eventuales y funcionarios de la consejería.

Los agentes que se encargaron de los seguimientos dejaron anotaciones manuscritas sobre los partes mecanografiados para identificar determinadas matrículas de coches que aparecían durante sus tareas de espionaje. Los agentes escribieron a mano el número de la matrícula y el nombre de su supuesto propietario, que confirmaron, supuestamente, acudiendo a otros servicios policiales.

"Los textos han sido manuscritos por la misma persona", afirman los peritos

Las notas de los espías se referían a matrículas de coches y sus dueños

Rajoy, IU y PSOE pidieron informes caligráficos para conocer la verdad

Los responsables del PP se niegan a responder sobre el cese de Gamón

La letra manuscrita que figura en alguno de esos partes coincide con la de al menos una de las personas que está empleada en ese departamento de la Comunidad de Madrid desde hace años, según las conclusiones de los dos informes caligráficos encargados por este periódico a los peritos José Javier Simón Alonso y Rafael Martín Ramos.

Antes de encargar los informes periciales, EL PAÍS tuvo acceso a numerosos documentos originales del departamento de Seguridad de la Comunidad de Madrid (formularios de personal y partes de vacaciones o turnos), donde se recogen algunos apuntes manuscritos de funcionarios que trabajaban allí.

En alguno de los documentos de ese departamento con los que ha trabajado este periódico, la caligrafía coincide con la que aparece en las anotaciones manuscritas de los partes de seguimiento a políticos, fechados entre marzo y mayo de 2008.

Los peritos Simón Alonso y Martín Ramos sacan idéntica conclusión tras analizar con diversas técnicas y durante días todos los documentos facilitados por este periódico y que se presentan en estas páginas. "Los textos dubitados [las anotaciones de los partes de seguimiento publicados por este periódico] han sido manuscritos por la misma persona que realizó los textos y firma indubitados [documentos originales de la Direción General de Seguridad que se corresponden con distintos formularios y presupuestos donde los empleados escribieron a mano diversas anotaciones]", señalan Simón Alonso y Martín Ramos.

El presidente del PP, Mariano Rajoy, y los líderes de la oposición en la Asamblea de Madrid, Inés Sabanés (IU) y Maru Menéndez (PSOE), habían defendido la necesidad de ordenar informes caligráficos para determinar la autoría de la letra que aparece en los partes de seguimiento.

Pero ni el Gobierno autónomo de Esperanza Aguirre ni el juzgado que investiga estos hechos, el número 47 de Madrid, que acumula las pesquisas iniciales de la Fiscalía de Madrid, se han interesado por la práctica de esta prueba para investigar de dónde procedió el espionaje.

El consejero de Interior madrileño, Francisco Granados, llegó incluso a poner en duda la autenticidad de los partes de seguimiento publicados por este periódico, pese a que los dos espiados, Manuel Cobo y Alfredo Prada, confirmaron punto por punto que el contenido de los seguimientos se correspondía con sus actividades públicas y privadas de aquellos días.

El autor de la letra a la que se refieren los peritos calígrafos es un técnico de la Dirección General de Seguridad llamado José Manuel Pinto. "No sé de qué me está hablando. Eso lo tendrán que probar en el juzgado", declaró ayer cuando conoció por este periódico el resultado del informe pericial.

El agente Pinto, un veterano que lleva en el servicio desde 1989, trabajaba hasta hace unos meses a las órdenes directas del entonces director general de Seguridad, Sergio Gamón, fichado en 2007 por Esperanza Aguirre. La dirigente madrileña conocía bien a Gamón, pues trabajó en el equipo de seguridad del Senado cuando ella era presidenta de esa institución. Una de las secretarias de Aguirre en el Senado durante aquella etapa era la esposa de Gamón. Cuando en julio de 2008 Gamón fue destituido de su puesto por irrumpir en un despacho de la Consejería de Justicia -casualmente, de una persona que también había sido espiada algunos meses antes-, para sustraer documentación supuestamente delicada, Aguirre ordenó que se le buscase un cargo dentro de la misma Consejería de Interior. Le garantizó así que siguiera cobrando más de 90.000 euros anuales. El consejero Francisco Granados lo hizo con celeridad. Gamón sólo estuvo tres días en el paro tras ser destituido por supuesto espionaje ilegal de una dependencia de la Comunidad de Madrid.

