"Hemos asistido a una política de conspiración y de ataque al sistema"

La nueva presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Gabriela Bravo, considera "desmedidos y desproporcionados" los ataques que ha recibido la fiscal Olga Sánchez durante la instrucción de los atentados del 11-M. Bravo llegó a la presidencia de la UPF en su último congreso, celebrado en Oporto (Portugal). La UPF es el granero al que ha acudido el PSOE en busca de nombres para cargos políticos. A ella pertenece el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. Bravo es fiscal de menores en Valencia y está acostumbrada a instruir causas contra adolescentes. En temas de menores investiga el fiscal y no el juez.

Pregunta. ¿Están preparados los fiscales para dirigir las investigaciones penales?

"En el 'caso De Juana' seguro que el fiscal no se apartó del principio de legalidad"

Respuesta. En menores lo estamos haciendo desde 2001 con garantías y buenos resultados. Soy una entusiasta partidaria de que investigue el fiscal. Pero para que podamos hacerlo en otras áreas, es necesario un apoyo muy importante del Estado en dotación de medios humanos y materiales.

P. No todos los jueces están de acuerdo en que instruya el fiscal.

R. Muchos juzgados tienen exceso de trabajo. Y los jueces van asumiendo la necesidad de que el fiscal investigue y que haya un juez de garantías.

P. Los detractores de esta fórmula sostienen que el Gobierno puede instrumentalizar al fiscal y decirle a quién tiene que investigar y a quién no. Al fiscal general, el jefe, lo designa el Gobierno...

R. Somos un cuerpo jerarquizado. Pero por encima de ese principio, está la Constitución. El superior no puede obligar a un fiscal a ir contra la Constitución. En nuestro estatuto también existe el principio de imparcialidad y legalidad.

P. Pero no se puede descartar que un jefe diga qué debe investigarse y que no... Y puede mirar para otro sitio.

R. Nunca he tenido esa experiencia. Hay garantías constitucionales que ningún fiscal puede obviar. A veces veo, a través de medios de comunicación, quizás por desconocimiento del tema, una visión distorsionada de la realidad. ¿Cómo un fiscal jefe puede pedir que se haga una investigación sobre algo si no hay indicios de delito? Se abren diligencias para averiguar si hay indicios penales. Pero nunca se actúa arbitrariamente ni se vulneran las garantías constitucionales. Siempre hay que preservar el interés público y social.

P. ¿Qué opina de los ataques que han recibido los fiscales de la Audiencia Nacional por defender sus posturas en los temas de ETA y Batasuna?

R. La postura que a veces han adoptado algunos políticos y medios de comunicación frente a decisiones de organismos constitucionales me parece reprobable. Y no sólo contra fiscales. También lo han hecho contra decisiones del Tribunal Supremo. Son críticas partidistas que tratan de ofrecer al ciudadano una visión de las instituciones totalmente mediatizada, que no beneficia a la sociedad y genera crispación. Son ataques sectoriales que tratan de servir a sus propios intereses electorales y que siembran un desánimo en el ciudadano. El caso Otegi puede ser un ejemplo. Cuando el Supremo confirmó una sentencia de la Audiencia Nacional, se dijo que el ministerio fiscal había cambiado su postura por la ruptura de la tregua de ETA. Eso no es verdad. Antes de que ETA declarara la ruptura, el fiscal ya había pedido la confirmación de la sentencia.

P. Pero en otro reciente caso, la Audiencia Nacional obligó a Otegi a desplazarse a Madrid (lo trajo la policía en avión porque había nieve ese día) y lo dejó libre sobre la marcha porque el fiscal retiró la acusación en el juicio... Luego, el tribunal, en la sentencia absolutoria, reprobó la actitud del fiscal porque había retirado la acusación habiendo indicios de delito.

R. Se siguió el criterio jurisprudencial del Supremo. En iguales condiciones se habría absuelto a otras personas.

P. ¿Y qué pasó con el baile de peticiones de pena del fiscal a Iñaki de Juana Chaos? Primero pidió 96 años de cárcel, luego bajo su petición a entre 4 y 12 años...

R. No puedo hacer una valoración jurídica de la causa por respeto a los compañeros. Ignoro esas actuaciones judiciales. Quizás primero vieron que cabía aplicar un tipo agravado y después el fiscal lo valoró de otra forma. Eso nos pasa muchas veces. Somos humanos y nos podemos equivocar.

P. Pero de los 96 años iniciales a una petición de entre 4 y 12 hay una gran diferencia interpretativa.

R. Seguro que tiene una justificación y que el fiscal no se apartó del principio de legalidad.

P. Su colega la fiscal del 11-M, Olga Sánchez, ha recibido muchas críticas por no defender la llamada teoría de la conspiración. También las han recibido fiscales que han indagado casos de corrupción en distintos ayuntamientos: Alhaurín, Telde...

R. Ese es otro ataque a la justicia con fines partidistas y sectoriales. Hemos asistido a una política de conspiración y ataque al sistema en general. Los ataques personales han sido desmedidos y desproporcionados. Ha sido la política de conspiración del PP tras verse relevado de un poder que creía le pertenecía.