El Supremo deja en precario a Garzón y cuestiona las escuchas a la red Gürtel

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo admitió ayer la querella del abogado Ignacio Peláez contra el juez Baltasar Garzón por los supuestos delitos de prevaricación y contra las garantías de la intimidad, al haber ordenado el juez la intervención de las comunicaciones en prisión de los implicados en la trama corrupta Gürtel con sus abogados. La admisión de esta tercera querella contra Garzón en menos de un año y, sobre todo, la unanimidad de 11 de los 15 magistrados titulares de la Sala, de todas las tendencias, amenaza seriamente la continuidad de Garzón como juez de la Audiencia Nacional.

El magistrado, que se esperaba ya la decisión de la Sala, declaró a EL PAÍS: "Voy a seguir mientras pueda trabajando por la justicia. No me voy a marchar. Soy absolutamente inocente y lo voy a demostrar", remachó. De sus palabras se desprende que Garzón no va a rehuir la pelea en el Supremo, por más que esta decisión entraña que en breve será suspendido de funciones quizá durante años, y que se arriesga a que recaigan sobre él severas penas de inhabilitación como juez.

Garzón: "Voy a seguir trabajando por la justicia. No me voy a marchar"

Es la primera vez que se incrimina a un juez por ordenar unas escuchas

De haber optado por renunciar a su plaza en la Audiencia Nacional, perdería el fuero ante el Supremo y las tres causas que tiene abiertas pasarían a ser competencia de un tribunal superior de susticia, donde tendría muchas más posibilidades de salir indemne. En la propia Audiencia Nacional ya ha habido precedentes: los magistrados Carlos Cezón y Juan José López Ortega fueron suspendidos de funciones y sometidos a un calvario judicial por haber liberado al narcotraficante Carlos Ruiz Santamaría, El Negro, 15 días antes de su juicio. A partir del momento en que renunciaron a su plaza en la Audiencia, las acusaciones se diluyeron como por ensalmo.

La querella admitida ayer es la primera que determina la incriminación de un juez por ordenar unas escuchas telefónicas. El Supremo ha invalidado centenares de procesos por escuchas irregulares, pero nunca hasta ayer había admitido una querella contra el juez que las ordenó, aunque también se habían invalidado escuchas en prisión. El Supremo extiende, además, un manto de sospecha sobre la validez de esas escuchas, que fueron solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción y prorrogadas y avaladas por el actual juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, y dejan en precario la actuación judicial contra toda la trama.

El ponente de la resolución, José Manuel Maza, parte de la premisa de que "las comunicaciones de presos con abogado sólo pueden intervenirse en los supuestos de terrorismo mediante orden judicial", tesis recogidas en sentencias de 1995 y 1998. No obstante, hoy se distinguen las escuchas como medida de régimen penitenciario de las acordadas para la investigación de delitos y, de hecho, se han intervenido conversaciones de presos con abogados en los casos de Marta del Castillo y del narcotraficante Pablo Vioque, sin consecuencias.

El Supremo cuestiona la hipótesis de que los abogados de los imputados en el caso Gürtel pudieran hacer de "enlace" entre los corruptos en prisión y la organización delictiva, "referida a la totalidad indiscriminada de aquéllos". Según el alto tribunal, Garzón sólo detalló la identidad de uno de esos abogados, José Antonio López Rubal (que, efectivamente, luego resultó imputado por blanqueo), lo que ofrece "un único fundamento fáctico para tan genérica e importante decisión". En suma, la Sala de lo Penal tiene "dudas" sobre "la legalidad de las resoluciones" del juez, por lo que "no excluye" la existencia de delito.

El alto tribunal considera "legitimado" a Peláez para querellarse, pese a que éste no es abogado de ninguno de los presos de la red Gürtel. Peláez defiende al empresario José Luis Ulibarri, que no fue a prisión, pero se entrevistó en la cárcel con los principales implicados de la trama, según él, para "preparar la estrategia de defensa", por lo que aparece en las grabaciones.

Sin embargo, fuentes de la defensa de Garzón subrayaron que el Supremo no ha tenido en cuenta un importante auto de 27 de marzo de 2009, en el que Garzón ordenaba segregar del procedimiento todas las escuchas que tengan relación con la "estrategia procesal de los abogados". Contra el criterio del fiscal, la Sala da a Peláez la cualidad de "ofendido por el delito", como "titular de unos bienes jurídicos conculcados por esas infracciones penales, cualquiera que fuese su relación profesional o de otro tipo".

El último argumento del fiscal, basado en el "fraude procesal" que supondría que los pronunciamientos del Tribunal Supremo pudieran vincular al Tribunal Superior de Madrid que instruye el caso Gürtel, también es rechazado. La Sala replica que lo "irregular" sería que al albur de un pronunciamiento sobre el valor atribuido a las escuchas "se pretenda excluir un pronunciamiento acerca de la existencia o no, de un delito".