Unos meses antes de su destitución, se produjeron los seguimientos a políticos del PP. En los meses del espionaje, de los que ha quedado prueba documental a través de partes de seguimiento (entre marzo y mayo de 2008), se había desencadenado con especial virulencia la mayor batalla que se recuerda por el poder dentro del PP.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se había mostrado muy crítica con la dirección del partido tras la derrota electoral, y muchos de sus consejeros defendían que había que plantar cara a Rajoy en el congreso extraordinario que se iba a celebrar en junio en Valencia.

En ese ambiente de fractura interna en el PP se producen los seguimientos diarios al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, enfrentado con Esperanza Aguirre y con el propio Gobierno regional por asuntos políticos y de pura gestión diaria de ambas instituciones.

También hay seguimientos más detallados al que entonces era un miembro del propio Gobierno regional, el consejero de Justicia, Alfredo Prada.

A Prada, según los partes diarios de seguimiento, se le espía en restaurantes y hoteles y se describe a las personas que le acompañan para tratar de identificarlas, a veces utilizando otros servicios de información de manera ilegal para conocer quiénes podían ser los propietarios de determinados vehículos. Prada se situó del lado de Rajoy en la batalla interna del partido y ahora es un cargo orgánico de la dirección nacional. Desde hacía meses, había caído en desgracia en el Gobierno de Esperaza Aguirre. La presidenta pasó de tenerle en el máximo escalafón de su equipo de gobierno, como vicepresidente y consejero de Justicia e Interior, a dejarle únicamente la cartera de Justicia.

Además, sólo dos meses después de los últimos seguimientos a Prada de los que existe prueba documental, y concluido el congreso regional con una victoria aplastante de Mariano Rajoy, la presidenta regional le destituyó como consejero de Justicia.

Uno de sus hombres de confianza, Juan Carlos Fernández, director de Seguridad de la Ciudad de la Justicia, también fue víctima del espionaje del personal de la Dirección General de Seguridad: sólo un día después del cese de su consejero, sufrió el robo de su ordenador personal y de distintos documentos que guardaba en su despacho de la Ciudad de la Justicia. Lo denunció ante la Fiscalía de Madrid, conociendo que Sergio Gamón era el jefe del grupo de agentes que irrumpió en su despacho. Pero la fiscalía archivó el caso porque la prueba concluyente de aquel asalto se había borrado. Las cámaras de videovigilancia del recinto sólo guardaban cinco días de grabación, y el fiscal pidió esas pruebas un mes después de que ocurrieran los hechos.

Sergio Gamón se negó a dar detalles de esta operación en su comparecencia de la semana pasada ante los diputados autonómicos. El consejero de Interior, Francisco Granados, de quien depende, también evitó responder en los últimos días al episodio de la destitución de Gamón y su nombramiento, sólo tres días después, en un cargo que no tiene ni personal ni competencias asignadas. Gamón explicó que desde que le destituyeron como director general de Seguridad se ha dedicado a redactar un informe sobre la seguridad en los edificios institucionales de la Comunidad de Madrid. En eso lleva casi siete meses.

Según fuentes de la Consejería de Interior, Gamón ha contado siempre con una célula de hombres de su confianza para los trabajos más delicados, "secretos", según la denuncia inicial que presentó UGT ante la Dirección General de la Función Pública.

De hecho, los partes de los espías aluden a Gamón, cuando narran que han visto entrar el coche de su "director Sergio" en las oficinas del consejero de Justicia, Alfredo Prada, mientras lo vigilaban. Al igual que anotan que deben volver a la sede de la dirección por órdenes de "Miguel", en alusión a Miguel Castaño, ex subdirector de seguridad recolocado como asesor, al igual que Gamón, tras ser destituido en julio pasado.