El Gobierno extremeño recurre contra el Estatuto de Andalucía

El Gobierno extremeño presentó ayer en el Tribunal Constitucional un recurso contra el Estatuto de Autonomía andaluz por considerar que vulnera la Constitución al establecer competencias exclusivas del Gobierno andaluz sobre el Guadalquivir. La Junta alega que es competencia exclusiva del Estado la legislación y ordenación de los recursos hídricos cuando las aguas recorren más de una comunidad.

Tal como había anunciado en su día el ahora presidente en funciones de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra (PSOE), el Consejo de Gobierno de la Comunidad Extremeña aprobó ayer la interposición ante el Tribunal Constitucional del recurso contra el nuevo texto del Estatuto de Autonomía andaluz en lo referente a la gestión de las aguas de la cuenca del Guadalquivir, contemplada en el artículo 50.1, titulado Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir. En él se indica que la Comunidad Autónoma de Andalucía ostentará competencias exclusivas sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir.

Ante esto, la consejera extremeña de Presidencia, Casilda Gutiérrez, aseguró que se vulnera el artículo 140 de la Ley Fundamental, que en su apartado 22 establece que el Estado tiene competencias exclusivas en la legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por más de una comunidad autónoma.

Territorio afectado

En este sentido, desde el Gobierno extremeño se ha recordado que el río Guadalquivir riega 1.411 kilómetros cuadrados de tierras de Extremadura, es decir, más del 3% del territorio de la comunidad. La cuenca del Guadalquivir transcurre por siete localidades extremeñas: Fuente del Arco, Malcocinado, Valverde de Llerena, Puebla del Maestre, Montemolín, Azuaga y Monesterio. Además de estos, hay otros 13 municipios que son tocados por las aguas del Guadalquivir.

Ya en su momento, Juan Carlos Rodríguez Ibarra insistió en que aunque es cierto que en el 90,22% de su trayecto el Guadalquivir recorre tierras andaluzas, hay un 10% que lo hace por tierras murcianas, castellanoleonesas y extremeñas.

A pesar de que el texto ha pasado por las Cortes Generales, Rodríguez Ibarra reiteró su opinión de que el artículo 50 del Estatuto de Autonomía andaluz es inconstitucional y aseguró que prefiere que haya un control estatal de los ríos "a un control territorial de un recurso compartido".

También la consejera de Presidencia de su Gobierno insistió en que "no puede trocearse el río" Guadalquivir con estipulaciones que fijen competencias exclusivas sobre los tramos que transcurren por determinados territorios.