Rajoy anuncia un plan urgente y amplio de reformas, sin concretar

Mariano Rajoy no abandona el "depende" ni en su discurso de investidura. Está claro que en los próximos tres meses acometerá un ambicioso plan de reformas en profundidad, pero lo que no aclaró ayer ante el Pleno del Congreso es de qué forma lo hará, ni cuáles son sus propuestas concretas. Se deduce que habrá recortes, que serán medidas tan impopulares como inevitables.

"Soy muy consciente de que no me enfrento a un escenario de halagos y lisonjas. Yo no he llegado a este momento para cosechar aplausos, sino para intentar resolver problemas", aseguró Rajoy en el discurso de la resignación por el sacrificio obligado frente a la crisis.

Tedioso y sin el menor entusiasmo, porque el futuro presidente no es dado a ser portador de alegrías. Y porque los debates de investidura son para la oposición trámites incómodos y, más aún, si ha quedado sepultada por una debacle electoral. El clima de ayer estaba entre la satisfacción de quienes ven su momento, tras casi ocho años en la oposición y aguantan la respiración ante el reparto de cargos, y la provisionalidad del derrotado. En medio, las minorías de la izquierda se conforman con dejar constancia de su defensa de los derechos laborales y sociales, y CiU, que aspira a ser socio preferente pese a la mayoría absoluta.

"No es un escenario de halagos y lisonjas. No he llegado para cosechar aplausos"

Anuncia reformas de las pensiones, del sistema financiero y limitar los puentes

El que será desde mañana el sexto presidente del Gobierno de la democracia desgranó sus propuestas, que van desde la modificación del sistema de pensiones, una nueva reforma laboral, la implantación de un curso más de bachiller, la reducción de los puentes y la acumulación de festivos, la posibilidad de privatizar las televisiones autonómicas y la reestructuración del sistema financiero, entre otras. Y, sobre todo, la reducción drástica del gasto público, que afectará a todas las partidas con la única excepción de las pensiones, que volverán a ser revalorizadas según el IPC, tras un año de congelación. Es decir, Rajoy puso sobre la mesa el catálogo de asuntos que abordará en los próximos meses, pero al descender al detalle volvió a agarrarse al "depende", aunque las elecciones hayan quedado atrás y tenga apoyo parlamentario suficiente para sacar adelante todas sus propuestas. El índice de intenciones está aún a la espera de los detalles. Por ejemplo, aseguró que su reforma irá encaminada a "acercar la edad real de jubilación a la edad legal", pero hasta la tercera réplica no admitió que no modificará la ley que elevó la edad de jubilación, aprobada recientemente con su voto en contra.

No precisó cómo será la reforma laboral que presentará en la primera quincena de enero, pero sugirió que abaratará el despido, al defender el contrato único. Explicó que depende de cómo se regule, que España tiene cinco millones de parados por su legislación laboral y que la indemnización por despido es muy elevada.

Incluso, en una de las pocas medidas a la que puso cifra concreta, la de reducción en 16.500 millones de euros para los presupuestos que elaborará el próximo marzo, también es aplicable el "depende". Porque reconoció que esa cifra está condicionada a que en 2011 se cumpla la previsión del 6% de déficit y porque, en todo caso, esa es la cifra que se corresponde con la exigencia de la Unión Europea para el próximo año. De hecho, en la réplica admitió que "si fuera el déficit final en 2011 del 7% habría que recortar 10.000 millones más". O sea, que la cifra de 16.500 es aproximada y sometida al "depende" de los acontecimientos y de la UE.

No mencionó partidas concretas de las que recortar, más allá de hablar de cambios en la Administración para mejorar su funcionamiento y para eliminar organismos y duplicidades. Por no concretar no concretó siquiera si en los decretos que debe aprobar el 30 de diciembre subirá, congelará o recortará el sueldo de los empleados públicos. En cambio, precisó que congelará el empleo público, salvo en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y en servicios públicos básicos.

En política fiscal anunció una serie de medias urgentes en forma de incentivos para pequeñas y medianas empresas, para ayudas a contrataciones y para desgravación de vivienda y planes de pensiones, pero el grueso de su propuesta fiscal la aplazó para el futuro. "En su momento, cuando la situación económica se haya normalizado y el país haya retomado la senda del crecimiento, será preciso abordar una reforma fiscal de mayor calado", dijo. Para entonces se supone que quedará su compromiso de bajar el IVA y el impuesto de sociedades y de suprimir el de patrimonio. Los incentivos fiscales, como los 3.000 euros para la primera contratación, se aprobarían inmediatamente y de forma compatible con la reducción drástica del gasto público y, en teoría, sin subir los ingresos. "Mi intención es no subir impuestos", fue la frase más categórica que pronunció sobre sus compromisos fiscales inmediatos para justificar que, a ciencia cierta, desconoce aún dónde fijará las líneas rojas de ingreso y gasto. ¿De dónde saldrán esos incentivos que, según el PSOE, llegan a 10.000 euros, mientras se reduce el gasto? No lo dijo. Depende.

Otra medida apuntada es la de la reforma para que los bancos actualicen sus balances aflorando su patrimonio inmobiliario que ha perdido valor. No dijo cómo y hasta la réplica no descartó la creación de un "banco malo". Fue concreto al anunciar, en consonancia con la propuesta que lanzó hace poco la patronal CEOE, una reducción de los puentes para que, salvo en fiestas con arraigo, los festivos se trasladen a los lunes y para que el bachillerato se amplíe un año. Otro de los asuntos sin concreción es el de la reforma de la Justicia, asunto sobre el que se limitó a anunciar la ley de jurisdicción voluntaria y la modificación del sistema de recursos, pero obvió su propuesta estrella de cadena perpetua revisable o el cambio en el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. Y tras varios años de zancadillas y bloqueo del PP a la renovación del Tribunal Constitucional, del Consejo de RTVE, del Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, ahora respaldado con una mayoría absoluta que le garantiza el control de esas instituciones anunció que lo abordará de "manera inmediata" para cerrarlo antes de tres meses. Rajoy es el único aspirante a presidente que en su investidura no menciona a ETA, más allá de un inicial reconocimiento a las víctimas.

Como todo debate de investidura, fue un cara a cara de guante blanco con el líder de la oposición. El aspirante tiene tras él a 186 diputados y Alfredo Pérez Rubalcaba, a solo 110, y su mensaje va más dirigido a reforzarse en el proceso de renovación del PSOE. El portavoz socialista hizo un discurso al que le es aplicable el tópico de la oposición constructiva, porque junto a las críticas a la inconcreción de las propuestas de Rajoy o al lamento por la falta de medidas de estímulo económico incluyó propuestas de pacto sobre energía, educación y Europa, entre otras.

Del portavoz de CIU, Josep Antoni Duran, Rajoy escuchó también una oferta de colaboración, pero con exigencia del pacto fiscal para Cataluña. Rajoy, conciliador para lograr la abstención de CiU, le recordó que la Generalitat sí necesita al PP en Cataluña.