El Parlamento de Cataluña consuma el órdago al Tribunal Constitucional

El Parlamento de Cataluña ha aprobado hoy con los votos de los tres partidos que apoyan al Gobierno de José Montilla y Convergència i Unió la resolución que insta a renovar el Tribunal Constitucional y a reformar la ley que lo regula para evitar que el alto tribunal se pronuncie sobre los recursos de inconstitucionalidad que pesan sobre el Estatuto catalán. La resolución, firmada por el Partit dels Socialistes, Convergència i Unió e Iniciativa-Esquerra Unida, ha obtenido también los votos de Esquerra Republicana. Han votado a favor 115 de los 135 diputados del Parlamento. Se han opuesto los diputados del PP y los del Grupo Mixto.

La votación ha cerrado una semana de negociaciones para lograr un frente común de los partidos catalanistas en favor de la constitucionalidad del Estatuto y para frenar o evitar la sentencia del Tribunal Constitucional, un frente que ahora se pondrá a prueba en las Cortes, comenzando por el Senado.

Pese a la oposición del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a renovar ahora el tribunal o modificar la ley orgánica que lo regula, los 37 diputados del PSC en la Cámara catalana, con el presidente de la Generalitat, José Montilla, en cabeza, han votado y firmado la resolución que pide justamente esto. El portavoz de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, ha justificado esta posición: "Los ciudadanos no entenderían que las instituciones catalanas no utilizaran todos los medios a su alcance para defender sus intereses. Seguimos creyendo en el Estatuto y lo seguiremos defendiendo pase lo que pase". Iceta ha añadido que no se trata de "una controversia entre Cataluña y España", y ha alertado de que "algunos pretenden imponer una visión restrictiva de la Constitución, la visión de los que votaron en contra del título octavo y que pueden causar un daño importante a España".

Convergència i Unió ha instado a los socialistas catalanes a mantener en las Cortes la unidad demostrada en el Parlamento catalán. Y no sólo en el Senado, donde el PSC tiene grupo propio: también en el Congreso. "Si los diputados y senadores socialistas se acaban diluyendo en el marasmo del PSOE, esto habrá sido un brindis al sol", ha dicho el diputado nacionalista Francesc Homs, quien ha insistido en que la resolución no es una "amenaza para nadie", pero sí un "aviso" a las instituciones españolas. "Esto ha sido un banco de pruebas de cómo debemos actuar en caso de una sentencia que no deseamos", ha añadido. Convergència i Unió también ha aprovechado para hurgar en las dificultades del tripartito para sumar ERC al consenso y se ha autoerigido como defensora de la unidad catalana en Madrid.

Esquerra Republicana ha intentado justificar su complicada situación. La diputada Anna Simó ha dicho que no han firmado, aunque sí votado la resolución, porque los independentistas consideran que la acción de hoy del Parlamento es inútil porque el TC ya está preparando la sentencia del Estatuto. Iniciativa per Catalunya, por boca de Jaume Bosch, ha destacado que lo importante no es la posición de ERC sino el desencanto de los partidos que en su día votaron la Constitución y el Estatuto -los republicanos no lo hicieron - y que hoy consideran en entredicho el pacto constitucional. Bosch considera que los magistrados del alto tribunal deberían dimitir porque "están más preocupados por salvar el cargo que por salvar la Constitución".

El Partido Popular y Ciutadans han arremetido duramente contra la resolución, que consideran un ataque a la línea de flotación del Estado de Derecho. La portavoz del PP en la Cámara catalana, Dolors Montserrat, ha asegurado que la actuación del tripartito y CiU es "irresponsable" y les ha retado a presentar en el Congreso la misma propuesta que hoy ha aprobado el Parlamento. "Tengo mucha curiosidad para ver qué votarán los 25 diputados del PSC, comenzando por la ministra Carme Chacón", ha dicho. Ha añadido que la resolución de hoy es inútil porque será bloqueada en las Cortes, con lo que ha acusado al Gobierno catalán de intentar generar "falsas expectativas". Ciutadans ha exigido retirar la petición de que el Tribunal Constitucional se declare incompetente para dictaminar sobre el Estatuto.