Granados subleva a los abogados de oficio al acusarles de inflar facturas

La factura que paga la Comunidad de Madrid al Colegio de Abogados por el turno de oficio es demasiado alta y supone un desembolso excesivo para las arcas regionales. Así al menos lo denunció ayer el consejero de Presidencia, Interior y Justicia, Francisco Granados, que acusó de "abusos" a los abogados que integran este servicio de justicia gratuita. Adelantó que su departamento no soportará esta situación, que le supone un desembolso de "50 millones de euros al año". El decano de los letrados, Antonio Hernández-Gil, replicó que estas acusaciones son infudadas y que las tarifas que aplican los abogados están congeladas desde 2003. Además, recordó los grandes retrasos del Ejecutivo regional en pagar las facturas de los letrados de oficio: el Gobierno regional les debe "21 millones" por la factura de este año.

Granados aprovechó un acto de un director de su departamento para dirigirse a los medios de comunicación, pese a no estar previsto. Lanzó acusaciones contra los integrantes del turno de oficio (4.500 de los 49.000 colegiados en Madrid). "Algunos abogados están presentando una factura escandalosa. Algunos siguen recurriendo a otras instancias, pese a que sus clientes ya han sido expulsados del país y no les han autorizado a seguir con el procedimiento", criticó el consejero.

Granados anunció que en septiembre mantendrá una reunión con las principales asociaciones de letrados de la región y con la dirección del Colegio Oficial de Abogados para que éstos reconsideren su forma de actuar y "se pueda encauzar la actual situación". "Algunos han estudiado para tener una profesión liberal y se quieren hacer funcionarios sin oposición y viviendo del turno de oficio. Eso no lo podemos permitir. Si es necesario, encabezaremos un movimiento para que se modifique la ley actual", afirmó el titular de Justicia. Añadió que los 50 millones que cuesta al año la justicia gratuita "son de todos los madrileños".

Las acusaciones de la Comunidad de Madrid le parecen infundadas e injustas al decano de los abogados madrileños. Hernández Gil recordó que los 4.500 abogados del turno de oficio tuvieron en 2008 más de 300.000 clientes, en su mayoría inmigrantes. Mantuvo en todo momento que la justicia gratuita es un servicio público, por lo que "no se puede tachar de fraude o estafa a los abogados que la prestan".

"Puede darse alguna situación desproporcionada en un caso muy determinado, pero eso no significa que no se tenga que mantener un respeto profesional a estos abogados que cobran precios muy por debajo del mercado", añadió Hernández-Gil.

El decano de los abogados madrileños recordó que desde hace seis años los letrados de oficio tienen congeladas sus tarifas. A ello se une que muchas veces tardan hasta ocho y nueve meses en cobrar sus honorarios. De media, cada letrado cobra unos 200 euros por caso. Esto supone unos precios mucho más bajos que otras profesiones e incluso que los abogados puedan perder dinero en los procedimientos muy largos, según Hernández-Gil.

La Comunidad de Madrid paga por todos los procedimientos que se dan en la región, excepto en los casos que conocen los llamados organismos judiciales centrales, como la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo o el Constitucional.

Hernández-Gil rectificó a Granados cuando habló de "abusos" por parte de los abogados de oficio que recurren incluso cuando su defendido ha sido expulsado. El decano aseguró que los letrados están obligados a seguir todos los procedimientos legales para defender a sus clientes. Y puso como ejemplo el extranjero que es expulsado en cuestión de horas del aeropuerto de Barajas.

El letrado del turno de oficio que lo defienda tiene que agotar tanto la vía administrativa como la jurisdicción contencioso-administrativa. Y si fuera necesario, llegar al Tribunal Constitucional. "El abogado tiene que defenderlo hasta el final", puntualizó Hernández-Gil. "Muchas veces se cumplen los plazos y el abogado tiene que seguir de oficio con el procedimiento. Lo normal es que siga con todos los recursos hasta agotarlos", añadió.

La ley que rige el servicio de justicia gratuita (se otorga a quienes carecen de recursos económicos y a cualquier detenido sin abogado) se aprobó en 1996. Los inmigrantes figuran entre los principales beneficiarios. "El aumento de la población extranjera ha repercutido en un mayor número de usuarios", según el decano. Y ha crecido la factura que debe pagar el Gobierno regional.

"Desde que soy decano estoy promoviendo un cambio en el sistema actual, pero no he percibido ningún interés por parte de los gobernantes para cambiar el modelo actual", añadió Hernández-Gil. En los dos primeros semestres de este año, el número de beneficiarios ha aumentado en un 4,33% en relación con el mismo periodo del año pasado, según los datos del Colegio Oficial de Abogados.

Otro problema con el que se enfrentan los abogados de oficio es que la Comunidad de Madrid tarda mucho en pagar las certificaciones (facturas) que les pasa el colegio. En 2008, sólo pagaron a tiempo el primer trimestre y una parte del segundo. El resto del año fue satisfecho a principios de 2009, con cargo a los presupuestos de este año. "Esto ha supuesto que ya se hayan gastado los fondos. Espero que la Comunidad haga frente a sus pagos, pero todo hace pensar que, como pronto, no cobraremos esas certificaciones hasta septiembre", añadió el decano.

La Comunidad de Madrid adeuda ahora 21 millones de euros a los abogados del turno de oficio. El colegio pasó las facturas del primer trimestre en abril y el del segundo, en julio. Ahora, están en el capítulo de pendientes. "Hay una demora sistemática en los pagos que, unida a la falta de revisión de las tarifas, hace que los abogados del turno de oficio lo estén pasando mal y estén desmotivados", concluyó el decano.