Jorge Barreiro, el último azote de Garzón

Acaba de abrir el segundo juicio al juez Baltasar Garzón por supuestos delitos de prevaricación y uso de artificios de escucha con violación de garantías constitucionales -por las escuchas entre presos y abogados en el caso Gürtel-, en una resolución que tiene tintes de condena anticipada. Se ha adelantado a los tres recursos de Garzón que aún quedan por resolver, como si tuviera seguridad de que nadie va a revocar sus actuaciones. Alberto Jorge Barreiro, de 63 años, es el último magistrado en acceder a la Sala Penal del Tribunal Supremo y el que en apenas seis meses se ha revelado como el más firme perseguidor del juez Baltasar Garzón, para el que ha sugerido una condena de 10 a 20 años de inhabilitación.

El magistrado formó parte del grupo de jueces progresistas de Madrid en los noventa

El Constitucional le desautorizó por hacer "juicios de fondo" sobre Manglano

A Alberto Jorge Barreiro todas las fuentes le vinculan a su compañero en la Sala Penal Perfecto Andrés Ibáñez, con el que compartió durante años los estrados de la Sección 15 de la Audiencia de Madrid. Una sección reputada como la más progresista de la Audiencia, con jueces garantistas y de izquierda, aunque de la izquierda muy crítica con el PSOE. Jueces cuyos nombres figuraban en todos los manifiestos, particularmente los que criticaban al Gobierno socialista por los "despropósitos" del caso GAL, con el que Garzón triunfaba entonces.

Barreiro accedió al Supremo en 2009, precedido de una bien cimentada fama de jurista solvente. Dejaba tras de sí una estela de resoluciones innovadoras y muy celebradas: redactó la consulta sobre la constitucionalidad de la ley Corcuera -que permitía la patada en la puerta para entrar en domicilios de sospechosos de narcotráfico sin orden judicial- manteniendo que el "conocimiento policial" de un delito no basta para un registro; sentenció que la grabación en vídeo por la Policía en unos lavabos públicos vulneraba la intimidad, y rechazó la reforma legal para expulsar a inmigrantes autores de pequeños delitos. Más recientemente, fue uno de los siete magistrados del Supremo partidarios de legalizar a la formación abertzale Sortu para que pueda concurrir a las elecciones municipales del 22 de mayo.

Barreiro suele corregir las infracciones a las garantías constitucionales con pluma afilada, de forma sumamente hiriente. Él mismo reconoce en sus escritos "cierta dosis de rotundidad" frente a las "tesis inconstitucionales" de sus reprendidos.

Algo más que "rotundidad" aplicó Barreiro, en mayo de 1996, a la juez de instrucción de Madrid Mercedes del Molino, a la que censuró duramente por su decisión de archivar las escuchas efectuadas por los servicios secretos del CESID a políticos, empresarios y periodistas. Le acusó poco menos que de instaurar ella sola un "Estado policial". La Sección 15 desarchivó la causa, sentó en el banquillo al teniente general Emilio Alonso Manglano y a otros seis agentes y les endosó condenas de ocho a seis meses de arresto y de ocho a seis años de inhabilitación. Ocho años después, en 2004, el Constitucional tiró abajo esa sentencia y declaró que se habían vulnerado los derechos de los condenados a "un proceso con todas las garantías, en su concreto contenido de derecho a la imparcialidad judicial".

Una de las principales tachas de inconstitucionalidad la encontró el Constitucional en el auto en el que Jorge Barreiro había dejado sin efecto el archivo: "Se fundamenta en valoraciones que, aunque provisionales, resultan sustancialmente idénticas a las que serían propias de un juicio de fondo sobre la responsabilidad penal". Unas valoraciones en las que se exteriorizaba "un pronunciamiento anticipado" del juez. Razonamiento, el del Constitucional, idéntico a los que expone la defensa de Garzón en sus recursos: que Barreiro, en sus autos, dicta condenas anticipadas.

El Constitucional ordenó entonces celebrar otro juicio con otros magistrados "que no tuvieran comprometida su imparcialidad". Finalmente, solo resultó condenado el excoronel Juan Alberto Perote. Sin embargo, tras nueve años de procesos, nadie se planteó inhabilitar a Alberto Jorge Barreiro ni a los otros jueces por haber vulnerado, con su falta de imparcialidad, las garantías constitucionales de los siete militares inicialmente condenados.

Ahora, ya como magistrado del Supremo, su primera actividad destacada ha sido precisamente la instrucción del caso de las escuchas de Gürtel contra Garzón. Barreiro tardó en arrancar, pero desde que dictó el primer auto, el pasado octubre, ha dedicado cada uno de sus escritos a corregir con tono implacable las supuestas infracciones constitucionales de Garzón al derecho de defensa de los cabecillas de Gürtel. Le ha denegado casi todas las pruebas y finalmente lo ha sentado en el banquillo.

En sus escritos, extensos y prolijos, Barreiro ha arremetido contra las "tesis inconstitucionales" del fiscal, se ha inmiscuido en el proceso principal del caso Gürtel que instruye el magistrado Antonio Pedreira y parece haber intentado marcar el camino a seguir con alguna importante prueba de cargo, como el pen drive incautado al contable de la trama Gürtel.

Pero sus mejores delicatessen las ha reservado sin duda para Garzón: el juez que, según sostiene, "cercena" o "lamina" el derecho de defensa, que "destruye los pilares básicos" o "nos retrotrae a una etapa anterior al Estado de Derecho"; el que ordenó las escuchas a los cabecillas de la red Gürtel en prisión y a sus abogados "con la finalidad de obtener información de relevancia, que no tenía la seguridad de poder obtener por medios lícitos". Las quejas de la defensa de Garzón por ese trato del instructor las ha despachado Barreiro con este argumento: no se trata, dice, de que él tenga a Garzón "prácticamente condenado", sino que, a su modo de ver, al juez imputado le favorece "contar desde el primer momento con las hipótesis jurídicas que más pudieran perjudicarle".

Todo el armazón de la causa por las escuchas de Gürtel lo fundamenta Barreiro en que Garzón quiso conocer "la estrategia de las defensas o datos confidenciales que pudieran proporcionar los internos a sus abogados". Y cobra especial dimensión para la causa el papel de los abogados de los cabecillas de la trama Gürtel.

Una dimensión que dispara las suspicacias hacia la relación de Alberto Jorge Barreiro con algunos de esos abogados, con los que trabaja como docente en el departamento de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid. Un departamento en el que él trabaja como profesor asociado y que encabezan los catedráticos Gonzalo Rodríguez Mourullo y Miguel Bajo, y en el que su hermano Agustín Jorge ejerce hoy como catedrático. Rodríguez Mourullo, hoy catedrático emérito, es acusador particular de Garzón en representación de Pablo Crespo, el presunto número 2 de la trama Gürtel. Miguel Bajo es abogado del exsenador y extesorero del PP Luis Bárcenas.

La actividad docente de magistrados y catedráticos en un mismo departamento no es infrecuente en la Universidad; también Garzón ha dado clases en algún momento. Pero al jugar un papel capital estos abogados como acusadores de Garzón, muchos creen que hubiera sido preferible que Barreiro se hubiera abstenido en una causa tan ligada a sus compañeros universitarios.