Perder los papeles

En el Ayuntamiento de Vic, los tres principales partidos catalanes -CiU, PSC y ERC- que forman la mayoría de gobierno municipal, han decidido suprimir el único reconocimiento institucional que les queda a los inmigrantes ilegales o sin papeles: el derecho a empadronarse. Uno de los pocos aspectos positivos de la crisis actual ha sido la escasa conflictividad. Esta calma social, que habrá que estudiar detenidamente porque tiene aspectos positivos pero también negativos (la capacidad de la ciudadanía de encajarlo todo), parece más meritoria en un país que ha vivido una escalada sin precedentes de la inmigración extranjera. El tópico decía que un cambio de ciclo en el empleo provocaría un estallido de conflictos vinculados a la inmigración. No ha sido así. Los voceros de la xenofobia han sido personajes relativamente marginales.

Me da igual que sea legal la decisión del consistorio de Vic, me parece igual de repugnante

Ahora, la mayoría de gobierno de Vic abre fuego contra el eslabón más débil: el inmigrante ilegal. Dado que Vic es el Ayuntamiento de Cataluña con mayor representación de la plataforma xenófoba que lidera Josep Anglada, la correlación es inevitable. La presencia de Anglada ha forzado a los ediles de la mayoría a cruzar la línea roja. Mal precedente. Sobre todo a la vista de la débil reacción de las direcciones de los tres partidos catalanes implicados. Ninguno de ellos ha pedido explicaciones a sus ediles, ninguno de ellos les ha recordado los principios democráticos básicos. Ha sido el ministro Corbacho, nada sospechoso de buenismo, que es la etiqueta descalificadora que utilizan aquellos que se sienten incomodados por los que tienen un prejuicio favorable a los perdedores, el que les ha advertido de la impropiedad de su gesto.

Pero si pésima es la decisión, peores son los argumentos. El alcalde de Vic ha centrado su argumentación en la legalidad de lo hecho. Es una cómoda reacción que se repite cada vez que alguien toma una decisión discutible. La legalidad se utiliza como argumento definitivo para eludir el debate sobre la legitimidad o la oportunidad política de la iniciativa o sobre la significación moral de la misma. Se olvida deliberadamente que una cosa puede ser legal pero inaceptable desde criterios democráticos. La consagración del principio que dice que la moral es la ley es la mejor demostración del triunfo absoluto del interés privado sobre cualquier idea de interés general o de bien común.

Me da absolutamente igual que sea legal o no la decisión del Ayuntamiento de Vic. Me parece igual de repugnante. En una sociedad en que la igualdad se ha convertido en una quimera, al inmigrante ilegal -esta terrible figura que niega la condición humana a una parte de los que habitan entre nosotros- sólo le quedaba una forma de reconocimiento público, un primer esbozo de ciudadanía: figurar en el padrón. Era la única posibilidad de ser algo más que nadie: tener, por lo menos, el nombre reconocido en la lista de los habitantes de la ciudad. Primera y tibia promesa de una futura ciudadanía y puerta de acceso a la más elemental atención: la sanitaria.

Si precario es el argumento legal, más grave es otro argumento que ha sonado estos días: el económico. Negar el derecho a la asistencia básica a los ilegales como una forma de reducir gastos. Me he acordado de un taxista norteamericano que me justificó la pena de muerte por el dinero que se ahorraba al Estado al no tener que mantener al condenado.

Si la presencia de la ultraderecha en un municipio lleva a los representantes de estos tres partidos catalanes a tan penoso seguidismo, ¿qué ocurrirá en las próximas elecciones autonómicas en que Anglada ha anunciado su intención de aspirar a conseguir presencia parlamentaria? El mimetismo de la izquierda en materia de inmigración, fruto del miedo a tener una política propia que defienda por encima de toda la dignidad de las personas, es realmente preocupante. Ahí están las vallas de Ceuta y Melilla y las leyes de extranjería como permanentes testigos de acusación contra Zapatero y su Gobierno.

Hay, sin embargo, un atenuante para los ediles de Vic. Ahora que ya sabemos que los flujos migratorios siguen los impulsos del mercado y que el discurso de la avalancha es un recurso demagógico que no se sostiene, queda más claro que nunca que los problemas derivados de la inmigración, que son en buena parte de convivencia, sólo se pueden resolver desde la micropolítica, es decir desde el trato casi individualizado que sólo puede ofrecer la política local. Y ningún Gobierno ha dado a los municipios el soporte en dinero, autoridad y recursos que requiere afrontar esta tarea crucial. Si no se dota debidamente a los ayuntamientos, otros pueden perder los papeles como los ediles de Vic.