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Las consecuencias del ajuste económico

Zapatero: "Es incomprensible que el 70% de los despidos en 2009 fueran disciplinarios"

Manuel V. Gómez

El presidente del Gobierno volvió a defender ayer una reforma laboral que, dijo, hace que el empresario pueda mantener el empleo "en situaciones de dificultad". Y puso un ejemplo: "Resultaba incomprensible que en 2009 más del 70% de los despidos fuesen disciplinarios, cuando todo el mundo sabe que respondían a causas económicas. Había una profunda anomalía en la ley que había que corregir", dijo, citado por Efe.

Las medidas más polémicas del proyecto, tanto para sindicatos como para empresarios, se refieren a las causas del despido. Para unos se abre mucho la mano. Para otros, nada. El borrador contempla que los empresarios puedan despedir por causas económicas cuando tengan "pérdidas no meramente coyunturales". Esta modificación facilita la modalidad procedente de rescisión de contrato, que contempla una indemnización por año de 20 días, frente a la improcedente, 45 ó 33.

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La medida más novedosa que contempla el borrador del Gobierno es la creación de un fondo que financie parte de la indemnización de los despidos de trabajadores fijos. Funcionará a partir de 2012. El borrador del texto presentado el viernes no baja al detalle, pero sí que apunta líneas básicas. También marca un plazo de un año al Gobierno para regularlo.

Es el embrión español del modelo austriaco de despido. Este consiste en un fondo para cada trabajador que se nutre con una cotización empresarial. En caso de que sea despedido, el trabajador puede cobrarlo. Si durante su vida laboral no es despedido, el dinero acumulado lo recibe al jubilarse. La variación española de este modelo consiste en que el nuevo fondo no se haría cargo de la compensación por despido, solo de una parte.

Lo que no aclara el texto es cómo se financiará. Parece claro que seguirá la misma vía que Austria: una cotización social. Pero habrá que hilar fino para no sobrecargar los costes de las empresas, de ahí que se haya especulado con una nueva cotización que se compensaría con la disminución de otras.

Para atajar la temporalidad, el gran mal del mercado laboral, el Gobierno propone un límite máximo de dos años para los contratos de obra, que podría ampliarse hasta tres si así lo recogen los convenios colectivos. También busca imponer medidas para impedir el encadenamiento de contratos temporales. Otro punto significativo es el aumento de la indemnización para los contratos temporales de los ocho días actuales hasta 12. El cambio se hará de forma progresiva entre 2012 y 2014.

Una de las intenciones del Gobierno que más ha enojado a los sindicatos son los cambios previstos para aumentar la flexibilidad interna y facilitar el uso de las cláusulas de descuelgue salarial. Además de modificar los trámites y acortar los periodos actuales, el Ejecutivo crea un árbitro para los desacuerdos. Su decisión será de obligado cumplimiento.

El decreto también recoge una reordenación de las bonificaciones, un plan juvenil de empleo y abre la puerta a la participación de las agencias privadas de empleo en la intermediación laboral.

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Sobre la firma

Manuel V. Gómez
Es corresponsal en Bruselas. Ha desarrollado casi toda su carrera en la sección de Economía de EL PAÍS, donde se ha encargado entre 2008 y 2021 de seguir el mercado laboral español, el sistema de pensiones y el diálogo social. Licenciado en Historia por la Universitat de València, en 2006 cursó el master de periodismo UAM/EL PAÍS.

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