El auto del instructor desmiente los comunicados del Superior de Valencia

El detalle del auto del magistrado del juzgado número 3 de Orihuela (Alicante), dictado hace una semana, aclara la confusión creada por los dos comunicados emitidos por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) y deja sin argumentos las críticas contra la nota de prensa hecha pública por el Ministerio de Interior sobre la Operación Brugal, en la que fue detenido el martes el presidente de la Diputación de Alicante, y del PP de esa provincia, José Joaquín Ripoll.

La primera polémica saltó por el hecho de que la nota policial incluía el detalle de los delitos que la policía imputaba a los detenidos. No es una excepción. La página web del Ministerio del Interior recoge a modo de hemeroteca sus notas. Y, por ejemplo, el 6 de julio hizo pública la desarticulación de una red de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico. Fue la Operación Rescate. En ella se recoge que a los detenidos, 14 personas, "se les imputan delitos de blanqueo de capitales, alteración del precio en concursos públicos y subastas, estafas, delitos contra la Hacienda pública y atentado contra la autoridad".

Otras informaciones policiales recogen la imputación de los detenidos

El director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, dijo ayer que la actuación de los agentes estuvo "dentro de la legalidad". Y aclaró que "la policía realiza investigaciones en las que descubre presuntos delincuentes, se efectúan declaraciones en sede policial y se ponen a disposición del juez".

Esos extremos fueron precisamente negados por dos comunicados del TSJCV emitidos el pasado día 7. En ellos, se reprodujo lo que el juez de Orihuela quiso contar pero no por iniciativa suya, así lo aseguran fuentes próximas al magistrado. Falta por saber por qué se elaboraron dos comunicados un día después de que se practicaran las detenciones, que tuvieron extraordinaria cobertura mediática, negando en ellos algo que el propio magistrado había autorizado el pasado 1 de julio mediante un auto.

El TSJCV emitió un primer comunicado, que se hizo público poco antes del mediodía y minutos antes de que José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante, ahora imputado, compareciera en rueda de prensa. Y en él se negaba la mayor: "Se debe remarcar que NO existe resolución judicial, ni de forma expresa ni aún tácita, por la que se haya ordenado la detención de persona alguna". Fue este documento el que exhibió el dirigente del PP Esteban González Pons para criticar al Gobierno y afirmar que la policía, a las órdenes del ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, había suplantado a un juez. El auto del magistrado, en su página 6, dice: "En caso de proceder a la detención policial de todos [los imputados] o algunos de ellos la fuerza actuante, se autoriza expresamente a la misma a fin de que procedan a su traslado hasta el lugar donde se vaya a practicar la diligencia".