Zapatero pidió a las comunidades que limitaran la oferta de empleo público

El objetivo era lograr un acuerdo para incentivar el empleo y contener el déficit público. Pero lo que quedó claro con la propuesta inicial que planteó ayer el Gobierno a las comunidades es que lo prioritario era el acuerdo, aunque fuera a costa de aguar el contenido. El Ejecutivo optó por reiterar compromisos ya anunciados, encadenar iniciativas ambiguas y encapsular en grupos de trabajos las discusiones más peliagudas. Sólo se permitió dar un toque de atención sobre la oferta de empleo público, que en la Administración central encadena ya dos ejercicios de recortes. Luego, en la propuesta final, asumió casi todas las iniciativas del PP. Pero ni plantear medidas genéricas ni hacer concesiones fue suficiente para subir a los populares al barco.

En su propuesta, el Gobierno instaba a asumir "una política de contención de gastos de personal, a través de una oferta de empleo público selectiva y de austeridad en el incremento de la masa salarial". Hasta ahora, las comunidades, que concentran la mitad de los empleados públicos, han afrontado este asunto de forma desigual, en contraste con las estrictas medidas del Ejecutivo (sólo reemplazó el 30% de las bajas en 2009, proporción que se reducirá al 15% en 2010). Y, en muchos casos, la congelación salarial (una subida del 0,3%) acordada en el ámbito estatal se sortea con complementos específicos en cada gobierno autonómico.

La promesa de un esfuerzo conjunto para contener el gasto público, común a la propuesta del Gobierno y de las comunidades del PP, contrasta con la realidad: en los presupuestos de 2010, cuatro comunidades superan ya el tope de déficit acordado en octubre y otras cinco están a punto de vulnerarlo (ver gráfico). En la iniciativa que defendió José Luis Rodríguez Zapatero, el debate sobre cómo rebajar el desequilibrio presupuestario o mejorar la eficiencia de los servicios públicos se encomendaba a grupos de trabajo para sortear cualquier polémica.

En el frente laboral, lo más concreto fue la petición del Gobierno a las comunidades para que faciliten la participación de las empresas en la enseñanza de la formación profesional. Y se retomó la inocua fórmula de los grupos de trabajo para discutir cómo reconocer la experiencia profesional, cómo mejorar los Servicios Públicos de Empleo o cómo escalonar el pago de ayudas a parados que hayan agotado el subsidio. Además, Zapatero instó a las comunidades a adaptar cuanto antes sus normas a la directiva europea de servicios. Y abrió a la participación de las comunidades otra comisión, la que discutirá la estrategia industrial hasta 2020.