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Las empresas que fletaron el Yak-42, condenadas a pagar 10 millones de euros

Los abogados de las familias anuncian un recurso al considerar escasa la indemnización

El juez Ángel Dolado, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Zaragoza, hizo pública ayer la sentencia condenatoria por el accidente del Yakovlev 42 en el que murieron 62 militares españoles en Trabzon (Turquía). El fallo condena a pagar más de 10 millones de euros a las familias de los militares. Los abogados de los familiares ya han anunciado que van a recurrirla ante la Audiencia Provincial porque la cifra de las indemnizaciones dista de los 60 millones de euros que reclamaban. El ministro de Defensa, José Bono, mostró ayer su satisfacción por la sentencia.

La sentencia, de 54 folios, condena a la compañía aérea Ukranian Mediterranean Airlines (UM Air), a la contratista del vuelo, Chapman Freeborn, y a la reaseguradora Busin Joint-Stock Insurance a pagar 10 millones de euros y hace responsables a la tripulación y la compañía de lo ocurrido.

El letrado de los familiares Javier Hernández mostró su disconformidad con las cantidades fijadas y la exclusión de algunos familiares en el cobro de las indemnizaciones. El juez las fijó ateniéndose a lo que considera un baremo equidistante entre distintas sentencias dictadas por accidentes. Una referencia es la sentencia del cámping de Biescas: el juez señala que mientras los abogados de la defensa habían pedido un millón de euros por víctima, en el de la tragedia de Biescas, salvo el caso de un joven que perdió a sus padres, la indemnización se fijó en 180.000 euros.

Por eso, el juez considera desorbitadas las cantidades reclamadas por los abogados y concede una indemnización que oscila entre los 8.856 euros y los 131.000, dependiendo del grado de relación con la persona fallecida. Los más de 10 millones de euros que tendrán que pagar las compañías están muy lejos de lo reclamado por las familias. No obstante, en la sentencia se explica que atender a la indemnización solicitada hubiera sido "claramente desorbitante" y "discriminatorio" respecto a otros fallecidos en circunstancias trágicas.

A pesar de las discrepancias -y del anuncio del recurso por parte de los abogados- los familiares se mostraron satisfechos porque entienden que este juicio es el primero que reconoce la responsabilidad de las compañías en el trágico suceso.

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Teniendo en cuenta el baremo de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros, el juez establece que los perjudicados de cada víctima, con independencia de sus componentes, cobren como mínimo la suma de 130.000 euros; que no se indemnizará a los hermanos mayores de edad de las personas fallecidas, y que todos los hijos, sea cual sea su edad, cobrarán, al menos, 44.281 euros. Las compañías condenadas deberán pagar otros mil euros por víctima por los objetos personales que llevaban los militares cuando ocurrió el accidente y que no han podido ser recuperados.

El presidente de la Asociación de Familias de Víctimas del Yak-42, Alfonso Agulló, mostró su satisfacción por la sentencia, ya que, dijo, "corrobora que teníamos razón y que el Yak nunca debió despegar". En declaraciones a la agencia Efe, Agulló explicó que la sentencia "es una traducción del informe de la Comisión Internacional", por lo que demuestra que "teníamos razón y las pruebas suficientes para demostrarlo".

El ministro de Defensa, José Bono, expresó ayer su satisfacción por la sentencia del Juzgado de Zaragoza sobre el caso Yak-42, informa Miguel González. "Me alegro de que se dé la razón a las familias, a las que tantas veces se la han quitado en tantos ámbitos", dijo.

"Es una cuestión de justicia y de honor para quienes murieron por ir en un avión basura y en un viaje que nunca debió haberse realizado", añadió el ministro en Taormina (Sicilia), donde se reunió con sus homólogos de la OTAN. Bono recordó que esta sentencia coincide con el cambio de criterio de la Alianza Atlántica, que ha aceptado demandar a Chapman Freeborn, la empresa con la que se contrató el avión.

"Rumbo equivocado"

El magistrado Ángel Dolado sostiene en el fallo que la compañía aérea ucraniana y la reaseguradora Chapman Freeborn tienen responsabilidad civil ilimitada en el accidente, mientras que la reaseguradora, "responsabilidad limitada hasta el límite máximo". Según la sentencia, y basándose en el informe de la Comisión de Investigación de Turquía y en el informe pericial de uno de los peritos que testificaron en el juicio, el piloto e investigador de accidentes aéreos Orlando Jiménez, el ingeniero de vuelo tenía caducado su certificado profesional y médico, y el registrador de voz de la cabina de pilotaje no tenía datos y estuvo inoperativo durante los 45 días anteriores al accidente, informa Efe.

Asimismo, sostiene que la torre de control asignó una pista al Yak-42 que fue posteriormente modificada, ya que hubo un cambio de dirección y velocidad del viento; que el sistema de aviso de proximidad al suelo funcionó perfectamente aunque los pilotos no reaccionaron a tiempo, y que la tripulación, en la última fase del vuelo, no era consciente de que estaban volando sobre una zona montañosa y no sobre el mar, como creían, por lo que tomaron un rumbo equivocado.

Otra de las conclusiones de la sentencia es que la tripulación llevaba más de 23 horas de servicio y que el factor cansancio hizo mella y se reflejó en el comportamiento posterior de todos ellos. Para el juez, no queda probado, sin embargo, que los controladores aéreos turcos cometieran errores técnicos que condujeran a los pilotos al resultado trágico final, como pretendía demostrar la defensa de las compañías demandadas.

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