Ilegales al cumplir los 18
Comunidades autónomas y subdelegaciones del Gobierno incumplen el deber de documentar a los inmigrantes mientras son menores
Abandonan su aldea siendo niños, con el peso de la deuda contraída por sus padres para pagar su viaje y la promesa de enviar dinero a casa. Una vez aquí, descubren que en España, la educación es obligatoria. Como devolver a un chaval a los padres que le han enviado a jugarse la vida en un cayuco resulta difícil, la mayoría se queda -de los 995 expedientes de repatriación de menores del año pasado se llevaron a cabo diez y sólo uno de ellos era subsahariano-. Las comunidades autónomas se convierten en sus tutoras. La administración invierte mucho dinero en acogerles y formarles. Pero cuando cumplen los 18 muchos se convierten en inmigrantes irregulares camino de un expediente de expulsión. ¿La causa? Que las Administraciones incumplen e interpretan de manera arbitraria la ley que les obliga a documentarles mientras son menores. Cumplen 18 sin haber tenido papeles.
La Administración invierte mucho dinero en formar a futuros 'expulsables'
El Defensor del Pueblo lo achaca a "cuestiones de conveniencia"
"Éste es uno de nuestros caballos de batalla con las autoridades", explica María Luisa Cava de Llano, adjunta primera a la oficina del Defensor del Pueblo. "No es sólo un problema de diversidad de criterios sino de renuncia a asumir lo que con arreglo a la legislación es muy claro. La mayoría de las veces no se tiene claro que sobre la condición de extranjero ha de primar la condición de menor". Para Cava de Llano, la legislación es "inequívoca" y si no se aplica es por "cuestiones de oportunidad o conveniencia".
La fiscalía de sala de menores y la de extranjería se vieron obligadas a enviar un oficio a todos los fiscales de España para que instasen a las comunidades (las tutoras) a que a su vez, instasen a las subdelegaciones del Gobierno (las que conceden las tarjetas de residencia) a documentar a los menores sin esperar si quiera el plazo de nueve meses previsto en el reglamento. Siguen sin hacerlo.
El Defensor del Pueblo sigue detectando "demoras generalizadas, falta de diligencia en la obtención de pasaportes, denegaciones faltas de motivación" y lo que llama "excesiva creatividad en la exigencia de requisitos" por parte de la administración. "Una de esas ideas creativas es hacer coincidir la vigencia de la autorización de la residencia con el día en que el menor alcanza la mayoría de edad. Es decir, que se otorguen residencias por 23 días, por ejemplo". El Defensor del Pueblo ha recibido quejas de "prácticamente todas las comunidades autónomas" y ha recordado a las Administraciones sus "deberes legales". En lo que va de año les ha enviado 15 recomendaciones, 23 sugerencias y 28 recordatorios.
"¿Es, no diré lógico, sino meramente admisible desperdiciar todo el esfuerzo y los recursos empleados cuando cumplen los 18?", se pregunta Cava de Llano.
En 2006 llegaron a las costas españolas 1.378 menores extranjeros no acompañados. En 2007, 1.172 y el año pasado, 1.195. La incoherencia sale muy cara. El Gobierno, que aporta mucho dinero en acogerles y formarles, conoce el problema. Por eso ha hecho un grupo de trabajo con fiscales, policías, el Ministerio de Asuntos Exteriores y la secretaría de Estado de Inmigración para tratar de elaborar un protocolo que llevar a las delegaciones del Gobierno.
Fuentes jurídicas que tratan a diario con este problema, opinan que la solución pasa por que el Estado asuma la tutela y documentación de menores.
El Consejo General de la Abogacía Española y Unicef comparten, tras consultar con más de 700 organismos implicados, el diagnóstico de descoordinación e inseguridad jurídica a la que las Administraciones están sometiendo al menor inmigrante. En un informe elaborado con la Fundación Banesto hablan de "negación del derecho a ser reconocido". "La autorización de residencia les reconoce ese derecho a ser ellos mismos", explica el informe.
Cava de Llano insiste: "No es fácil enfrentarse a la frustración que esto despierta no sólo entre los menores sino entre sus educadores e incluso en los empresarios que los conocen porque han realizado prácticas con ellos y pretenden contratarlos".
Fernando Saleta, responsable del colectivo La Calle, lanza una pregunta: "¿Se imaginan que un padre echara a su hijo de casa al cumplir los 18, pero sin posibilidad de trabajar o valerse por sí mismo?". "Los chavales me preguntan: '¿cuando cumpla los 18 que va a pasar conmigo?' Yo les digo que a nosotros nos da igual la edad que tengan, que lo importante es que estudien. Ellos están cumpliendo su parte, tengo un chico que saca notazas en historia de España, pero la administración no está cumpliendo la suya".
"Me detuvieron cuatro veces en un mes"
A Abdoul, senegalés, le echaron de un centro de Salamanca al día siguiente de su 18 cumpleaños. No tiene papeles. "Me dijeron que me tenía que ir de allí", dice. Fernando Saleta, responsable de la ONG La Calle, continúa el relato. "Se fue a casa de unos amigos en Granada, que le dijeron que para vivir allí tenía que aportar algo, así que le dieron CD para vender. Para él era un chollo que le regalaran cosas para vender. Le detuvo la policía y fue a juicio. Cuando le conocí en Madrid me preguntó qué era la propiedad intelectual".
Saleta acude a la cita con 10 chavales subsaharianos que han cumplido la mayoría de edad sin haber tenido documentación. Casi todos llegaron a España con 15 o 16 años en cayucos. Todos han hecho cursos para aprender un oficio: jardinero, fontanero, albañil... financiados con dinero público. "Hay empresarios que después de tenerlos de prácticas han querido contratarlos, pero como no tienen papeles no pueden. Es muy frustrante", explica Saleta. Muchos hablan de acoso policial. "A mí me han detenido ya cuatro veces en un mes", explica Banjou, de Malí. Varios chicos relatan un episodio que aún enciende a Saleta. "Estábamos jugando al fútbol y de repente llegaron un montón de policías. Nos pusieron boca abajo. Uno me puso el pie en la espalda mientras otro me vaciaba los bolsillos", cuenta Abdoul.
Mikel Malmierka, responsable de un centro de acogida en Lezo (Guipúzcoa), opina que la única forma de completar la integración de estos chavales es que cumplan la mayoría de edad con una tarjeta de residencia. "Al cumplir los 18 se van a la calle como inmigrantes ilegales y he visto a muchos caer en problemas de consumo de drogas, robos...". Una frustración que comparte José Miguel Morales, secretario general de Andalucía Acoge. "Hay casos sangrantes. Falta una protección del Estado, un criterio único que garantice hasta el final proyectos de integración social".
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