El Tribunal de Valencia investigará los delitos graves atribuidos a Camps

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó ayer remitir a su homólogo de Valencia todos los informes con nuevos delitos sobre la parte del caso Gürtel, la trama de corrupción vinculada al PP, que afecta al presidente valenciano, Francisco Camps, ya imputado, y a otros cargos de su Gobierno y del PP. Los informes policiales y de la Agencia Tributaria detallan, con pruebas, que el PP valenciano se financió ilegalmente a través de empresas que, a su vez, recibían contratos del Gobierno autónomo. También apuntan a otros delitos de falsedad y cohecho propio.

El auto del tribunal madrileño rechaza parcialmente el recurso del PP contra la decisión que adoptó en mayo pasado el juez Antonio Pedreira, instructor del caso en Madrid, de remitir a Valencia una parte de la causa que afectaba a aforados de ese partido. Pedreira aludía en su resolución a delitos que son más graves aún que el de cohecho impropio imputado a Camps por recibir regalos de trajes de la trama y que investiga ahora el juez de Valencia José Flors por orden del Supremo. El alto tribunal ordenó analizar el regalo de los trajes después de que el Superior de Valencia, presidido por Juan Luis de la Rúa, a quien Camps definió públicamente como "más que un amigo", archivara el caso.

El Superior de Madrid indica en su auto que, dada la supuesta implicación de aforados, es el tribunal valenciano el competente para valorar y decidir qué nuevos delitos se deben investigar y a quién se les imputan. La página web de EL PAÍS adelantó ayer esta noticia asegurando que Camps iba a ser juzgado por más delitos, cuando en realidad sólo va a ser, de momento, investigado; los jueces deberán resolver si debe sentarse en el banquillo.

El Superior de Valencia tiene varias opciones: investigar los nuevos delitos, no hacerlo, o bien insistir, como ya hizo una vez, en que los hechos de Valencia deben ser investigados en Madrid. Esta última opción obligaría a intervenir al Supremo para dilucidar a quién le corresponde la competencia. Si optasen por no investigar los nuevos delitos, los jueces valencianos irían contra sus propios actos, ya que en un auto del pasado 15 de febrero, que firmaron los cinco miembros de la Sala Penal, estos advierten de que es "necesario" investigar "el cualificado informe" de la policía, de 500 páginas, que detalla delitos cometidos por altos cargos del PP. En ese "cualificado" informe se basó la querella que el PSOE de Valencia interpuso por financiación ilegal contra Camps y otros 15 altos cargos populares. El PSOE interpuso esa querella después de que el tribunal que preside De la Rúa se hubiese negado a investigar el citado informe, donde se denunciaba que empresas contratistas de la Generalitat Valenciana pagaron a través de Orange Market, filial de la trama corrupta, actos que realizó el PP de Valencia entre 2004 y 2008.

El Tribunal Superior de Valencia contestó a la querella del PSOE con el citado auto, en el que se desentendía del asunto y lo remitía al juez Pedreira, al entender que había conexión con la trama Gürtel de Madrid, y advertía de que le remitiesen las actuaciones si surgían aforados valencianos. "La querella y el cualificado informe de la Unidad Especial de Policía contra la Criminalidad organizada que la acompaña contienen hechos de posible significación delictiva que necesariamente se han de investigar para averiguar los mismos, estando en cuestión únicamente qué órgano judicial (...) es el que resulta competente", señalaba el tribunal valenciano. También insistía en que era "necesario investigar" las "actitudes y actuaciones sospechosas de irregularidad" que evidencian las conversaciones telefónicas interceptadas por la policía entre cargos del PP y miembros de la red.

Lo que ahora enviará Pedreira a Valencia no es solo aquel informe de 500 páginas, sino también otros que aportan aun más pruebas sobre financiación ilegal.