Los entierros del Yak-42 fueron ilegales

Una ilegalidad sólo se tapa con otra. Y así sucesivamente. La tercera jornada del juicio por las falsas identificaciones del Yak-42 dejó en evidencia el cúmulo de irregularidades y complicidades que rodearon la gestión de la tragedia por parte del Ministerio de Defensa, cuyo responsable político era el actual diputado del PP Federico Trillo.

El cónsul de España en Estambul (Turquía), Raimundo Ezquerra, se sentó ayer en el asiento reservado a los testigos pero, a juzgar por la dureza del interrogatorio al que le sometió el fiscal Fernando Burgos, parecía situarse un poco más atrás, junto a los acusados.

Ezquerra reconoció que, con los 62 militares fallecidos el 26 de mayo de 2003, no cumplió ninguno de los trámites previstos en la normativa sobre policía sanitaria mortuoria: ni recabó los certificados de defunción, ni inscribió los fallecimientos en el registro civil consular, ni se ocupó de tramitar los permisos para el traslado de cadáveres, ni levantó acta del cierre de los féretros, ni los lacró, ni los selló.

La norma obliga al cónsul a lacrar y sellar los féretros, pero no lo hizo

Los cadáveres fueron inscritos en el registro después de ser sepultados

"¿No sabe que era su deber abrir un expediente por cada fallecido?", le preguntó el fiscal.

"Eso es lo que generalmente ocurre", respondió.

"¿Le dijeron que no se preocupara porque ya lo arreglaría el Ministerio de Defensa?"

"No sé si me lo dijeron, pero es obvio que eso es lo que iba a pasar".

"¿Y no es cierto que usted sabía que lo que iba a hacer no era legal y por eso emite ese certificado, para cubrirse por si hay problemas en el futuro?"

"Lo hice porque me lo pidieron. Por si lo necesitaban para el traslado".

El certificado por el que le preguntaba el fiscal es una nota manuscrita en la madrugada del día 28 en la que el cónsul dejó constancia de que "debido a las circunstancias excepcionales referentes a la repatriación de los restos mortales de las víctimas del accidente [...] no se han podido cumplir todos los requisitos habituales para la obtención de la licencia de entierro".

Esa nota es el único documento con el que salieron de Turquía y llegaron a España 62 cadáveres. La inscripción de los fallecimientos se hizo los días 29 y 30 de mayo, después de los entierros; y los certificados de defunción e informes de necropsia se confeccionaron el día 28 por la mañana en la base de Torrejón (Madrid), a pesar de estar fechados el 27 en Trabzon (Turquía). Por falsificar estos documentos se sientan desde el martes en el banquillo de la Audiencia Nacional el general Vicente Navarro y sus dos ayudantes: el comandante José Ramírez García y el capitán Miguel Sáez García.

El cónsul reconoció ayer que, cuando se confeccionó el acta de entrega de los cadáveres, en la madrugada del día 28, era consciente de que "no estaban todos identificados". Pero dio por hecho que la identificación había terminado cuando los féretros salieron hacia España.

"El asunto no estaba en mis manos. Se tramitaba directamente entre militares" dijo Ezquerra para justificar su pasividad. En cambio, el comandante jurídico Alberto Ruiz de los Paños declaró el miércoles que sus superiores le dijeron que podía volver a España en el primer avión, pues el consulado ya se estaba ocupando de los trámites para la repatriación.

El fiscal preguntó ayer a todos los familiares que pasaron por el estrado si recibieron alguna documentación con los ataúdes. La respuesta fue negativa en todos los casos.

Sin embargo, pese a que algunos empleados de funerarias pusieron reparos, los 62 cuerpos fueron enterrados o incinerados el 29 de mayo. Casi la mitad de ellos bajo identidad falsa.

¿Cómo fue posible? Los testigos no pudieron responder, pero un informe del Ministerio de Defensa, en poder de EL PAÍS, explica lo que sucedió: en la madrugada del día 28, el general José Antonio Beltrán, a quien Trillo encomendó la repatriación, pidió desde Turquía que un juez acudiera a la base de Torrejón a recibir los cadáveres.

La Asesoría Jurídica de Defensa contactó con el juez de guardia de Torrejón de Ardoz (Madrid), pero éste se negó, alegando que no tenía competencia sobre el caso. Por la mañana, Defensa lo intentó de nuevo con el juez que lo sustituyó en el turno siguiente. Pero tampoco dio su brazo a torcer.

Finalmente, Trillo echó mano de la justicia militar. Fue el titular del Juzgado Togado Militar Territorial número 32 quien, desde Barcelona, y sin más apoyo que los falsos certificados de defunción de Navarro, dictó las licencias de enterramiento o incineración. Y evitó el escándalo.

Fue una sepultura irregular y temporal. Pasado 18 meses, la Audiencia Nacional ordenaba exhumar 21 cadáveres de los 30 mal identificados. Otros nueve habían sido incinerados.